La renta mínima solo llegará a la mitad de los beneficiarios
El coste se queda en el 50% de lo previsto: 1.500 milllones
El despliegue del ingreso mínimo vital tampoco será total al final de este año, donde el presupuesto es del 50% de los 3.000 millones previstos. Solo se ha aprobado el 11% de las solicitudes recibidas por el INSS.
El despliegue del ingreso mínimo vital es uno de los principales puntos de fricción en el Gobierno de coalición –Unidas Podemos ya ha introducido hasta 12 enmiendas para la aprobación del proyecto de ley de la medida en los próximos meses– y parece que aún formará parte de la discusión en el seno del Ejecutivo ya que, para este año, la prestación alcanzará solo el 50% del objetivo propuesto por el Ministerio de Seguridad Social en el momento de la aprobación de la medida. Concretamente, el Plan Presupuestaria para 2021 recoge un impacto de 1.500 millones de euros de gasto en concepto de ingreso mínimo, mientras que las previsiones del Gobierno cifran el coste de la prestación en 3.000 millones de euros, una vez el despliegue de la misma sea definitivo.
En este sentido, la propia AIReF ha reflejado recientemente en su informe de Presupuestos Iniciales de las Administraciones Públicas de 2021, este alcance del ingreso mínimo vital solo hasta la mitad de la potencia de fuego que se preveía en primera instancia. Con lo que el gasto presupuestario de la medida alcanzaría 1.456 millones de euros en el conjunto del ejercicio. “La AIReF reduce su estimación del coste del ingreso mínimo vital para 2021 a la mitad, 1.500 millones de euros. Este cambio se justifica por los datos publicados, que muestran que el número de beneficiarios aprobados de la prestación está siendo muy inferior al número de beneficiarios potenciales estimados”, apunta en el informe la Autoridad Fiscal sobre el alcance de la prestación.
Más allá, los datos de la nómina mensual de pagos de ingreso mínimo vital por parte de la Seguridad Social reflejan que hasta el mes de marzo de este año se han recibido más de 1,2 millones de solicitudes, de las cuales se han analizado el 75%, unas 873.000 peticiones. Cerca de 210.000 tramitaciones de ingreso mínimo vital han sido aprobadas en los nueve meses de vigencia de la nueva prestación aprobada con motivo de los efectos de la pandemia sobre la población más vulnerable de España.
Sin embargo, de estas 210.000 ayudas que han sido otorgadas por el Gobierno, unas 75.000 prestaciones fueron concedidas de oficio en el primer pago efectuado el 26 de junio del pasado ejercicio, al tratarse de beneficiarios de las rentas mínimas autónomicas que ya cumplían con todos los requisitos de acceso a la prestación. De este modo, las ayudas aprobadas a partir de solicitud son 135.000, lo que supone un 11,2% de las solicitudes recibidas y un 15,5% de las analizadas –si tomamos las que están a día de hoy otorgadas (210.000), estas son un 17,5% sobre las solicitudes recibidas y un 24% sobre las analizadas–.
En este sentido, con el abono de unos 152 millones de euros correspondientes a la nómina de marzo eleva a más de 920 millones el total desembolsado por la Seguridad Social en estos nueves meses de vigencia de la prestación desde su aprobación y puesta en marcha.
Unas 600.000, denegadas Además de los 1,2 millones de solicitudes recibidas por el INSS, la Seguridad Social ha denegado cerca de 600.000, el 50% de todas las peticiones recepcionadas. “En su mayoría, las denegaciones se han producido por no cumplir el criterio de vulnerabilidad (al superar los umbrales de renta y patrimonio), aunque un 10% de las denegaciones se debe a la falta de acreditación de la unidad de convivencia, para lo que en enero se realizó una modificación normativa para que los trabajadores sociales y entidades colaboradoras del ingreso mínimo vital puedan realizar la acreditación y facilitar el reconocimiento de situaciones
Casi la mitad de las prestaciones se deniegan por superar los umbrales de renta
de convivencia no convencionales”, apuntan desde el Ministerio.
Así, en marzo, casi el 44% de las personas que viven en hogares titulares de la prestación son menores y casi el 70% de las unidades de convivencia a las que se les abonará la nómina de marzo tienen al menos a un menor en ellas. Este hecho hace que, si se tiene en cuenta a todos los miembros de las unidades de convivencia, la edad media se sitúe en 27,55 años.