La UE puede librar a España de los arbitrajes de renovables
Bruselas investiga si el laudo de Antin puede ser ayuda de Estado
La Comisión Europea ha iniciado una investigación sobre el laudo arbitral por el que España debe pagar 100 millones de euros a Antin tras el recorte aplicado a su retribución en 2013. El fondo contaba con una serie de plantas acogidas a un régimen que no había sido previamente autorizado por Bruselas y cuyo pago ahora podría considerarse ayuda de Estado. Si la investigación de la UE calificase estas ayudas como ilegales y obligase a su devolución, España podría llegar a librarse de los cerca de 800 millones que tiene que desembolsar en concept´o de indemnización por el recorte de las renovables de 2011.
En 2018, un laudo arbitral dictaminó que España había infringido el Tratado sobre la Carta de la Energía al modificar el régimen de apoyo a las renovables de 2007 e instaurar un nuevo régimen de apoyo en 2013, en virtud del cual el nivel de apoyo era inferior. El tribunal de arbitraje ordenó a España compensar a Antin por las pérdidas sufridas y una contribución a las costas del procedimiento arbitral.
En esta fase, la opinión preliminar de la Comisión es que el laudo arbitral constituiría ayuda estatal, dado que concede a Antin una ventaja equivalente a las que otorgaba el régimen español no notificado de 2007.
En su sentencia en el asunto C284/16, Achmea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que el arbitraje entre inversores y estados, cuando se aplica entre Estados miembros de la UE, socava el sistema de recursos legales previsto en los Tratados de la UE para resolver esos litigios. Por lo tanto, supone una amenaza para la autonomía del Derecho de la UE y el principio de confianza mutua entre los Estados miembros.
El laudo puede generar discriminación entre los inversores en función de su nacionalidad, dado que los inversores españoles no tienen la posibilidad de interponer una acción ante un tribunal de arbitraje por los mismos motivos.