La ingeniería reclama hoy 1.188 millones al Estado mientras pide fondos por 249 millones
Abengoa y el Estado presentan hoy las conclusiones escritas del arbitraje interpuesto en 2013 por la ingeniería sevillana en la Cámara de Comercio de Estocolmo por el recorte de las primas a las renovables y el consecuente incumplimiento del Tratado de la Carta de la Energía. Un paso previo a la emisión del laudo, cuyo calendario, en todo caso, no está definido. El grupo que preside Juan Pablo López Bravo reclama 1.188,2 millones de euros. La compañía persiste en este proceso mientras, en paralelo, ha solicitado el rescate al Gobierno español a través de nueva financiación y avales con el respaldo del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y Cesce y, en última instancia, con 249 millones con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Una vez presentadas las conclusiones, los árbitros del tribunal sueco tendrán que emitir el laudo, ante el que, de cualquier modo, las partes podrán presentar recursos. Así lo ha hecho el Estado español en los arbitrajes que hasta la fecha le han resultado desfavorables por el tijeretazo a las primas a las renovables. De esta forma, el proceso podría aún dilatarse en el tiempo signifivativamente hasta la resolución final. Y el eventual cobro en el caso de que Abengoa resultara acreedora de alguna compensación se demoraría todavía más.
El arbitraje de Abengoa contra España es el de mayor cuantía que afronta la compañía. Este y otros litigios formaban parte de las garantías otorgadas a los proveedores para asumir la refinanciación de su deuda, con quitas sustanciales, en el plan de reestructuración que se aprobó por los principales acreedores el pasado mes de agosto, pero que quedó anulado en febrero pasado ante la negativa de las Administraciones autonómica y central a participar en el mismo como se había diseñado originalmente.
Presentan las conclusiones escritas del arbitraje por el recorte a las primas
El nuevo planteamiento, presentado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la semana pasada y que se instrumenta en tres fases, mantiene algunas de las medidas del denominado Plan Vellocino, de manera que los arbitrajes seguirían actuando como garantía para los proveedores, que por ahora han aprobado un acuerdo de espera hasta el 31 de marzo.
El arbitraje de Abengoa contra el Reino de España fue interpuesto por CSP Equity Investment, anterior accionista indirecto de varias plantas termosolares en España (Helioenergy 1 y 2, Solaben 2 y 3, y Solacor 1 y 2). Las vistas para la práctica de la prueba se celebraron entre el 27 de noviembre y el 3 de diciembre de 2020.
A lo largo del ejercicio 2019 y principios de 2020, Abengoa alcanzó varios principios de acuerdo para la realización de determinadas operaciones sobre dicho arbitraje, entre las que se encontraban la monetización parcial del citado arbitraje con un conjunto de fondos; así como el cierre de una operación de financiación constituyendo un paquete de garantías sobre el mismo, si bien finalmente ninguna de dichas operaciones llegaron a ejecutarse.