Estímulo a la jubilación demorada
La revisión de los incentivos para la prolongación de la vida activa, que el Gobierno estudia, discurre en el sentido adecuado
La prolongación de la vida laboral es necesaria para paliar la difícil situación financiera de la Seguridad Social. Sin duda, a ello contribuye el progresivo retraso de la edad oficial de jubilación (situada en 66 años en 2021) establecido en las reformas puestas en marcha en 2009 y 2013. A ese fin está también dirigido el actual propósito del Pacto de Toledo de aplicar unas penalizaciones mayores sobre las prestaciones de quienes se jubilen anticipadamente. Sin embargo, estas medidas no agotan el problema. También debe revisarse el actual sistema de incentivos para continuar trabajando más allá de la edad oficial de jubilación. El hecho de que las jubilaciones demoradas solo supongan el 5% del total de los retiros delata que sus efectos dejan mucho que desear. Sin duda, caben avances en lo que respecta a la cuantía de la prestación extra que recibirá la persona que trabaje más allá de los 66 años. La elevación de la paga de un 4% anual que ya baraja el Gobierno está bien orientada, ya que supone una mejoría sustancial. Con ese nuevo coeficiente, un jubilado que reciba una pensión media (27.000 euros) vería incrementados los abonos en 1.080 euros al año. Suponiendo que prolongue su actividad durante 12 años, estaría en condiciones de elevar su pensión en un total de casi 13.000 euros. Además, el Goberno estudia abonar este extra en un solo pago cuando llegue el momento de retirarse, y no prorratearlo como ahora ocurre. Con todas estas medidas la jubilación demorada ganará un notable atractivo y lo hará de un modo sostenible para la Seguridad Social. No en vano el incremento de su gasto se difiere al futuro, mientras que en el corto plazo verá aumentados sus ingresos.