El Economista

La Guardia Civil registra la sede de Sevilla de la ingeniería

- EE MADRID.

La Guardia Civil se personó ayer en las oficinas centrales de Abengoa en Sevilla en el marco de de una operación ordenada por el juzgado Central número 2 de la Audiencia Nacional que instruye el caso Abengoa II, Ismael Moreno, y que se encuentra bajo secreto judicial.

Una veintena de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) enviados desde Madrid entraron poco antes de las 9:00 horas en las oficinas que la compañía de infraestru­cturas, energía y agua tiene en el Campus de Palmas Altas.

Según informaron a Efe fuentes sindicales, el registro se inició nada más comenzar la jornada laboral, cuando los agentes accedieron a distintos departamen­tos de la sede, donde trabajan unas 1.000 personas. Los trabajador­es permanecie­ron en el edificio principal a la espera de indicacion­es de los agentes, que al entrar les pidieron que dejaran sus documentos nacionales de identidad sobre las mesas y se apartasen de ordenadore­s, mesas, estantería­s y cajones. Los agentes se llevaron más de 50 ordenadore­s de las plantas de auditoría interna y contabilid­ad.

El juez Moreno encausó al expresiden­te de Abengoa Felipe Benjumea y al exconsejer­o delegado Manuel Sánchez Ortega por delitos de falsedad contable y estafa en

Abengoa II tras la demanda de un grupo de inversores. Esta nueva vía de investigac­ión por la estafa a inversores de Abengoa recibió un impulso importante en 2019 con la personació­n en el proceso de la Abogacía del Estado al considerar que la actuación de los responsabl­es de la compañía pudo perjudicar intereses generales y públicos. Antes la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela rechazó ampliar su investigac­ión sobre las indemnizac­iones millonaria­s a los directivos a un posible delito societario por el supuesto falseamien­to de las cuentas de la multinacio­nal. Se presentó una segunda querella por parte de la Plataforma de Afectados por presuntos delitos relativos al mercado y los consumidor­es y falsedad de cuentas tanto contra los miembros del consejo como contra Benjumea y Sánchez Ortega. Cinco años después, la causa sigue viva, y ha derivado en los registros de ayer.

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