Gobierno y Junta se acusan de la quiebra de Abengoa
Moncloa afirma haber cumplido frente a la banca y al Ejecutivo andaluz
La ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, defendió ayer que el Gobierno de España ha hecho “sus deberes y tareas” para ayudar a mantener la viabilidad de Abengoa, que el lunes solicitó el concurso de acreedores con una deuda próxima a los 6.000 millones de euros, y aseguró que son otros de los participantes en el rescate, como la banca y la Junta de Andalucía, los que tienen “que explicar por qué no han estado en ese mismo grado de compromiso” que ha llevado a la compañía a solicitar el concurso voluntario de acreedores.
En la rueda de prensa posterior al consejo de ministros, Montero subrayó que el Gobierno ha apoyado “en todo momento” a Abengoa y siempre ha “tendido la mano” a la compañía para “llevar a buen puerto una difícil situación” agravada por la crisis del Covid-19, estando dispuesto a aportar más de 400 millones de euros en el plan de reestructuración para el grupo a través del ICO y CESCE.
“Nosotros hemos intentado ser parte de esta solución, pero otros actores que tenían que participar no han cumplido con las expectativas o compromisos que la propia empresa tenía planteado”, afirmó Montero, advirtiendo de que “no es una valoración del Gobierno, sino que la lectura detenido del hecho relevante de la compañía puede hacer llegar a estas mismas conclusiones”. No obstante, la portavoz del Gobierno dio “todo su ánimo” a la empresa y al administrador concursal para que, “en la medida de lo posible los puestos de trabajo se puedan preservar”.
El señalamiento de Montero tiene réplica en la Junta de Andalucía. Su presidente, Juan Manuel Moreno, señaló ayer que “si se habla de 6.000 millones de descuadre en las cuentas de Abengoa, los 20 millones solicitados a la Junta y que no podemos darle por la normativa, no hubieran contribuido prácticamente de ninguna manera a poder mejorar la situación de la empresa”. Confió en que el ICO, el Gobierno, las entidades financieras y la empresa establezcan un plan de viabilidad “serio y que dé futuro a la compañía”. De esta manera, Moreno confío en que el ICO, el Gobierno, las entidades financieras y la empresa establezcan un plan de viabilidad “serio y que dé futuro a la compañía”, mientras, por su lado, ha subrayado que la Junta estará al lado de Abengoa “en cada cuestión que solicite y puedan atender”. A su juicio, Abengoa tiene viabilidad como empresa porque “tiene capacidad, talento y recursos, junto a una oferta muy incorporada a muchos mercados internacionales”. No obstante, admitió que esto va a depender “del propio plan de viabilidad de la empresa y de los recursos que pueda disponer”.
Tras solicitar el concurso de Abengoa SA, la compañía trata ahora de salvar a Abenewco 1, la empresa que tiene el grueso de los negocios y de la que dependen la mayoría de los 14.000 trabajadores del grupo, y al resto de filiales con actividad. El juez del Mercantil de Sevilla donde Abengoa ha solicitado el concurso de acreedores voluntario tendrá que nombrar un administrador concursal y decidir, asimismo, acerca de de la celebración de la junta extraordinaria de accionistas que está convocada para el próximo 4 de marzo y en la que se preveía designar un nuevo consejo de administración, a propuesta de la plataforma de accionistas minoritarios AbengoaShares –que han sindicado sus acciones para ser el primer inversor de la compañía–, encabezado por el expresidente de Amper Clemente Fernández, que sustuiría al actual presidente de Abengoa, Juan Pablo López-Bravo.
Entretanto, la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha acordado incoar un expediente administrativo sancionador por infracción “muy grave” a Abengoa por la no remisión y difusión pública, en plazo, del informe financiero de 2019.
Por otro lado, el Juzgado de Primera Instancia 43 de Madrid ha desestimado las demandas de Inversión Corporativa, el expresidente de Abengoa Felipe Benjumea y otros accionistas contra el Santander y HSBC, a los que reclamaban una indemnización de mil millones de euros por la obstrucción a la ampliación de capital de 2015.
Felipe Benjumea pierde la demanda de 1.000 millones contra el Santander y el HSBC