Deberes pendientes
Economista, profesor de la Universidad de Barcelona
Por acá andamos liados con el pomposo Plan de recuperación, transformación y resiliencia, que suena indudablemente a lo grande, contando para ello con ese dinero que volará desde Europa hacia España, los tan sobados 140.000 millones de euros, que aún está pendiente de aprobación por parte de diez Estados miembros y que la Unión Europea tendrá que demandar en los mercados financieros por nada más y nada menos que 800.000 millones de euros. Palabras, hasta la fecha, todas; hechos, hasta el día de hoy, ninguno. Por promesas y brindis al sol que no quede. Por contentar a Europa, me da la impresión de que algo reticente con nuestro Gobierno sobre el dinero que enviará, hágase todo lo que sea menester. Que tenemos un problema de cuentas públicas, pues, nada, endilguemos una subida de impuestos a lo bestia con el cuento de la armonización fiscal de las autonomías y digamos, con bravura, que se recaudarán 90.000 millones de euros extraídos a una economía que si no está agonizante, sí noqueada, con una ciudadanía trasquilada, empresas capitidisminuidas, autónomos arrasados y con unas expectativas de rehabilitación dudosas tanto en 2021 como en 2022. En fin, todo sea por la causa de prometer un mundo mejor y que nuestro país será junto a Estados Unidos el que mayor crecimiento de su PIB tenga este año. Demasiada locuacidad. Más valdrían discreciones y efectividades que no esa facundia.
Posiblemente, para que desde Bruselas nos vean con otros ojos, con independencia de las profecías de reformas fiscales, sea ineludible proceder a cambios en la composición del Gobierno –algo de eso se ha dado- y, tal y como vemos, atemperar discursos recalcitrantes sobre una contrarreforma laboral que extinga la reforma laboral anterior y hoy vigente. También a Bruselas, como al Fondo Monetario Internacional, le gustaría que España avanzara hacia la unidad de mercado, porque con tanta comunidad autónoma, cada cual legisla a voluntad y las barreras que se levantan para la fluidez de nuestra economía entorpecen un mejor desarrollo de esta.
A pesar de tanta algarabía por esos dineros con los que nos regará Europa, hay un detalle a considerar: suenan los acordes de la vieja canción europea, aquella que ya en 2013 la Comisión Europea entonaba como
Europa obligará a acometer un gran esfuerzo presupuestario que corrija el déficit
programa de reformas de España y que, entre excusas típicas de elecciones con intereses cortoplacistas y la querencia por seguir asentando las posaderas en mullidas poltronas y avivar los caladeros de votos, los sucesivos gobiernos han esquivado.
Ahora, con el pseudorescate, la cosa se pone seria y la Comisión Europea recuerda los deberes que hacer. Porque los susodichos dineros están condicionados a varias exigencias, unas sobre su uso y otras relativas a una serie de asignaturas pendientes de reformas que establecer.
¿Qué canción susurraba la Comisión Europea cuya tonadilla volveremos a escuchar? Además del paquete de impuestos y de la revisión profunda del gasto público -que seguirá in albis porque no interesa-, el objetivo primordial es acometer un esfuerzo presupuestario estructural que corrija el déficit público y atempere la tendencia alcista de la deuda pública. Las imposiciones en este punto serán rigurosas y el horizonte temporal será de varios años. De ahí que el Banco de España exhorte sobre la necesidad de llegar a acuerdos políticos que pongan las luces en el largo plazo, evitando ínfulas cortoplacistas que solo llevan a burdas discusiones de patio de colegio, avergonzando al hemiciclo y destilando una calidad de los parlamentarios a veces de baja estofa que en nada ayuda a la imagen de España y que desprestigia a los hipotéticos representantes del pueblo.
Urge asimismo culminar efectivamente la regulación del factor de sostenibilidad del sistema de pensiones alumbrada en 2013, adecuando la edad de jubilación en función de la esperanza de vida, que ha quedado en papel mojado y las pensiones se han disparado. Sobre este particular se está poniendo el acento sobre cómo descargar al sistema financiero de la Seguridad Social de los llamados gastos impropios que, más o menos, suponen en torno a 14.000 millones de euros.
Incuestionablemente, un extremo de hondo calado es el de encarar de una vez por todas la reforma del mercado de trabajo atajando la lacra del paro con políticas activas de empleo, reforzando la eficacia de programas de recualificación para los trabajadores de más edad y escasa cualificación y aplicar medidas de lucha contra el desempleo juvenil. Eso va de consuno con vigorizar la educación y la formación, reducir el abandono escolar prematuro y potenciar la educación permanente, así como la formación profesional dual. Y de igual manera, hay que adoptar y aplicar medidas necesarias para reducir el número de personas con riesgo de pobreza o exclusión social. Con todo, mi vis escéptica aflora ahora mismo.