Atrapados en el presente
Por José María Gay de Liébana Economista y profesor de la Universidad de Barcelona
Cada cual a su manera y siempre bajo el yugo de las restricciones imperantes que nos han impuesto como única alternativa para combatir la pandemia, mientras andamos expectantes con esas prometidas vacunas cuya llegada se va demorando, celebraremos estos días de Semana Santa que, si habían perdido su tradicional mística, ahora, en 2020 y 2021, vuelven a ser jornadas profundamente espirituales al percatarnos, desde hace un año, de lo frágiles que somos cuando se desata una plaga.
En pleno siglo XXI, el de los avances imparables y las tecnologías disruptivas, la única arma resolutiva que las autoridades competentes esgrimen para hacer frente a las sacudidas pandémicas sigue siendo propia de la usanza medieval: que vivamos más o menos enclaustrados y con nuestros movimientos bajo estricto control, con un estado de alarma “sine die”.
Bajo ese contexto afrontamos el segundo trimestre de 2021, con datos bastante perfilados sobre el cierre de nuestra situación económica y financiera al concluir 2020. El cuadro que se pergeña es poco atractivo, penosamente esperanzador y más bien desolador, aunque siempre hagamos gala de esos ánimos positivos que nos hacen confiar en que durante los próximos meses y gracias a las vacunas, la evolución sanitaria y consecuentemente económica, el complicado rumbo actual se enderezará.
¿Cuál es la composición de lugar sobre nuestra economía y nuestras cuentas públicas al finalizar 2020?
La caída del PIB ha sido monumental: un -10,8%, situándose en 1.121.698 millones de euros, cuando en 2019 crecimos al 2% y el PIB sumó 1.244.772 millones. Ese desplome, que se cobra numerosos mártires empresariales y laborales, es atroz. A las desapariciones de tantas y tantas empresas y autónomos, se ha de sumar una tasa de paro superior al 15%, unas expectativas peliagudas para este año (17%) y para 2022 (15,1%) y 2023 (14,1%), que confirman uno de los graves problemas estructurales de la economía española.
Con todo, el sesgo que toman nuestras cuentas públicas al cierre de 2020 agrega más recelos sobre la capacidad de regeneración económica. Por lo pronto, la magnitud del déficit público en 2020, ya comentada, casi bate récords en clave negativa, con esos 113.172 millones de euros de pérdida que equivalen al -10,09% del PIB. Y los vaticinios del Banco de España para 2021, con un déficit público estimado en el -7,7% del PIB y del -4,8% para 2022 y del -4,4% para 2023, nos colocan en una encrucijada resbaladiza cara al futuro.
De igual manera, la deuda pública que computa según el Protocolo de Déficit Excesivo cierra 2020 con un saldo de 1.345.570 millones de euros, que supone el 120% del PIB. Si la amenaza de tal volumen de endeudamiento público nos empuja a una posición muy vulnerable, con fuerte dependencia a que desde el exterior nos sigan financiando -lo que tarde o temprano exigirá que nos lean la cartilla-, todavía hay algo más perturbador: la suma de los pasivos en circulación de las Administraciones Públicas, esto es, los pasivos totales o la totalidad de la deuda del conjunto del Estado, lo que podríamos denominar deuda bruta, incluyendo también deuda comercial y otras cuentas pendientes de pagar, que al finalizar 2020 asciende a nada más y nada menos que 1.990.130 millones de euros, constituyendo el
Una deuda pública ya equivalente al 120% del PIB nos sitúa en posición muy vulnerable
177,42% del PIB.
Este sí que es un dato escabroso, máxime si atendemos a su evolución desde 2007, año previo a la crisis financiera de 2008, cuando tales pasivos en circulación sumaban 513.038 millones de euros, 47,70% del PIB, hasta los antedichos 1.990.130 millones.
En el transcurso de esos años, por ende, los pasivos en circulación de las Administraciones Públicas han crecido en 1.477.092 millones de euros, incremento más que alarmante que denota la desatinada vulnerabilidad de las finanzas públicas españolas.
A mayor abundamiento, sobre el montante de 1.990.130 millones de euros de pasivos en circulación de las Administraciones Públicas aún cabe añadir la deuda de las Administraciones Públicas propietarias de las empresas públicas no incluidas en el sector de Administraciones Públicas y que al acabar 2020 se eleva a 38.607 millones de euros. Así que, en total, la deuda bruta de todo el Estado se dispara a 2.028.737 millones de euros, que es el 180,86% del PIB de 2020.
No queremos amargar este Viernes Santo y estos días propios de la reflexión y el retiro que son los de la Semana Santa con tanto juego de cifras. Lo indudable, a la vista de cómo se saldan las cifras de la economía y de las cuentas públicas de España en 2020, es que nos encontramos atrapados en un presente muy embarazoso y que el futuro inmediato se atisba excesivamente comprometido.