El Gobierno promete a la UE cobrar por el uso de autovías
Incluye en el Plan de Recuperación el pago para financiar su conservación
“Es preciso desarrollar un sistema de pago por uso de la red de vías de alta capacidad que permita cubrir los costes de mantenimiento e integrar las externalidades negativas del transporte por carretera como sucede en el resto de infraestructuras”. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno, presentado por el presidente Pedro Sánchez, el martes, asume ante la Comisión Europea la necesidad de llevar adelante la propuesta de implantar peajes en la red de autopistas y autovías de España para financiar los costes asociados a su conservación, toda vez que acumula un déficit de inversión que ya se aproxima a los 8.000 millones de euros. No obstante, no ofrece más detalles. España tendrá en septiembre el 11,5% de su red de autopistas libre de pago, frente al 100% que tienen 23 países europeos.
“Es preciso desarrollar un sistema de pago por uso de la red de vías de alta capacidad que permita cubrir los costes de mantenimiento e integrar las externalidades negativas del transporte por carretera como sucede en el resto de infraestructuras”. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno, presentado por el presidente Pedro Sánchez el martes, asume ante la Comisión Europea la necesidad de llevar adelante la propuesta de implantar peajes en la red de autopistas y autovías de España para financiar los costes asociados a su conservación, toda vez que acumula un déficit de inversión que ya se aproxima a los 8.000 millones de euros. Se trata de una medida extendida en Europa y que desde el Ejecutivo socialista, por boca de su ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, se ha planteado públicamente en varias ocasiones en los últimos años, sin que hasta la fecha haya ido más allá de una declaración de intenciones.
“Se revisará la financiación de las vías de alta capacidad y se establecerá un sistema de ingresos que garantice los fondos necesarios para la conservación de la red viaria estatal”, señala en otro de sus apartados el Plan de Recuperación, que recoge por primera vez negro sobre blanco la posibilidad de instaurar el pago por uso. Cobra especial relevancia porque lo señala, además, en el documento que el Gobierno retimirá a Bruselas en los próximos días y que servirá de guía para articular la utilización de los fondos europeos durante los próximos cinco años, con una dotación para España de 140.000 millones de euros, aproximadamente la mitad de ayudas directas.
Ahora bien, el Ejecutivo no ofrece ningún detalle sobre su alcance, la fórmula ni el calendario para su implementación. “A los que no les queda otra, como los que van a trabajar, no tienes por qué gravarlos, pero sí a otros a los que la circulación por estas vías les hace ser más competitivos en su actividad, ya que se benefician del nivel de infraestructuras”, afirmó el ministro de Transportes meses atrás, abriendo así la puerta a que la implantación de peajes fuera discriminatoria, implicando especialmente a los transportistas y autocares de viajeros.
Resolver la financiación de las infraestructuras viarias es uno de los asuntos que está sobre la mesa de Ábalos prácticamente desde que asumió la cartera de Transportes en 2018 –entonces de Fomento–. De hecho, es una de las cuestiones que se ha planteado introducir en la futura Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte, cuyo Anteproyecto está sometido a consulta pública desde hace casi cuatro meses. “Se planteará la necesidad de desarrollar un modelo predecible de financiación para la conservación y mantenimiento del importante stock de infraestructuras con el que está dotado nuestro país, todo ello en el marco de la normativa europea, así como de los nuevos instrumentos de gobernanza que se diseñen para el seguimiento de los sistemas de provisión”, señala el Anteproyecto, sin mencionar explícitamente el pago por uso.
El sector privado, sin noticias
Desde Transportes se remitieron ayer al contenido del Plan de Recuperación, sin aportar más información al respecto. En el sector privado, que ha participado en el periodo de consultas del Anteproyecto y en los últimos años ha remitido distintas propuestas para el pago por uso al Ministerio, no tienen noticias de que haya habido avances significativos sobre el modelo –ni siquiera sobre que haya una decisión firme sobre su ejecución–.
La instauración de peajes en las vías interurbanas de alta capacidad es una medida impopular y que también recibe la contestación de las empresas de transporte. De hecho, Ábalos siempre ha defendido que la solución a la falta de financiación de las carreteras ha de instrumentarse como un acuerdo de Estado, con el consenso del Congreso. Hace dos años abordó la creación de una subcomisión para estudiar un nuevo modelo de financiación, pero no llegó a constituirse.
Hasta 2019, el déficit de conservación de la red de carreteras superaba los 7.400 millones de euros –hoy ya se acerca a los 8.000 millones–, según la Asociación Española de la Carretera (AEC). Con las restricciones presupuestarias para el mantenimiento de carreteras, aunque para 2021 la cifra haya crecido hasta los 1.200 millones de euros, y la reversión de las autopistas de peaje cuyos contratos de concesión vencen, las necesidades de financiación son crecientes. Seopan calcula que los 1.097 kilómetros de autopistas que suprimirán los peajes entre 2018 y 2021 de Europistas (AP1), Aumar (AP7 y AP4), Acesa (AP7, AP2 y B23) e Invicat (C31, C32 y C33), implicarán a partir de 2022 un aumento permanente del déficit público anual de 478 millones.
Con reversiones de agosto la red de peaje española habrá pasado en tres años de 3.304 kilómetros a menos de 2.000 kilómetros, con lo que el peso de las vías de pago se habrá reducido del 18% al 11,5%. Y, además, España concentrará el 73,5% de la red de carreteras de alta capacidad gratuitas de Europa, donde 23 países tienen tarificado el 100%, Italia el 86%, Francia el 79% o Irlanda el 38%. Chipre, Estonia, Islandia, Liechtenstein, Malta y Montenegro son los únicos sin peajes.
Entre las propuestas diseñadas, Seopan plantea unos peajes blandos en la red de 0,03 euros por kilómetro para los vehículos ligeros y de 0,14 euros para los pesados, en la media de Unión Europea. Con estas tarifas y la concesión durante un periodo de 25 años se obtendrían hasta 104.000 millones de pago inicial del sector privado, 4.698 millones al año de ingresos públicos por recaudación de impuestos y 850 millones anuales de ahorro de gasto público en conservación.