Ribera se escudó en los consumidores, pero ahora sostiene que las eléctricas necesitaban tiempo
El Gobierno adoptará hoy una batería de medidas para tratar de hacer frente a la galopante inflación que asola a nuestro país por culpa del impacto de los precios de la energía. El problema, que se ha convertido en una seria preocupación en el seno de las principales instituciones económicas europeas, ha llevado al Gobierno a adoptar medidas a las que se resistía hace apenas unos meses como la rebaja del IVA de la electricidad tras el fiasco de la excepción ibérica.
Según el documento de aprobación de esta medida, elaborado por la Comisión Europea, al que tuvo acceso elEconomista.es, España esperaba alcanzar un precio durante el primer mes de 176,60 euros (incluídas las compensaciones y los ingresos de la interconexión), pero la realidad ha sido muy distinta con precios prácticamente muy por encima de los 200 euros todos los días. El Gobierno español pronosticó una rebaja del 15% para los consumidores domésticos y del 18%20% para los industriales, mientras que Portugal no realizó ninguna previsión de reducción y la rebaja apenas alcanza ahora mismo un 5%.
Los primeros meses de la medida iban a ofrecer las mayores rebajas, pero la tensión en los precios del gas ha provocado que la medida estuviera muy alejada de su objetivo y por lo tanto, no sirva para alcanzar su principal objetivo: mitigar la inflación.
La situación es crítica para el Gobierno, ya que si no logra controlar los precios puede ver facturas como las de las pensiones y que se conviertan en un auténtico problema por el elevado nivel de deuda existente en nuestro país. El Gobierno reconoce, según el informe de la Comisión, que la medida es un parche hasta llegar a la reforma del PVPC que no llevó a cabo a finales del año pasado pese a que inició el proceso.
En aquel momento, la vicepresidenta Teresa Ribera indicó que no modificaba el PVPC por la negativa de las asociaciones de consumidores, pero ahora reconoce a Bruselas que no lo hizo por motivos distintos.
Las autoridades españolas explicaron a la Comisión que no ha sido posible completar la reforma en el momento de la notificación -mayo de 2022- debido a la escasa liquidez y alta volatilidad de los mercados de futuros en la Península Ibérica. Sin embargo, esperan que la reforma entre en vigor en octubre de 2022.
Según el Gobierno español, estas reformas solo son posibles con la suficiente antelación para que los proveedores puedan prepararse y comprar electricidad en el mercado a plazo. Como los mercados mayoristas español y portugués están integrados, el proceso de reforma del PVPC español explica también la necesidad de mantener la medida durante el mismo tiempo en Portugal, ya que no sería posible poner fin a la medida en un Estado miembro que en el otro.
Bruselas explica que esta medida temporal puede eliminarse antes de acabar el año si se demuestra que los ahorros son menores de lo previsto.
La Comisión Europea cifra el impacto de las ayudas destinadas por España para luchar contra la subida de la electricidad en 8.500 millones frente a los apenas 740 millones que ha tenido que destinar Portugal gracias a un sistema de tarifas que no traslada directamente a 10,4 millones de consumidores los precios del mercado mayorista.
Otro de los motivos que se eluden en las explicaciones es que el Gobierno arrancó justo en junio del año pasado una tarifa dinámica que pretendía trasladar al consumidor la señal de precios por las horas en las que consumía la electricidad.
El Ejecutivo no quiso desmontar este sistema que ahora tras la aprobación de la excepción ibérica ha quedado ya completamente en agua de borrajas, ya que los precios por las mañana son más elevados que sin esta medida.
España y Portugal cuentan con 28 GW de centrales de ciclo combinado de gas (Naturgy 7,4 GW, Iberdrola 6 GW y Endesa 3,8 GW) repartidos en 80 plantas que han funcionado en un 17% de las horas en España y un 34% en Portugal.