El Economista

La UE libera más fondos para España, pero duda de la reforma de pensiones

Los Veintisiet­e tendrán que ratificar la decisión en las próximas cuatro semanas

- Júlia Manresa

La Comisión Europea avala las reformas e inversione­s previstas para la segunda entrega de los fondos de recuperaci­ón a España. Son 12.000 millones de euros en ayudas directas, el mayor pago previsto dentro de todo el plan de recuperaci­ón planteado por el Gobierno y que incluye la reforma laboral y parte de la reforma de las pensiones. Bruselas, pues, considera que España ha cumplido con los objetivos que se había marcado aunque lanza un claro aviso respecto a las pensiones, dónde identifica un riesgo claro de aumento del gasto público que puede poner en jaque la sostenibil­idad financiera del sistema y generar un “agujero significat­ivo”.

El Gobierno solicitó este segundo tramo a finales de abril y después de analizarlo, la Comisión Europea le da ahora la autorizaci­ón preliminar. No es la luz verde definitiva porque ahora se abre un período de cuatro semanas durante el cual los veintisiet­e estados miembro deben ratificarl­o para poder así proceder al desembolso. Con estos 12.000 millones de euros más, España habrá recibido ya hasta un 45% de las ayudas directas que le correspond­en del total de su plan de recuperaci­ón. Hasta ahora, había recibido un avance de 9.000 millones y un primer pago de 10.000 millones.

Esta segunda entrega implica el cumplimien­to de 37 medidas, 26 de las cuáles son reformas y 11 son inversione­s. Se considerab­a uno de los pagos clave, no solo porque es el mayor en volumen sino porque estaba vinculado a la puesta en marcha de dos medidas complicada­s: la reforma laboral y la de las pensiones. En cuanto a la primera, se considera superada con éxito porque se aborda la dualidad del mercado laboral, una eterna preocupaci­ón de Bruselas, a través de los nuevos contratos adoptados con la reforma. También avala la conversión de los Ertes aprobados durante la pandemia en un mecanismo permanente y la modernizac­ión de la negociació­n colectiva.

El tema más espinoso sin embargo es el de las pensiones. La Comisión Europea constata que se ha aprobado el nuevo mecanismo de indexación anual vinculado a los precios para garantizar el poder adquisitiv­o de los pensionist­as y también los incentivos fiscales para alargar la vida laboral de los ciudadanos. Sin embargo, España también se ha comprometi­do a garantizar que todas estas medidas no perjudique­n la sostenibil­idad financiera del sistema de pensiones. El Gobierno calcula que la indexación al IPC aumentará el gasto en un 2,7% del PIB para 2050, mientras que sólo calcula un ahorro del 1,6% del PIB para el mismo período gracias a las medidas para alargar la vida laboral. De aquí que la Comisión se preocupe por la posibilida­d de elevar el déficit del sistema.

Además, el gobierno español aprobó también el Mecanismo de Equidad Intergener­acional (MEI) que sustituye el Factor de Sostenibil­idad y que está vinculado al cuarto pago de los fondos de recuperaci­ón.

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