EN ‘STAND BY’ UN AÑO DESPUÉS
La banca ha sabido mejorar su imagen reputacional durante la crisis del coronavirus
Marzo de 2021. Hoy, último día. Doce meses después, España anda sumida en horas muy bajas. La batalla sanitaria prosigue. En el frente económico las pérdidas se cuentan por cientos de miles y las víctimas en curso son y serán copiosas. En lo social, el país empieza a estar desmontado. La pobreza y las desigualdades se agudizan y recientes altercados como los de Barcelona transmiten una infausta imagen de España en el mundo. Y políticamente estamos en las manos menos idóneas tanto por los unos como por los otros y por los terceros. España, con ese paisaje, no saldrá de la hecatombe hasta dentro de mucho tiempo. En marzo de 2020, nuestro país adolecía de vulnerabilidades en sus finanzas públicas que han resultado ser letales para nuestra economía y denotaba una pérdida de fuelle económico achacable a la madurez del ciclo expansivo. Hoy, esas flaquezas van en aumento aun cuando contemos con el socorro, más moral que efectivo, más en plan libreto de recomendaciones que de acciones, de la Unión Europea y los dineros, que sí llegan, desde el Banco Central Europeo. Por dinero, nos dicen desde Bruselas y Fráncfort, que no quede. Claro que cada paletada de euros que llega desde allí va computando como mayor deuda por acá que ya asciende al 120% del PIB, tras el retoque de lo de Sareb. Y, luego, cómo no, llegará la dolorosa cuando veamos a cuánto asciende el saldo de los dineros procedentes de Europa. Sin embargo, el dinero, a la gente, a la economía real, solo llega a través de la banca, verdadero ángel de la guarda en esta crisis y que ha mejorado su imagen reputacional. Porque el Ejecutivo, de dinero, de lo que se dice dar dinero para combatir esta plaga de penurias, muy poco. Somos el país de nuestro entorno con menos ayudas directas concedidas a empresarios y trabajadores. Hasta 31 de diciembre de 2020, el apoyo del Gobierno en ayudas a título de gasto adicional o ingresos exentos a sectores económicos, que no en forma de avales en forma de préstamos, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), en España equivalía al 3,7% del producto interior bruto (PIB). En 2020 el PIB de España fue de 1.121.698 millones de euros, por lo que el montante de tales ayudas sumaría 41.502 millones de euros, incluyendo el coste de los Ertes que en más de 21.000 millones está sufragado por el mecanismo europeo del SURE. De ser así, el dinero directamente puesto por nuestro Gobierno a lo largo de 2020 apenas es de 20.000 millones para contrarrestar los perniciosos efectos económicos derivados de las decisiones restrictivas y prohibitivas adoptadas a raíz de la pandemia.
Cierto que esos números que se reportan desde Washington no acaban de coincidir con los presentados por el Gobierno sobre la ejecución presupuestaria de las Administraciones Públicas en 2020. Según el Ministerio de Hacienda, el déficit público en 2020, -10,09% del PIB, 113.172 millones de euros, ha aumentado a causa de las medidas sociales para ayudar a familias, trabajadores y empresas y el aumento del gasto de 53.070 millones de euros, el ministerio dixit, corresponde en un 85% a las medidas adoptadas para mitigar los efectos de la pandemia. El Gobierno detalla que a Erte, incapacidad temporal y cese de actividad destinó 21.520 millones de euros en 2020; a gastos Covid y sociosanitarios en las comunidades autónomas, 8.284 millones; a exoneraciones Erte y Autónomos, 7.791 millones, y a resto de gastos Covid, 7.312 millones. En total, 44.907 millones de euros, que sobre el PIB de 2020 equivalen al 4%.
La diferencia, pues, entre lo señalado por el FMI y lo explicado por el Ejecutivo no es muy apreciable, aunque, no obstante, sí conviene precisar que el gasto público en 2020 se elevó a 586.389 millones de euros frente a 523.441 millones de 2019, por lo que el incremento habido fue de 62.948 millones.
Sea como fuere, estamos lejos en ese capítulo del esfuerzo hecho por gobiernos de nuestro entorno y otros más alejados. En Nueva Zelanda, las ayudas otorgadas en 2020 alcanzaron el 21,5% de su PIB; en Singapur, el 20,8%; en Australia, el 15,3%; en Estados Unidos, el 14,4%; en Japón, el 13,8%; en Canadá, el 12,3%; en Reino Unido, el 10,9%; en Alemania, casi el 10%; en Dinamarca, más del 8%; en Francia, prácticamente el 7%, y en Italia, por encima del 6%. Tales ayudas han cristalizado en amortiguar la caída de su economía en 2020. En España, en el cuarto trimestre del pasado año nuestro PIB se hundió en el -9,1%. Y el cierre de 2020 muestra un desplome del PIB, según el INE, del -10,8%, sin que se dé parangón en ningún otro país de la OCDE ni entre las economías avanzadas. Nuestro derrumbe económico incluso superó al de Argentina, cuyo PIB se desmoronó el -10,5%.
Hace ya más de un año, pues, que estamos sufriendo los avatares de la pandemia y, sobre todo, la severidad de unas medidas restrictivas que durante tiempo nos han obligado a estar encerrados en nuestros domicilios, sin apenas poder salir a la calle y bajo control cuando nos autorizan y limitando nuestros movimientos y desplazamientos a radios de acción muy concretos. Sentimos que hemos perdido libertad.
Esa anormalidad en nuestras vidas está marcando muy seriamente el rumbo económico. Lo malo es que aquello que suponíamos que duraría unas semanas, aquellos quince días que nos dijeron en marzo de 2020, se fueron prorrogando y, entre una cosa y otra, castigados por más olas pandémicas y un poco “in albis” en el asunto de las vacunas, hemos llegado al último día de marzo de 2021 sin que se aprecien grandes diferencias con aquel marzo de 2020 de ingrato recuerdo.
La esfera política no ha echado toda la carne en el asador para ayudar al tejido empresarial
Con este panorama, la gran duda es si en lo que resta de año se dará un rebote de nuestra economía que haga crecer nuestro PIB en ese 6% previsto por el Banco de España, que significaría recuperar una parte de lo perdido en 2020, pero aún faltará un largo trecho por delante para retomar niveles prepandemia. Por eso, era y es tan vital auxiliar efectivamente al tejido empresarial español, a las pequeñas y medianas empresas, a los autónomos, a los comercios, a los bares, restaurantes, hoteles y un largo etcétera de negocios.
Solo así se hubiera podido mantener en pie una parte de empresas de tamaño más o menos reducido pero que en su conjunto suman mucho y contagian de vitalidad a nuestra economía. Difícilmente, los antedichos 44.907 millones de euros hayan servido de panacea. Sinceramente, desde las esferas políticas no se ha echado toda la carne en el asador.