¿Por qué la gestión de las vacunas es tan deficiente en la UE?
En todo lo que concierne a la vacunación contra el Covid-19, Europa va muy por detrás de otras áreas económicas comparables. Hasta ahora, menos del 15% de la población de la UE ha recibido al menos una dosis, frente al 31% de Estados Unidos y el 45% de Reino Unido. El fracaso de la Unión es tan profundo que la Organización Mundial de la Salud, normalmente tan benévola, se vio recientemente obligada a reiterar lo obvio: la lentitud en el despliegue de la vacuna prolongará la pandemia, con altos costes humanos y económicos.
En marzo de 2020, la UE parecía ir por el buen camino. Ante el recrudecimiento de la pandemia, se acordó que la Comisión Europea negociaría acuerdos de compra anticipada de una cartera de candidatos a producir vacunas en nombre de los Estados miembros. De este modo, cuando un candidato demostrara ser seguro y eficaz, se pondrían a disposición de los europeos suficientes dosis.
A finales del año pasado, la Comisión anunció con orgullo que había firmado contratos por más de 2.000 millones de dosis de vacunas, más que suficientes para los 440 millones de habitantes de la UE. A medida que vayan llegando las dosis, se distribuirán per cápita, evitando así tensiones como las que surgieron en los primeros meses de la pandemia, cuando las prisas por reclamar los limitados suministros de equipos de protección enfrentaron a los Estados miembros.
Con una amplia y diversificada cartera de dosis de vacunas en pedido y un claro calendario de distribución, la UE parecía haber estado a la altura. Pero resultó que los contratos se habían firmado tarde y no eran vinculantes.
Como suele ocurrir con la UE, había demasiados actores implicados en la toma de decisiones, por lo que era prácticamente imposible determinar quién era responsable de qué. La Comisión llevó a cabo las negociaciones con los laboratorios, pero bajo el control de un comité de representantes de los Estados miembros, recreando así los problemas de coordinación que la contratación centralizada pretendía evitar.
Además, los negociadores de la UE perdieron un tiempo precioso resistiendo a la comprensible petición de las empresas farmacéuticas de que no se les responsabilizara de los problemas que pudieran surgir de las nuevas vacunas, que se desarrollaron, probaron y aprobaron en un plazo drásticamente acelerado. Cada día que la UE se negaba a aceptar esta condición era un día más en el que las empresas no se comprometían con la capacidad de producción necesaria para garantizar un suministro adecuado.
Una curiosa incoherencia impregnó las negociaciones. Por un lado, el desarrollo y la producción de vacunas se dejaban totalmente en manos de los actores privados. Por otro, la UE evitó utilizar incentivos económicos para acelerar la producción.
Tampoco se aseguró de que se definieran calendarios de entrega legalmente vinculantes en sus contratos con los desarrolladores de vacunas. Las afirmaciones de la Comisión sobre los miles de millones de dosis que recibirá se refieren solo al año 2021, incluyendo a veces 2022.
Los contratos de la UE con los fabricantes de vacunas sí incluyen calendarios de entrega “estimados” para diferentes trimestres de 2020, pero las empresas no se enfrentan a sanciones si no los cumplen. AstraZeneca, por ejemplo, solo ha acordado hacer sus “mejores esfuerzos” para entregar las dosis, y su contrato incluye poca información sobre las medidas correctoras que podrían tomarse si se retrasa.
Esto no es sorprendente para AstraZeneca, que ha acordado suministrar la vacuna a Europa “a precio de coste”. ¿Cuánto esfuerzo real se puede esperar de una empresa que ha prometido no “beneficiarse” de la producción?
Pero incluso para las empresas que se supone que obtienen beneficios, no hay sanciones por incumplir los plazos; simplemente deben explicar las razones del retraso y presentar un calendario de entrega revisado. Por lo tanto, los ingresos no cambiarán, independientemente de la fecha de entrega.
Los costes, sin embargo, cambiarían. Los economistas que estudian la inversión suelen suponer que los costes de aumentar la producción aumentan más que proporcionalmente. Por eso las empresas suelen aumentar su capacidad de producción de forma gradual. Cuanto más elásticos sean sus calendarios de entrega, más lento será este proceso. En una pandemia que quitó la vida a más de 600.000 europeos y que requiere cierres económicamente devastadores, esto tiene implicaciones nefastas.
Y sin embargo, en lo que respecta a la producción de vacunas, la UE podría estar más o menos a la par con EEUU. La diferencia es que Washington, que ha administrado hasta ahora unos 153 millones de dosis, no ha exportado nada de su producción. La UE, en cambio, ha administrado 75 millones de dosis y ha exportado 77 millones.
La admirablemente rápida campaña de vacunación de Israel fue posible gracias a los más de diez millones de dosis de los productores de la UE. Aproximadamente la mitad de los 36 millones de dosis administradas en Reino Unido -que tampoco ha exportado una sola dosis- procedían de la producción de la UE. Incluso EEUU ha importado dosis de vacunas de Bélgica y los Países Bajos.
Esto no quiere decir que la UE deba seguir el ejemplo de EEUU y Reino Unido y prohibir las exportaciones de vacunas, sobre todo porque la producción de la UE depende de ingredientes importados. Por ahora, la Comisión Europea ha pedido un Mecanismo de Transparencia y Autorización para garantizar una mayor reciprocidad.
Está claro que Europa sigue teniendo una sólida base de investigación científica pionera y la capacidad de producir nuevos productos médicos de alta tecnología con rapidez y a gran escala. Pero la estructura de la UE no es adecuada para una acción ejecutiva ágil, y sus mecanismos de toma de decisiones excesivamente complicados son un obstáculo para la responsabilidad. Mientras esto siga siendo así, las crisis seguirán impactando con especial virulencia en Europa.
La existencia de demasiados actores implicados en la toma de decisiones lastró la campaña