Los empresarios catalanes exigen el fin del vandalismo y la recuperación al ‘Govern’
‘Foment’ aglutina a entidades y empresas que claman priorizar la recuperación
Más de 300 entidades y empresas, se unieron ayer en Barcelona para hacer llegar su voz de preocupación a las administraciones, y especialmente a la Generalitat, por el resquebrajamiento del orden público y la urgencia de medidas para que la economía catalana sobreviva a la pandemia y para la recuperación posterior. Los disturbios vividos durante más de una semana en Barcelona tras el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel fueron el detonante que llevó a Foment del Treball a impulsar un gran acto que tuvo una respuesta rotunda en el ámbito económico y social, y que se plasmó ayer con la lectura de un manifiesto unitario en la Estación del Norte de la capital catalana, en una cita coorganizada entre Foment y Pimec.
La magnitud del evento se plasmó en que entre los asistentes figuraban representantes de grandes compañías habitualmente poco dadas a participar en actos reivindicativos, como Ángel Simón (Agbar), Juan Jose Brugera (Colonial), Wayne Griffiths (Seat), Marc Puig (Puig), José Creuheras (Planeta), y los directivos financieros Jordi Gual (CaixaBank) y Jaume Guardiola (Banco Sabadell).
El presidente de Pimec, Antoni Cañete, rechazó “la violencia, el vandalismo y el saqueo” y reclamó “sensibilidad económica” a la Generalitat, tanto en las restricciones para combatir la pandemia como en las políticas del próximo Govern, que el manifiesto unitario insta a formar con celeridad.
“Llevamos demasiado tiempo en interinaje”, lamentó Cañete, que también reprochó al Ejecutivo autonómico actual cierres de sectores de actividad por la pandemia “con medidas arbitrarias que no entendemos”. Además, clamó ayudas directas urgentes: “Seguimos sin ayudas sostenidas, proporcionales y que garanticen la viabilidad empresarial. Necesitamos oxígeno porque, si no, no podremos respirar”.
El presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, destacó que en el acto estaba representado el 90% del PIB catalán, con 400.000 empresas que dan empleo a 2,3 millones de familias, y que están a disposición del Govern: “Nos necesitamos todos para salir de una situación grave y extremadamente delicada”.
Por lo que respecta al papel de las administraciones, instó a que gobiernen con la prioridad de “levantar la economía y volver a generar empleo” -“no nos frenen”, pidió-, así como que den ejemplo “de diálogo y pacto, no de la excesiva confrontación que hemos vivido en los últimos tiempos”.
El manifiesto empresarial, que condena la violencia callejera por los daños económicos y reputacionales para la imagen de Barcelona y porque ahuyenta inversiones, también pide a las administraciones apoyo a los cuerpos de seguridad y conformar cuanto antes un Govern fuerte y estable que trabaje por la recuperación.
La lectura del manifiesto fue a cargo de representantes de múltiples sectores: desde el turismo, el comercio y la restauración a la cultura, pasando por el deporte y la tecnología.
Cámara de Barcelona La presidenta en funciones de la Cámara de Comercio de Barcelona, Mònica Roca, participó en el acto, aunque la entidad no se ha adherido al manifiesto por no compartir algunos de sus puntos.
“Nosotros defendemos al tejido empresarial que es al que nos debemos y por eso acudimos, pero no compartimos el manifiesto íntegramente porque tiene connotaciones políticas en las que no queremos entrar”, manifestó.
Y es que desde el independentismo vieron este acto como un intento de frenar un gobierno catalán secesionista con el apoyo de la CUP, que no ha condenado los disturbios que han dañado bienes públicos y privados por valor de más de dos millones de euros.
Respuesta de Aragonès
Con una Generalitat interina tras las elecciones del 14 de febrero, la respuesta al acto empresarial llegó de manera indirecta a través de una conferencia del presidente catalán en funciones, Pere Aragonès, como candidato de ERC a presidir la próxima Generalitat.
Defendió su proyecto de plan para la reactivación económica y protección social, que incluye impulsar a los sectores tractores de la economía catalana, pero ratificó sus objetivos de amnistía y referéndum de autodeterminación y advirtió de que “quedan meses de restricciones”.