Descontrol en las ayudas europeas

El Consejo de Estado delata un grave problema de gobernanza en la gestión de esos fondos por parte del Gobierno

El dictamen del Consejo de Estado sobre el Real Decreto para la gestión de los fondos europeos contra la crisis, que a partir de este año recibirá España, ya es de dominio público. El documento fue elaborado a finales de 2020, pero el Gobierno no lo incluyó en el Decreto, lo que motivó los reproches de PP y Ciudadanos apuntando a una ocultación premeditada. No es una hipótesis descabellada considerando que el dictamen, pese a carecer de carácter vinculante, sí tiene capacidad para poner en evidencia preocupantes deficiencias, como en este caso ocurre. El aspecto más polémico sobre las ayudas siempre fue la escasa claridad en cuanto a los criterios que regirán la futura contratación administrativa, la concesión de subvenciones y la firma de convenios. La incertidumbre es especialmente alta en un país como España que, a diferencia de sus principales homólogos, prescinde de consejos asesores formados por expertos independientes. Pero la situación se agrava considerando que el Consejo de Estado deja clara su “preocupación” por el hecho de que los mecanismos de control del reparto se ven “modulados”, cuando no totalmente “eliminados”, en el Decreto. En otras palabras, está en entredicho un aspecto tan importante como es la gobernanza misma de los 140.000 millones que España recibirá entre transferencias a fondo perdido y créditos. Esa situación, de ausencia de “rigor” según el Consejo, ya sería preocupante por la grave incertidumbre jurídica que crea en torno al reparto de tan cuantiosas ayudas. Pero su importancia se multiplica en un contexto tan excepcional como el presente, en el que se plantea el riesgo de que se desaprovechen unos fondos sin los cuales la recuperación económica será imposible.