Los daños del elevado gasto público

El desembolso seguirá batiendo marcas en 2021 sin que el crecimiento o la recaudación puedan respaldarlo

El gasto público batió marcas en España el año pasado al situarse en el 52% del PIB, con un incremento superior a los 92.000 millones en apenas dos años. A primera vista, nada habría que objetar a un desembolso forzado por una crisis imprevisible y de dimensiones históricas. Sin embargo, debe recordarse que actúan también preocupantes inercias muy anteriores a la epidemia. Ya en enero de 2020 los expertos alertaban de que nuestro país incumpliría los objetivos de estabilidad, por culpa del fuerte avance de las partidas puramente corrientes, debido a decisiones como la elevación del sueldo de los funcionarios y las pensiones muy por encima del IPC. Políticas como esas se mantuvieron cuando ya se vislumbraba la gravedad de la crisis y se añadió más presión a un gasto público que, en 2021, volverá a batir marcas. No en vano está aún por contabilizarse el impacto de la nueva prórroga de los Ertes o de los 11.000 millones en ayudas aprobados por el Gobierno a inicios de año. De hecho, el Ejecutivo no prevé medida alguna de contención de sus desembolsos, pese a la creciente dificultad para sufragarlos. Al menor crecimiento del PIB se sumarán unos ingresos fiscales que quedarán muy por debajo de lo esperado. Así, los nuevos impuestos como la tasa Google recaudarán la mitad de lo previsto, mientras el daño infligido por la crisis a las empresas volverá a minar el Impuesto de Sociedades. El propio Gobierno ya reconoce que los planes de Hacienda para subir aún más los impuestos en plena crisis deben retrasarse. En este escenario, agravado por la demora en la llegada de las ayudas europeas, el creciente gasto público se traducirá en unas cifras de déficit y de deuda todavía más preocupantes que las alcanzadas en 2020.