Castells, de ministro olvidado a impulsar una nueva ley
Parece que es el año de nuevas leyes. Cuando hace apenas unas semanas que se aprobó la todavía polémica LOMLOE, el Gobierno español ha adelantado ahora a la Unión Europea que el próximo otoño tendrá un anteproyecto de la LOSU (Ley Orgánica del Sistema Universitario). La anterior, la LOU (Ley Orgánica de Universidades), de 2001, se ha quedado muy desfasada en un mundo en constante cambio como el actual. A pesar de que en un principio el Ejecutivo no contaba con llevar a cabo este plan y su idea inicial era hacer reformas parciales de la LOU, el apoyo con Bruselas fue el impulso definitivo. De hecho, de los 70.000 millones de euros que va a entregar Bruselas a España, 387 millones se van a destinar a recualificar o formar a 3.200
investigadores en universidades extranjeras y españolas y traer a 700 talentos que están fuera del país.
Algunas medidas que se quieren implementar se recogen ya en la
Estrategia programática del Ministerio de Universidades y destacan algunas como cuánto tiempo deberían durar los mandatos de los rectores o el sentido de claustros con cientos de representantes. Uno de los objetivos principales será buscar una gestión eficaz y ágil que permita que la universidad se adapte al constante cambio en su entorno, además de tratar los bloques estratégicos de gobernanza y estructura del sistema; investigación y transferencia; financiación y docencia.
Esta nueva norma trae consigo varias novedades, como son los aspectos laborales del Estatuto del Personal Docente Investigador (PDI), del que ya existe un borrador, que tenía rango de ley y que será una de las claves para la nueva ley. El ministro de Universidades, Manuel Castells, buscaba que existieran nuevas categorías laborales paralelas de catedráticos y profesores titulares que no sean funcionarios, similar a lo que existe en Es
tados Unidos. No obstante, Castells considera que deben ser las autonomías las que decidan cómo se denominarán estas figuras. Además, uno de los puntos más importantes es solucionar la precaria situación de los profesores asociados y hacer una criba de universidades sin calidad suficiente.
Más comunicación
Era uno de los principales objetivos de Manuel Castells cuando comenzó esta etapa como ministro, pero la llegada de la pandemia anuló sus planes de visitar a lo largo de un año las 50 universidades públicas para conocer sobre el terreno los problemas. Al final, solo pudo visitar los campus de la Universidad del País Vasco y de la Universidad de Barcelona.
Con esta iniciativa se pretende aumentar los diálogos con miembros de toda la comunidad universitaria para que participen en la redacción de la norma. En este sentido, el conselleiro de Cultura, Educación y Universidades de Galicia, Román Rodríguez, advirtió que si la nueva ley tiene vocación de durar a lo largo del tiempo debe alejarse “de ser una ley de partido y de Gobierno”, haciendo una breve alusión a la LOMLOE, que rige la etapa educativa no universitaria con
Con esta iniciativa se pretende aumentar los diálogos con las universidades
todas las comunidades del PP en contra. Así lo destacó Rodríguez con motivo de su participación en la Conferencia General de Política Universitaria, celebrada el pasado lunes entre el propio Castells y los diferentes responsables autonómicos.
Por su parte, el consejero de Transformación Económica, Conocimiento, Industria y Universidades de la Junta de Andalucía, Rogelio Velasco, solicitó a Castells que acometa con “agilidad” y “mayor celeridad” la reforma de la LOSU. El propio Velasco explicaba que su departamento comenzó a trabajar para llevar a cabo la reforma de la Ley Andaluza de Universidades con el objetivo de promover la transparencia, mejorar la rendición de cuentas, asegurar un marco de financiación estable e incentivar la excelencia.
La Junta de Andalucía también ha pedido el apoyo del Ministerio a los dos proyectos impulsados y presentados a los Fondos Next Generation relativos a la digitalización y sostenibilidad en universidades por importe de 445 millones de euros.