El Congreso da luz verde a la Ley de cambio climático
Remite el texto al Senado con los votos en contra de Vox y con las abstenciones del PP y de Más País Verdes Equo
La Comisión para la Transición Ecológica y Reto Demográfico ha aprobado por mayoría, pero con los votos en contra de Vox y la abstención de PP y Más País Verdes Equo, el Proyecto de ley de cambio climático y transición energética, que se remite al Senado para continuar con su tramitación parlamentaria.
Todos los grupos de la oposición han coincidido en la “falta de consenso y capacidad de diálogo” del Gobierno en el debate del texto, que llegó hace prácticamente un año a la Cámara Baja, pero que se ha votado después de cuatro sesiones celebradas en marzo.
Vox ha mostrado su rechazo porque, según el diputado Francisco José Contreras, el grupo tiene una visión “alternativa” a los demás. El PP se ha abstenido porque considera necesario seguir trabajando en el texto en el Senado, mientras que Más País Verdes Equo considera “incongruente” votar a favor de una ley “falta de ambición” que “defiende los intereses de los lobbies de las empresas”. Aunque Cs había anunciado su abstención, finalmente ha votado a favor.
Presentadas 757 enmiendas Ayer llegaron vivas el 90% de las 757 enmiendas planteadas al Proyecto y muy pocas salieron adelante, como una de ERC para que las zonas de bajas emisiones sean obligatorias en municipios a partir de 20.000 habitantes cuando se superen los niveles límite de contaminantes del Real Decreto de mejora de la calidad del aire.
Otro acuerdo transaccionado en la Comisión es mantener los objetivos actuales de la Ley, pero se revisarán en 2023: para 2030 debe reducirse el CO2 un 23% con relación a 1990; las renovables deben alcanzar el 42% del consumo de energía y el 74% de la electricidad; y ha de reducirse la demanda un 39,5% respecto a la tendencia.
Publicar la huella de carbono Otra enmienda obliga a las empresas a calcular y publicar su huella de carbono, y a elaborar planes con medidas para reducirla a cinco años vista. El Gobierno decidirá, en el plazo de un año, qué tipo de empresas con actividad en España se verán afectadas, qué indicadores usarán a tal efecto y con qué periodicidad harán los cálculos. Las empresas podrán compensar sus emisiones de manera voluntaria.