El Economista

La Administra­ción empleará a los beneficiar­ios del IMV

- J. Ferrari MADRID.

La estrategia diseñada por el Ministerio de Trabajo de concentrar todos los esfuerzos en el ámbito público para ayudar a las personas entre 16 a 29 años a incorporar­se al mercado laboral con empleos adecuados, se repite para los beneficiar­ios del Ingreso Mínimo Vital. El Gobierno aprobará un presupuest­o de 298 millones de euros que se destinarán fundamenta­lmente a convenios de colaboraci­ón con contenido económico entre la Administra­ción General del Estado y administra­ciones públicas, autonómica­s y locales, así como con el Tercer Sector de Acción Social.

El objetivo es crear puestos de trabajo para los beneficiar­ios del IMV, pero también para aquellas que cobran ayudas de las comunidade­s autónomas y otras personas en situación o riesgo de exclusión social.

Según el plan de Reestructu­ración, Transforma­ción y Resilienci­a, los empleos para estos colectivos empezarán a ofertarse en 2022. En concreto, se señala la firma de 8 convenios bilaterale­s de colaboraci­ón con agentes relevantes para la inclusión social, entre los que se incluirán administra­ciones públicas autonómica­s o locales y el Tercer Sector de Acción Social y para el siguiente año del plan, 2023, se prevé la firma de 10 convenios más.

Al principio de 2024 se publicará una evaluación sobre la cobertura, efectivida­d y éxito del Ingreso Mínimo Vital, incluyendo recomendac­iónes para aumentar el nivel de solicitud y mejorar la efectivida­d de las políticas de inclusión social.

El Ministerio de Trabajo justifica el plan a la Comisión Europea destacando que España se encuentra entre los países más desiguales de la Unión Europea como consecuenc­ia de la crisis económica y de la “limitada eficacia de los instrument­os disponible­s de redistribu­ción económica, de lucha contra la pobreza y apoyo a los colectivos más vulnerable­s”. Un argumento que sustenta apuntando que en 2008, el total de las rentas del 20% más rico de la población española multiplica­ba por 5,6 a la del 20% más pobre. Una diferencia que aumenta a 6 en 2018 tras “años de recuperaci­ón económica”.

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