Bruselas pretende poner coto a las empresas chinas
Propone limitaciones en las compras de firmas de fuera de la UE si tienen ayudas
La Comisión Europea presentó ayer una propuesta para poder contener la entrada en el capital de empresas europeas de compañías extranjeras que accedan al mercado europeo con una posición ventajosa por contar con el respaldo de subvenciones, una medida pensada sobre todo para frenar la llegada de inversores de China en sectores estratégicos en la UE.
En concreto, se trata de que sea obligatorio para las compañías extranjeras notificar al Ejecutivo comunitario toda operación que implique una inversión de al menos 50 millones de euros en una entidad europea cuya facturación supere los 500 millones de euros. También deberían notificar su participación en concursos públicos abiertos en la UE si el valor estimado de la licitación es igual o superior a los 250 millones de euros, informa Ep.
En ambos casos la operación o la concesión del contrato no podrá producirse hasta que la Comisión concluya su examen -sujeto a plazos cerrados- y se prevén sanciones en caso de que las empresas no cumplan la obligación de notificación o concluyan la operación sin esperar el veredicto de Bruselas.
Además, los servicios comunitarios reclaman poder actuar por iniciativa propia para investigar inversiones en infraestructuras, fusiones o contratos sospechosas aunque se sitúen por debajo de los umbrales previsto.
En los casos en que el resultado del examen lleve a identificar una ayuda pública que distorsiona el mercado, la Comisión deberá sopesar si su impacto negativo es mayor que los beneficios, en cuyo caso podrá reclamar medidas correctoras o validar concesiones de la empresa para compensar la distorsión.
Bruselas se lamenta de que las ayudas públicas de terceros países no se someten a casi ningún control mientras que las dispensadas por los Estados miembro pasan un examen minucioso, y cree que la nueva regla cubrirá un vacío que dejaba a las empresas de capital europeo en situación de desventaja.
La UE cuenta ya desde el pasado año con un mecanismo para controlar las inversiones extranjeras en sectores estratégicos de la UE, con un intercambio más fluido de información, pero depende de los Estados miembro y el Ejecutivo comunitario reclama ahora poder actuar por propia iniciativa.
“Si no se siguen las reglas debedicatos confianza en el Gobierno español y detallando las actuaciones llevadas a cabo por el Ministerio para acompañar a los trabajadores en la búsqueda de una solución, como la personación del Ministerio de Industria en el proceso del ERE presentado por Alcoa.
La ministra del ramo se ha comprometido a hablar con la central de la multinacional del aluminio para conocer si mantienen su compromiso de vender la planta gallemos poder actuar. Tenemos que poder intervenir si llegan denuncias”, ha defendido el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, quien ha asegurado que “Europa es y seguirá siendo un continente abierto, pero pone sus condiciones”.
La Comisión plantea las nuevas reglas alertada por el aumento de casos en los que subsidios extranjeros -principalmente desde Chinaparecen haber facilitado la compra de entidades europeas o falseado decisiones de inversión y el acceso a contratos públicos. En todo caso, la propuesta debe ser aún negociada con los Veintisiete y el Parlamento europeo antes de ver la luz.
El Ejecutivo comunitario presentó también una propuesta para actualizar la estrategia industrial de la Unión Europea.
Lanza una iniciativa para evitar el control de sectores estratégicos por terceros países
ga evitando las exigencias “inalcanzables” que se han puesto sobre la mesa en las últimas semanas.
Desde el Gobierno han recordado que tienen a su disposición todos los instrumentos posibles, incluida la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para hacer posible esta venta y evitar el cierre de la planta. Del mismo modo, ha abogado por trabajar de forma conjunta con la Xunta de Galicia para acompañar los proyectos de futuro para la factoría ubicada en A Mariña.
En este sentido, Reyes Maroto trasladó a los representantes de los trabajadores en una reunión celebrada el pasado martes que Sepi “triangulará la venta” de la planta de aluminio “llegado el momento, si es necesario”. Los trabajadores exigen que el procceso se haga con total garantía y piden evitar problemas como los que ahora viven las plantas de Avilés y A Coruña, traspasadas a Alu Ibérica.
La dirección de esta última compañía aseguró ayer, por su parte, que “el trabajo diario” con el equipo interventor le permitirá demostrar “la transparencia” con la que siempre han actuado. Es lo que indicó en un comunicado tras conocerse el pasado martes el auto dictado por el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, que decreta la intervención de la empresa por constatarse “diversas irregularidades en la venta” y por existir indicios de “descapitalización”.
Tras estudiar la resolución, la empresa ha mostrado su “máxima disposición a colaborar” con la Justicia en todo momento y a “facilitar cuanta información proceda para ayudar en el entendimiento de la adquisición de las plantas de producción de aluminio y demostrar su correcta administración”. Todos los trabajadores, ha añadido la compañía, han sido puntualmente informados de esta medida cautelar.