La batalla por Madrid y los impuestos
Como ocurrió en la Guerra Civil para determinar el vencedor, la batalla por Madrid va a ser decisiva para definir el modelo que rija en la economía española durante los próximos años. Isabel Díaz Ayuso defiende una bajada de impuestos, que pondere el equilibrio entre la salud y los intereses económicos, como hemos visto en su política de puertas abiertas en la pandemia.
Enfrente está el modelo basado en las alzas fiscales y los cierres a cal y canto, sin importar su efecto sobre el pequeño comercio y, por ende, las finanzas de miles de ciudadanos.
De forma resumida esto es así. Después se puede teñir la campaña con mensajes de sosiego o seriedad, como hace el candidato del PSOE a la asamblea madrileña, Ángel Gabilondo, o hacer mangas y capirotes sobre la política del Gobierno, como es el caso de la actual presidenta de la región.
Gabilondo es un candidato amortizado dentro del PSOE, cuya mayor aspiración hasta que Ayuso adelantó los comicios, era convertirse en el Defensor del Pueblo, como le había prometido Sánchez, para disfrutar de una jubilación tranquila y, además, bien merecida. Su discurso es mesurado, pero carece del liderazgo y la audacia que requiere, a veces, un gobernante.
En las pasadas elecciones madrileñas, ya acarició la idea de ser presidente. Pero su triunfo se frustró porque su sinceridad lo delató. Declaró a los cuatro vientos que si se convertía en el inquilino del edificio de la Puerta del Sol, acabaría con las bonificaciones fiscales sobre patrimonio, deducciones y donaciones, así como las rebajas del Impuesto de la Renta, la denominada armonización fiscal.
La Comunidad de Madrid, gobernada desde 1995 por el PP, es admirada a la par que odiada por el resto de autonomías, que atribuyen su éxito fiscal a que como capital de España es la sede de las instituciones públicas y, por ende, acoge a gran parte de los tres millones de funcionarios que trabajan para el Estado. Eso es así, nadie puede negarlo. Pero también lo es que los madrileños pagamos por término medio más tributos y que el 80% de la recaudación se destina al Fondo de Solidaridad para compensar a otras autonomías.
Pese a que Madrid es la región con los tipos más bajos en la tarifa de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), la tributación per cápita es más elevada, con una media de 3.280 euros, equivalente al 16,72% de la renta media disponible por habitante, según el Consejo General de Economistas-Asesores Fiscales (Reaf ). Le siguen los residentes en el País Vasco, con una media de 2.459 euros (12,15% de la renta media por habitante); Cataluña, con 2.439 euros (13,71%); Navarra con 2.227 euros (12,19%) y Baleares con 2114 euros.
Se preguntarán, entonces, por qué las demás regiones acusan a Madrid de ser un paraíso fiscal. Porque los contribuyentes de rentas más altas, los que menos tributan comparativamente con otras regiones, trasladan su domicilio fiscal a Madrid para reducir la factura. Al igual que se van a Portugal o, últimamente, a Andorra, para escapar del infierno con el que amenaza la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, junto a Podemos.
Montero ya acusaba a Madrid por este motivo cuando fue consejera de Hacienda de Andalucía, antes de pisar la sede del Ministerio de Hacienda en la calle Alcalá. A la par, reclamaba al ministerio que ahora dirige miles de millones por la deuda histórica de Andalucía, de los que ya se ha olvidado.
Su sucesor, el presidente andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla, ha demostrado que se puede gobernar bajando impuestos y reduciendo también los desajustes. En 2019, el ejercicio anterior a la pandemia, recortó el déficit público a la mitad, 0,2%, gracias a una importante reducción del gasto público, según Fedea.
Montero se agarra a la estadística de Eurostat para denunciar, siempre que tiene ocasión, que la brecha fiscal con la Unión Europea es de casi siete puntos y justificar el incremento de impuestos que prepara para el próximo ejercicio y los siguientes. La semana que viene dará a conocer el Consejo Asesor que abordará la reforma fiscal.
Nuestro país ingresa por impuestos el 35,4% del PIB, frente al 41,2% de media de la UE. Sin embargo, el Instituto de Estudios Económicos (IEE) aclara que la diferencia obedece a que en España la economía sumergida es mucho más alta, entre el 20% y el 25% del PIB, por lo que si se resta ese porcentaje de población que está fuera del sistema, el 80% restante abonamos tantos tributos o más que el resto de los europeos.
Pese a estas mentiras, el Gobierno de Pedro Sánchez hizo de la armonización fiscal uno de los caballos de batalla contra Ayuso, también para apoyar a sus socios de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).
Su líder y reciente candidato en las elecciones a la Generalitat, Pere Aragonés, gobierna Cataluña de manera manirrota. La deuda pública catalana duplica a la de Madrid. El coste para cada catalán ascendería a los 10.169 euros, mientras que en Madrid esta cifra se sitúa en los 5.111 euros, según otro estudio de Fedea.
Con todos estos precedentes, es difícil creer que Gabilondo no suba impuestos si gobierna Madrid. Más bien parece una mentira piadosa para intentar atraer a los votantes frustrados de Ciudadanos, que presumen de espíritu liberal. La realidad será justo la contraria y más teniendo en cuenta que necesitaría el apoyo de Más Madrid y de Pablo Iglesias, desde Podemos. El resultado de la alianza de izquierdas puede verse en el actual gobierno: un incremento desmesurado del gasto público y una total ausencia de austeridad, que empieza por el Ejecutivo, con más de una veintena de ministerios y toda su parafernalia. El triunfo socialista en Madrid daría a Sánchez carta blanca para extender sus alzas fiscales a toda España y acabar con el principal reducto que les queda a los liberales: Madrid.
PD.- Entre 90.000 y 150.000 españoles que están en Erte o en paro añadirán a sus preocupaciones diarias sobre la evolución de la pandemia y su situación personal, el retraso en el cobro de la prestación correspondiente al último meses. En esta ocasión fue la caída de todo el sistema informático del SEPE por culpa de un ataque informático, pero en otras fue el colapso ante la avalancha de demandas de las ayudas.
Una vez más, se ponen de manifiesto la desidia de la Administración para resolver sus problemas y agilizar la prestación del servicio público a los ciudadanos. No conozco ningún responsable del SEPE o del Ministerio de Trabajo que haya sido aún cesado por ello. Al contrario, la ministra responsable, Yolanda Díaz, fue ascendida a vicepresidenta tercera, como si nada hubiera pasado.
Para celebrar su nueva responsabilidad, Díaz anunció esta semana que los Ertes serán prorrogados hasta finales de año, sin apenas variaciones “en las condiciones actuales”. Una puntilla que vuelve a mostrar las claras intenciones de Trabajo. Pese a que el Banco de España advirtió de que los Ertes están perdiendo eficiencia y dejando de cumplir con su función de proteger a los trabajadores. Muchos de ellos se han convertido en parados definitivos, que se siguen disfrazando con Ertes a costa del erario público.
Desde la patronal se demandan soluciones, como dar marcha atrás en la prohibición de despedir, para que las empresas puedan normalizar su situación cuanto antes. También se sugiere la introducción de bonificaciones, que alivie la carga fiscal de aquellos patronos que decidan reincorporar a sus empleados. Díaz hace oídos sordos a todas estas demandas. Pero lo único que va a conseguir es incrementar la sangría de empresas que echen el cierre ante la falta de ayudas y los continuas demoras en la vacunación. No hay más que echar un vistazo al último informe del FMI para conocer las consecuencias de estas políticas: España seguirá en los próximos años entre los diez países con mayor desempleo del mundo desarrollado, por delante de Grecia.
Las elecciones regionales decidirán qué modelo impera: el liberal o el aval al alza de impuestos
Montero sigue con la reforma fiscal, pese a que lo niegue Gabilondo con la boca chica