Comercio y hostelería agonizan por otra prórroga de las restricciones en Cataluña
Critican que están al borde del colapso por medidas que no tienen efectividad demostrada
El comercio y la restauración de Cataluña lanzaron ayer un nuevo y agravado grito de socorro ante el anuncio de la Generalitat de prorrogar una semana más, hasta el domingo 28 de febrero, las fuertes restricciones que les afectan, y que deploran que no tienen efectividad demostrada. De hecho, la federación de negocios de restauración y ocio nocturno Fecasarm anunció que impugnará la resolución, de forma que será su recurso número 11 contra el Govern. Según Fecasarm, más de la mitad de las empresas de restauración se encuentra ya en situación de insolvencia porque no pueden hacer frente a sus gastos corrientes, lo que pone en riesgo más de 100.000 empleos y la ruina de miles de familias.
El director del Gremio de Restauración de Barcelona, Roger Pallarols, señaló que no son siete sino 70 días con la restauración trabajando por debajo del mínimo vital y, sobre todo, sin ningún tipo de horizonte. Y agregó que el caso de los bares y restaurantes situados en los centros comerciales es aún más grave: 136 días sin ingresar ni un euro.
Por su parte, las sectoriales de comercio de Foment y Pimec alertaron de que “el sector ha empezado a colapsar y está a punto de entrar en estado catastrófico”, con un ahogamiento generalizado de las empresas (pequeñas, medianas y grandes) que “pone en riesgo y condena a la pobreza” a más de 100.000 trabajadores y empresarios, con el 30% del sector en peligro de desaparición.
Criticaron que Cataluña es la comunidad que lidera las restricciones y el cierre del sector comercial sin presentar unos indicadores epidemiológicos peores, y que las tiendas en centros comerciales llevan acumulados más de 153 días de cierre (seis meses) desde el inicio de la pandemia.
Sin cautelares en Valencia La hostelería de la Comunidad Valenciana tampoco recibió ayer buenas noticias, ya que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) desestimó permitir reabrir sus bares y restaurantes de manera cautelar. Según los magistrados, el cierre “reduce la concentración de partículas portadoras del virus en el aire y el número de personas que pueden estar expuestas”. Por ello, consideran que anularlo podría suponer una “perturbación grave de los intereses generales”.
La solicitud cautelar de anular el cierre decretado por la Generalitat, que está en vigor al menos hasta el 1 de marzo, fue presentada por la patronal castellonense Ashocas en un recurso, pendiente de fallo final.