Así es la trampa de elefantes en la que cayeron Fainé y Brufau
Todo comenzó en 2011. A la fiesta de los Ángeles Custodios de la Policía solían acudir los responsables de los servicios secretos de las grandes compañías del Ibex 35, que en su mayoría son jubilados o habían trabajado para la Institución durante su anterior vida laboral. El excomisario José Manuel Villarejo y su número dos y socio en la empresa Cenyt, Rafael Redondo, revelaron al director de seguridad corporativa de Repsol y excomisario, Rafael Araujo, que estaban trabajando para la petrolera Pemex, y le ofrecieron la posibilidad de contratar sus servicios, según la reconstrucción de los hechos realizada por elEconomista.
En esos momentos, Pemex maniobraba para tomar el control de la española, tras hacerse con el 30 por ciento junto a Luis del Rivero, expresidente de Sacy.
Araujo volvió a su despacho al día siguiente y tardó dos minutos en proponer su contratación a los responsables en Repsol encargados de hacerlo, Juan de Amunátegui y Joaquín Uris, director corporativo y director de servicios patrimoniales, respectivamente, en ese momento. El magistrado imputó también a Rafael Girona, ex subdirector de Seguridad, y llamó a declarar en calidad de testigos al encargado de Seguridad, Rodrigo Álvarez, y al antiguo director financiero, Fernando Ramírez.
El asunto se manejó con discreción entre los principales responsables de Seguridad de Repsol. Quien dio el visto bueno definitivo y se encargó de trasladar la decisión al presidente, Antonio Brufau, fue el actual secretario general del Consejo de Administración, Luis Suárez de Lezo, que en aquellos momentos era también el máximo responsable de los servicios de seguridad e inteligencia, la asesoría jurídica y el comité de ética, además de secretario general, uno de sus hombres de máxima confianza.
Se lo dijo, además, de manera informal y dándolo por hecho, según fuentes cercanas, que insisten en que la contratación no requería la autorización del presidente, al que simplemente se le informó. De Lezo se retiró de sus tareas ejecutivas a finales de 2019, tras percibir una indemnización superior a los 19 millones de euros.
Brufau no le dio mucha importancia, según estos medios, pensó que lo más probable es que se tratara de habladurías, que no llegarían muy lejos, y solo se interesó por el importe, que en principio rondaba los 1,5 millones, aunque la factura final quedó en menos de un tercio. Su reacción fue levantar el teléfono para ponerse en contacto con el entonces presidente de CaixaBank, el primer accionista de la petrolera, y uno de los directivos con el que había compartido gran parte de su vida laboral en la entidad financiera, Isidro Fainé.
Brufau informó del tema a Fainé y, como buen catalán, le pidió que compartiera los honorarios, que requería cobrar el excomisario, que finalmente se quedó en facturar por cada trabajo realizado.
Fainé aceptó sin rechistar y a partir de ahí también cayó en la trampa para elefantes tendida por el excomisario. Ninguno de los dos, según medios cercanos, conocían que detrás de Cenyt estaba el excomisario Villarejo, y mucho menos que este siguiera en activo en la Policía, por lo que se les imputa el delito de cohecho, o que utilizara medios ilícitos para pinchar el teléfono de Luis del Rivero, como sospecha el juez.
En los registros practicados en los domicilios de Villarejo y de Redondo, los agentes se incautaron de dispositivos electrónicos y grabaciones.
Brufau solo tuvo conocimiento del nombre de la empresa Cenyt, y debió de pensar que se trataba de una más de las tantas que contrataban para la persecución de morosos u otros servicios. Su versión coincide con la declaración de Araujo ante el juez instructor en diciembre pasado, en la que señaló que en Repsol creyeron que Villarejo estaba en excedencia en la Policía y jamás sospecharon que utilizara medios ilegales.
El interés por las investigaciones fue decayendo, según declaró el propio Araujo, porque no obtuvo resultados concretos, por lo que solo se llegó a pagar por tres servicios: uno a finales de 2011, otro en 2012 y un tercero, en 2014. Brufau no volvió a interesarse personalmente por el asunto, según estas fuentes. Asimismo, el exjefe de seguridad de La Caixa, Miguel Ángel Fernández Rancaño, que participó por parte de la entidad en las reuniones con el excomisario, señaló ante el juez que había despachado el asunto en una ocasión con Fainé, al igual que hizo el jefe de seguridad de Repsol. Pero, según éste, se comentaron generalidades, porque las investigaciones no arrojaron mucha luz sobre operaciones concretas.
El importe satisfecho a Cenyt acabó siendo muy inferior a lo previsto, alrededor de 400.000 euros. En 2014 se volvió a contratar los servicios del expolicía para el seguimiento del viaje a Alemania del consejero de Pemex y de Repsol, Arturo Henríquez, que había excusado su asistencia al consejo para ver un partido de la Champions League, junto al expresidente de Endesa, Borja Prado. Lo único que recibieron fue una foto de ambos en el aeropuerto, por la que pagaron 20.000 euros.
Lo que alertó al magistrado sobre el conocimiento de los hechos por parte de Brufau y Fainé fue el forénsic encargado por la petrolera a KPMG para aclarar su participación en el denominado caso Wind.
En uno de los párrafos, el texto señala que “probablemente en alguna de las habituales conversaciones que Antonio Brufau mantenía con Isidro Fainé, acordaron compartir los servicios de información del grupo Cenyt”. Los dos presidentes, que tuvieron acceso al documento, no habían dado importancia al asunto hasta poco antes de su imputación, porque el forénsic es tajante en sus conclusiones: “No se han encontrado datos objetivos que evidencien que cuando Repsol contrató con la empresa Cenyt se conociera que pudieran existir impedimentos legales o administrativos, derivados de comportamientos de José Manuel Villarejo o de la situación profesional o administrativa de éste”. Los servicios jurídicos están convencidos de su inocencia, porque aunque fueron informados, desconocían que estuvieran haciendo algo ilegal, simplemente contrataron un servicio de espionaje para defenderse del asalto a la petrolera perpetrado en alianza con los mexicanos de Pemex por el expresidente de Sacyr, Luis del Rivero. Un personaje al que se temía en el mundo de negocios madrileño, por su intento de asalto al BBVA de manera torticera e intentando aprovecharse del odio que el exministro de Industria, Miguel Sebastián, tenía hacia el expresidente del BBVA, Francisco González. Esta semana, Del Rivero declaró ante el juez que desistió del asalto al BBVA cuando vio arder la Torre Windsor para sembrar de nuevo las sospechas sobre el incendio del edificio, sede de la consultora Deloitte, en el que presuntamente se guardaba un expediente secreto sobre las prácticas ilegales de FG para vender su consultora a Merril Lynch. Las declaraciones de Del Rivero en la Audiencia Nacional contrastan con las manifestaciones privadas, en las que siempre culpó al exgobernador del Banco de España, Jaime Caruana, de frenar en seco el asalto, al no dar su plácet para que accediera al consejo de administración, hasta que no alcanzara el 5 por ciento. Del Rivero poseía el 3,1 por ciento y jamás logró el capital adicional para cumplir el objetivo marcado por el entonces gobernador del Banco de España. Su relato ante el juez suena a enredo. Miguel de Cervantes consagró la expresión de que “a veces pagan justos por pecadores” para referirse a los libros que su ama de llaves echó a la hoguera creyendo que eran pecaminosos y causantes de la locura del andante hidalgo Don Quijote. Es lo que puede ocurrir ahora en el caso Villarejo.
Suárez de Lezo, el secretario general de Repsol, contrató a Villarejo y luego informó a Brufau
El forénsic exculpa a Brufau y Fainé y prueba que no conocían los actos ilegales de Villarejo