El Gobierno plantea extender los peajes a todas las carreteras
Sugiere implantar el modelo a partir de 2024
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia guarda más de una sorpresa entre sus páginas. Más allá del pago por uso de las autovías, el Ejecutivo deja la puerta abierta a peajes en el resto de vías.
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que ha enviado el Gobierno a Bruselas guarda más de una sorpresa entre sus páginas. Más allá del pago por uso de las autovías que lleva varias semanas sobre la mesa y que de acuerdo con las primeras previsiones podría implantarse en 2024, el Ejecutivo deja la puerta abierta a imponer un modelo de peajes en el resto de vías de forma paulatina. Las afectadas serían las carreteras titularidad de las comunidades autónomas y las nacionales.
“Se prevé establecer un sistema de pago por uso en la red de carreteras del Estado, que puede ser ampliable al resto de vías”, recoge el Componente 1 del citado documento. Para conseguir este primer hito, el Gobierno ha fijado un plazo de entre dos y tres años, por lo que la fecha teórica de implantación efectiva que se maneja podría situarse en 2024.
Si bien aún queda por delante un desarrollo normativo que no se prevé fácil, el Gobierno plantea una implantación del pago por uso escalable y progresiva y pone como ejemplo la tarificación inicialmente de la Red de Alta Capacidad, y la extensión a otras redes, como la de las comunidades autónomas o la de nacionales, de forma progresiva.
El objetivo de esta medida es garantizar la conservación de la red viaria, además de generar incentivos y una mayor eficiencia en el uso este modo de transporte. El Ejecutivo justifica ante Bruselas la implantación de los peajes bajo la premisa de introducir en España los principios “el que contamina paga” y “el que usa paga”. Al mismo tiempo, admite que esta medida puede generar rechazo.
La principal laguna que percibe tiene que ver con la reacción del colectivo de transportistas profesionales por carretera. Para evitar problemas, creen necesario, dada la experiencia en otros países, llegar a un acuerdo con el sector antes de la implantación de la medida y establecer la obligatoriedad de que sea el cargador quien haga frente a este pago por uso de las vías y no el transportista.
Sigue a Europa Esta medida es común en Europa y lleva varios años en boca de diferentes ministros del ramo. Ahora, y en el marco de las ayudas que España recibirá de Bruselas, el Ejecutivo busca una política convergente que requiere de consensos. En este sentido, se prevé que, además de con los potenciales usuarios de los peajes, exista una interlocución constante con las comunidades autónomas y otras administraciones con el fin de determinar su voluntad de incorporar peajes a las redes de carreteras de su titularidad.
La documentación no desglosa cuáles pueden ser los costes por kilómetro que deban asumir los conductores, si bien en el sector llevan meses cifrando este pago entre tres y cuatro céntimos. La documentación enviada a Bruselas admite que “es esperable” cierto rechazo inicial, además de los profesionales, de la población en general, por lo que la determinade ción de “unas tarifas asumibles por la población a nivel global pero que garanticen una financiación es fundamental”.
En anticipación a estos posibles problemas que pudiesen surgir, la norma establece el eventual planteamiento reducciones o bonificaciones a ciertos colectivos menos favorecidos económicamente, o usuarios habituales en ciertos tramos.
La puesta en marcha de un sistema de peajes en el conjunto de las vías tal y como se ha planteado a Bruselas choca con las actuaciones que se vienen llevando a cabo en los últimos años en España. Cabe recordar que a medida que han ido venciendo las concesiones de los tramos en los que había un peaje, el Estado ha levantado el pago y ha devuelto las vías al sistema preconcesional.
Es el caso de la AP-1, la AP-4 o la AP-7, que en los últimos ejercicios han visto levantar sus barreras.