Los acuíferos españoles no se librarán del nitrógeno
El Gobierno invertirá 800 millones en la restauración de los espacios hídricos
La contaminación de los espacios hídricos se prolongará, al menos, 18 años
La recuperación de ríos y acuíferos se presenta como un objetivo prioritario para el Miteco. Por eso, además del real decreto que pretende regular la contaminación por nitratos, Teresa Ribera ha anunciado que destinará 800 millones a la restauración de estos espacios. Esta cantidad forma parte de los 7.000 millones de euros que el Gobierno invertirá en materia de agua durante los próximos seis años. Si bien la noticia fue abiertamente celebrada, algunos representantes del sector hídrico señalan que es insuficiente. “La cifra como tal es abultada, pero la inversión anual que propicia no llega a los 1.200 millones y, además, resulta que se trata de las inversiones previstas en los planes hidrológicos, para que las ejecuten la Dirección General del Agua, las Confederaciones Hidrográficas y las Sociedades Estatales”, afirma Antolín Aldonza, portavoz de Asagua. La asociación también considera que la aportación de los fondos europeos no es adecuada para cubrir las necesidades del sector. “La llegada de los fondos europeos, tampoco va a suponer una gran inversión, ya que una parte importante se ha de aplicar a la conservación y mantenimiento de infraestructuras que ya existen”, recuerda.
Un tercio de las aguas subterráneas españolas y el 50% de las superficiales se encuentran en mal estado químico. La principal causa de este deterioro es el elevado nivel de nitratos que llegan hasta los acuíferos a través de los residuos procedentes de la sobrexplotación económica, agrícola y ganadera, alterando la calidad del agua que se almacena en estos espacios naturales.
Durante años, España no ha controlado lo suficiente la contaminación producida por estos vertidos, algo que ha fomentado la multiplicación de las zonas afectadas. Tanto es así que en 2018 la Unión Europea abrió un expediente sancionador contra nuestro país por no cumplir con la Directiva sobre nitratos. Las deficiencias detectadas no fueron subsanadas y el pasado mes de julio Bruselas dio un ultimátum a nuestro país: si en tres meses no se adoptaban las medidas necesarias, el Ejecutivo comunitario podría elevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Lo cierto es que las acciones que la Administración ha implementado hasta el momento no han permitido una reducción eficaz de la contaminación por nitratos, sobre todo en las masas subterráneas que, en términos generales, siguen presentando elevadas concentraciones de este elemento.
De hecho, el Ministerio para la Transición Ecológica, a través de la Dirección General del Agua, publicaba recientemente un informe en el que reconocía que las zonas contaminadas no podrían estar recuperadas en la fecha prevista. El documento señala que solo 693 de los 1.235 puntos que registran exceso de nitratos filtrados por el uso de fertilizantes inorgánicos o estiércol ganadero alcanzarán un buen estado antes de 2027, año límite impuesto por la normativa europea. Otros 45 podrían conseguirlo entre 2033 y 2039, pero todavía quedarían 480 sin límite temporal previsto para su recuperación.
Espacios más delicados
Las zonas más afectadas por la concentración de nitratos se sitúan principalmente en la cuenca del Duero, Álava, La Rioja, Navarra, el eje del río Ebro -tanto Aragón como Cataluña-, Comunidad Valenciana y diferentes puntos que soportan una intensa actividad agrícola en Andalucía, como la provincia de Almería -zona de invernaderos en El Ejido- o Huelva. Pero los focos más preocupantes se encuentran en el perímetro del Mar Menor, sometido a importantes episodios de contaminación desde 2016, y la demarcación del Guadiana -acuíferos asociados al Tajo en la provincia de Toledo y masas subterráneas en Ciudad Real-.
La mala calidad del agua detectada en las zonas más problemáticas ha llevado a algunas comunidades a plantearse la posibilidad de implantar un canon adicional para las actividades más contaminantes. Así, por ejemplo, el borrador de la Ley de Aguas de Castilla-La Mancha, ahora en tramitación, contempla un canon medioambiental del agua que grava el uso y consumo del agua a causa de la afección al medio ambiente que su utilización produce.