Von der Leyen anunciará los fondos sin que haya directrices de reparto
La UE establecerá 10 controles al año para la correcta ejecución de los hitos
España recibe este miércoles la visita de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, con el anuncio bajo el brazo de la aprobación de los fondos de Recuperación y Resiliencia -por parte de la Comisión, aun queda la aprobación del Consejo para finales de junio-, lo que significa para este país 140.000 millones de euros repartidos en 72.000 millones en subvenciones, y el resto en préstamos.
Con su viaje a Madrid, en un tour que luego se extenderá al resto de Estados miembros, la ejecutiva comunitaria tan solo avanza la confirmación y el anticipo de la financiación (9.000 millones de euros), lo que en sí no implica el desembolso del total de las ayudas.
Ayer, fuentes del equipo económico del Grupo Popular explicaban que es a partir de ahora cuando empiezan las dificultades y los controles de la percepción de las ayudas.
Y es que lo aprobado este miércoles no exige detalles, solo alcanza en concreto a que los objetivos y los porcentajes presentados en los planes de recuperación de cada país se enmarquen dentro de las horquillas fijadas por la Unión Europea; y asimismo, a que los objetivos de las reformas, asociadas a un compromiso, expliciten los plazos de cumplimiento.
Por lo demás, en esta fase, Bruselas no entra a valorar mucho más: ni proyectos ni pertes. En primera instancia, solo persigue objetivos que previamente han sido establecidos en un reglamento ad hoc.
El reglamento Fue precisamente en este reglamento donde se estableció la manera de controlar o de evaluar la sostenibilidad a largo plazo, la gobernanza, transparencia y diligencia de esos fondos. Y según el mismo, España, como el resto de socios europeos, tendrá que someterse a al menos 10 controles al año.
Sin contar el grupo de control interno que semanalmente revisará el seguimiento de los fondos, existe además un control bimensual -que a lo largo cada año actuará hasta en seis ocasiones-; dos controles fiscalizadores de los fondos cada seis meses -con capacidad de reducir porcentualmente las ayudas si estas no se adaptan su marcha a los hitos comprometidos-, los controles del semestre europeo (2) y, por último, una revisión cada 18 meses, que puede exigir la devolución de las ayudas recibidas, siempre y cuando las actuaciones no correspondan a los objetivos y compromisos.
La Comisión -remarcan fuentes del grupo popular que fiscalizará los fondos europeos- “no tiene por qué avalar las políticas de Sánchez, sino los porcentajes que se asignen
Sin acabar los deberes A la fecha, España acude a la ayuda de estos fondos sin detallar el instrumento de gobernanza, sin el desarrollo explícito de las reformas, sin la creación de una autoridad independiente para el reparto y gestión, sin la aprobación de los mismos por el parlamento -a pesar de varios anuncios del Plan-, sin la participación de los agentes sociales, la sociedad civil o la opinión de la oposición al Gobierno y, sin la puesta en marcha de ese comité territorial anunciado por Sánchez, para el reparto de los fondos con las CCAA.
A la espera de la última palabra del Consejo Europeo, la incertidumbre del mundo de la empresa -como ha palpado eE- pasa en España por conocer los criterios concretos de la gestión de los Perte -más allá de tres títulos genéricos como el vehículo eléctrico, la salud de vanguardia y el sector alimentario-.
Además también preocupa a la empresa y a las CCAA la definición jurídica del principio general de concurrencia competitiva -si interviene el sector público-, que determine cuándo puede darse un convenio interadministrativo, cuándo un consorcio público-privado y, cuándo una sociedad de economía mixta, sin olvidar las subvenciones.
Los Perte de España están aún sin concretar y se desconoce qué figura les regulará