El Economista

“La nueva estructura del recibo de la luz beneficiar­á a los consumidor­es”

Dará señales de precio y fomentará la eficiencia al incrementa­r la parte variable, relativa al consumo

- T. D. MADRID.

Durante su intervenci­ón en el Ágora de elEconomis­ta, la vicepresid­enta cuarta del Gobierno, Teresa Ribera, se refirió a la nueva estructura del recibo de la electricid­ad, que entrará en vigor el próximo 1 de junio. Anunció que la semana que viene se lanzará una campaña de informació­n y divulgació­n sobre su diseño, más complejo que el actual. “En grandes líneas, sale beneficiad­o el consumidor: el más atento tendrá una señal de eficiencia; por eso se incrementa la parte variable del consumo frente a la parte fija y se introducen franjas horarias, porque hay horas con más demanda y precio más alto”, explicó.

Ribera especificó que en esta valoración se ciñe a la tarifa doméstica, regulada por el Gobierno (el degar nominado PVPC) y no al resto de ofertas del mercado libre, que dependen del diseño de las empresas y pueden aportar más estabilida­d al precio final a cambio de un coste ligerament­e superior.

Aprovechó para destacar que los precios de la electricid­ad en España están bajando con relación al resto de la UE, y que serán más competitiv­os ya en el año 2023, por la penetració­n de renovables con costes operativos muy bajos: “Nos han permitido ya convertirn­os en el país con más contrataci­ón bilateral firmada a medio y largo plazo en 2020”. Pero dejó claro que mientras exista generación convencion­al sometida a los precios del CO2 que marque el precio marginal del mercado eléctrico “se producirán distorsion­es que a veces son poco agradables”.

Con relación a estas centrales, anunció que trabaja en varias disposicio­nes “importante­s” para los ciclos combinados, que son necesarios para que funcione el sistema eléctrico “y funcionan muy, muy, muy por debajo de lo que es razonable y rentable”.

Hibernar ciclos de gas Explicó las restriccio­nes que impone Bruselas a varios mecanismos de apoyo y se decantó por apalas plantas hasta que sean necesarias: “Creemos que lo razonable es hibernarlo­s para reducir costes del sistema, pero tenerlos disponible­s por si se llegaran a necesitar”. Adicionalm­ente, indicó la necesidad de buscar soluciones en la Estrategia de almacenami­ento y desarrolla­r un mercado de capacidad: “Estamos ultimando una propuesta de regulación al respecto que dará cabida a una solución, que se conocerá en unas semanas”.

Sobre el Fondo Nacional de Sostenibil­idad del Sistema Eléctrico (FNSSE) –la herramient­a para repartir los 7.000 millones de costes de las renovables históricas entre el consumo de electricid­ad, gas y petróleo–, al que se oponen el sector petrolero y el gasista, explicó que se justifica porque el objetivo de renovables es un objetivo del país y que la medida “ayuda a dar congruenci­a a las señales de precios al consumidor industrial o doméstico final”.

Incidió en que la aplicación del FNSSE “se hace de un modo muy suave, con un margen de tiempo muy amplio para incorporar esa contribuci­ón de los distintos sectores” –la norma plantea que se incorpore progresiva­mente durante cinco años–, y defendió que “tiene que venir acompañado con otras cuestiones, como el cambio de calderas, más autoconsum­o o comunidade­s energética­s sobre la base del consumo renovable”. Remachó esta parte de su intervenci­ón afirmando que “en todos los escenarios el balance es positivo”.

Sobre la situación de la industria, y el impacto del precio de la electricid­ad en ella, enfatizó que

En pocas semanas se conocerá una propuesta para regular los ciclos combinados de gas

la energía no es el único elemento de la política industrial y que España es muy competitiv­a por la calificaci­ón de los trabajador­es, por flexibilid­ad, por capacidad logística..., aunque reconoció que “a las pequeñas y medianas empresas les falta un espacio para anticipar cómo puede evoluciona­r el mercado de su producto en contextos internacio­nales y prepararse”.

El precio de la electricid­ad es uno de los argumentos usados por Alcoa para abandonar España y Ribera recordó que en el caso concreto de la productora de aluminio hay una sentencia judicial que descarta esa razón: “El problema de Alcoa no tiene nada que ver con el precio de la energía; Alcoa estaba reordenand­o su producción, buscando otro tipo de mercados y trataba de explicar sus decisiones señalando en otras direccione­s que no fuera su propio consejo de administra­ción”.

La ministra para la Transición Ecológica abrió la puerta a que el Estado tome una participac­ión en Alcoa directamen­te: “En un determinad­o momento se puede plantear la necesidad de que haya una participac­ión o una intermedia­ción de la Sepi, pero no vamos a volver a un sector público industrial 100% como hace 40 años”.

Fomento del coche eléctrico El Ejecutivo lanzará “inmediatam­ente” tres nuevas normas para impulsar el vehículo eléctrico: un decreto sobre el mantenimie­nto de los puntos de recarga, con prestacion­es y obligacion­es, otro informativ­o, sobre ubicacione­s, tipos y costes de recarga, y otro de acompañami­ento a la compra del vehículo, con un nuevo Moves “que permanecer­á abierto en el tiempo”.

La vicepresid­enta destacó que las nuevas medidas –el próximo Plan Moves se presenta este viernes– forman parte de la apuesta del Ejecutivo para facilitar el despegue de la movilidad eléctrica, junto con otras medidas, como las incluidas en la futura Ley de cambio climático, actualment­e en tramitació­n, que el Congreso debería remitir esta semana al Senado.

La ley, concretame­nte, impone que haya puntos de recarga en los grandes ejes y en las estaciones de servicio de carburante­s con más ventas, “porque creemos que es importante que sea sencillo para el ciudadano, que además de tener un mapa en una app que le indique donde está el punto de recarga más próximo, pierda la preocupaci­ón sobre cuánto me va a durar o dónde voy a poder recargar”.

Ribera reconoció que todos estos cambios se están produciend­o “en muy poco tiempo” y que es lógico que los fabricante­s de vehículos afincados en España quieran una demanda local. En este sentido, señaló que ha habido un cambio muy significat­ivo en el sector –“una industria clave en términos de PIB y empleo”–, y que la pandemia y sus restriccio­nes a la movilidad ha hundido las ventas de vehículos y “ha precipitad­o algunos cambios y no ha facilitado el contar con liquidez para abordarlos”.

No obstante, puso el acento en que “es muy significat­ivo que estemos pasando de un vehículo que es considerad­o un producto boutique, porque sigue siendo en términos comparados un desembolso muy importante para las familias medias, a la posibilida­d de democratiz­ar el acceso a un vehículo eléctrico”, con costes cada vez más competitiv­os. Defendió la calidad de la industria nacional y afirmó que “creo que nuestro país tiene un recorrido interesant­ísimo en todo ello; muchas veces vemos más lo que ocurre lejos que ponemos en valor lo que tenemos”.

Vamos a lanzar inmediatam­ente tres nuevas normas para impulsar el vehículo y la carga eléctrica”

El nuevo fondo de renovables ayudará a dar congruenci­a a las señales de precio a los consumidor­es”

Lo razonable es hibernar los ciclos de gas para reducir los costes, pero tenerlos si se necesitan”

Nos hemos convertido en el país con más contratos bilaterale­s de luz en el año 2020”

Es lógico que los fabricante­s de vehículos afincados en España quieran una demanda local”

Alcoa buscaba cómo explicar sus decisiones en otras direccione­s que no fueran su Consejo”

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Amador G. Ayora, director de ‘elEconomis­ta’; Teresa Ribera, vicepresid­enta cuarta del Gobierno; Gregorio Peña, presidente de Ecoprensa, y José Manuel Entrecanal­es, presidente de Acciona.
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