LAS RAZONES DEL CONSEJO DE ESTADO
Hechos son amores y no buenas razones”. Este aforismo popular viene a definir, una vez más, la actuación de Pedro Sánchez y un gobierno que mientras predica la transparencia con la boca se ha convertido en el paradigma de la ocultación y la mentira con sus hechos. Y ahí está, si no, el informe del Consejo de Estado sobre el decreto de gestión de los fondos europeos, que Pedro Sánchez y su equipo ocultaron deliberadamente al Parlamento, a la Intervención General del Estado y a la opinión pública durante dos meses y medio, rompiendo las más elementales regla democráticas, en el que este órgano consultivo expresaba su profunda inquietud por la falta de mecanismos democráticos y administrativos en la gestión de los fondos europeos de Reconstrucción y Resiliencia.
Palabras que en román paladino significan que existen fundadas sospechas de que el Gobierno quiera malgastar esos 140.000 millones de euros de dinero público en beneficio de su red clientelar y para el pago de favores a afines y allegados. Temores que podrían estar detrás de la decisión de obviar el papel de los interventores del Estado que se ha revelado esencial en la adjudicación de importantes proyectos de gastos de las diferentes administraciones y cuyas advertencias, recordemos, fueron desoídas por la Junta de Andalucía en el caso de los ERE, con los consecuencias penales consiguientes. Junta de Andalucía de la que formaba parte la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que era la encargada de informar a la Intervención.
De hecho, el Consejo de Estado, que preside la que fuera vicepresidenta en el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, no puede ser más explícito en sus conclusiones al resaltar “graves insuficiencias” y su “preocupación” por la supresión o reducción de mecanismos de control en materias especialmente sensibles como la tramitación de los proyectos, los convenios y la adjudicación de las subvenciones. Al tiempo que alerta sobre la ausencia de un análisis riguroso sobre el impacto presupuestario de la gestión de los proyectos para “preservar la rectitud en la gestión de los ingresos y gastos públicos”.
Ha tenido que ser el propio Consejo de Estado el encargado de desvelar el contenido de su informe que pone al descubierto por qué este Gobierno, el mismo que ha anulado el Portal de Transparencia, lo ha tenido secuestrado desde 21 de diciembre, a pesar de las peticiones de publicidad reiteradas en el Congreso por los principales partidos de la oposición que, incluso, dedicaron una sesión de control de manera casi monotemática a este asunto.
Cierto que los informes del Consejo de Estado no son vinculantes para el Ejecutivo sino consultivos, pero este organismo, presente ya en el reinado de los Reyes Católicos bajo los nombres de Consejo Supremo de la Corona de Aragón y Consejo Supremo de la Corona de Castilla y que cuesta 17 millones de euros anuales a los españoles, tiene como misión “auxiliar en el proceso de formación y la voluntad del Gobierno, contribuye a la mayor eficacia de la Administración en el cumplimiento de sus fines y participa de modo relevante en el ejercicio de la iniciativa legislativa y de la potestad reglamentaria”. Y ninguno de todos los gobiernos que se han sucedido en España desde la Transición le había ninguneado y relegado en la forma que lo ha hecho el que preside Pedro Sánchez.
Eso y que, una vez conocido el informe, desde la oposición o desde otros organismos representativos de la sociedad civil se dé traslado de su contenido a la Comisión Europea y al resto de los gobiernos de la Unión, ya de por sí bastante recelosos con el Ejecutivo socialpopulista, instando a tomar controles y a exigir condiciones muy estrictas para el traslado de los dineros hasta España, si es que no deciden retrasarlos o pararlos. Máxime cuando la propia Comisión ha advertido ya que la gestión de los fondos debe hacerse en consenso de Estado con la oposición y con el precedente de que nuestro país es uno de los peores en la ejecución de gasto con los fondos estructurales, por detrás de países como Eslovaquia o Rumanía.
Y Vox, que ha sido cómplice necesario para entregar a Sánchez la posibilidad de manejar a su libre albedrío la mayor cantidad de ayudas recibidas nunca por España, ¿qué dice de todo esto? Obviamente ni sabe, ni contesta.
Existen sospechas de que el Gobierno gastará la ayuda europea en su red clientelar