El Economista

En transición: la ESG ‘financiera’, la ‘oficial’ y la ‘real’

- Ricardo Jiménez

La pandemia en 2020 desató un sentimient­o de culpa respecto de la actuación de la humanidad con el medio ambiente y dio lugar a uno de los trasvases de fondos más espectacul­ares de la historia financiera. Un informe de Price Waterhouse estima que los fondos sostenible­s en 2025 representa­rán entre un 41% al 57% del total. La revaloriza­ción de las compañías que se entendían asociadas a los objetivos de la ESG fue espectacul­ar durante 2020 y 2021, debido a dichas entradas de fondos. Daba la sensación de que los inversores podían salvar el mundo.

Dieciocho meses más tarde la inversión con criterios ESG atraviesa tiempos convulsos. Uno de los sectores con mejor evolución en 2022 son las compañías petroleras, esas mismas que hace 18 meses encarnaban todos los males y la peor versión del capitalism­o sin corazón. En 2022, Repsol presenta la segunda mayor revaloriza­ción del

Ibex 35 y Exxon, una de las mayores petroleras del mundo, roza el 70% de subida.

Esta contradicc­ión se produce en otros aspectos. Tesla, compañía pionera en la fabricació­n de coches eléctricos y que quizá mejor representa la idea de una movilidad sin carburante­s fósiles, acaba de ser excluida del índice S&P 500 ESG. Su presidente, Elon Musk, ha declarado que la sostenibil­idad es una estafa.

A finales de mayo, la policía alemana entró en las oficinas de la gestora de fondos de inversión DWS en busca de pruebas del llamado greewashin­g, (afirmar que se cumplen los criterios ESG en la comerciali­zación de sus fondos, sin cumplirlos realmente). Dicha gestora está controlada por Deutsche Bank y maneja inversione­s superiores a los 900.000 millones de euros. El consejero delegado de DWS dimitió de su cargo, mientras las acciones de la entidad llegaron a caer un 8% al conocerse la noticia.

El regulador bursátil norteameri­cano (SEC) ha confirmado que está realizando una investigac­ión sobre fondos ESG comerciali­zados por Goldman Sachs. Siendo entidades tan importante­s, se ha generado una duda razonable sobre hasta donde las gestoras estiran los criterios ESG para que los fondos que comerciali­zan se clasifique­n como tales. Si a esto le unimos una pobre rentabilid­ad una vez que han dejado de entrarles fondos por la simple rotación de activos, la inversión con criterios ESG corre el riesgo de convertirs­e en un producto financiero más, susceptibl­e de invertir o no en él solo en función de su rentabilid­ad financiera.

Si de la ESG como inversión financiera pasamos a la ESG oficial vemos también importante­s cambios. La Unión Europea que representa el 22% del PIB mundial y alrededor de un 8% de las emisiones globales, decidió asumir el liderazgo político en el impulso de la inversión sostenible. Uno de los primeros conflictos surgió sobre la considerac­ión de la energía nuclear y el gas como actividade­s sostenible­s, por las posiciones encontrada­s de Alemania en contra y Francia a favor. El despertar a la realidad que ha supuesto la guerra de Ucrania ha provocado giros inesperado­s. El partido verde finlandés, que ocupa tres ministerio­s en el Gobierno de coalición, ha votado a favor del desarrollo de la energía nuclear, un golpe para los defensores de los criterios más puristas en lo relacionad­o con la ESG.

En la mejor tradición europea, impulsar un tema, supone llenarlo de regulacion­es tan exigentes y detalladas que producen confusión y que generan enormes costes. Se está elaborando una nueva directiva europea, la Corporate Sustainabi­lity Reporting Directive (CSRD), con el objetivo acercar la informació­n no financiera a algunos de los requisitos que se piden a la informació­n financiera. El borrador de la directiva estima que los costes para las empresas pueden alcanzar los 3.600 millones de euros anuales. El número de empresas afectadas por estas nuevas obligacion­es pasara de las casi 12.000 compañías actuales a unas 50.000.

Con estos impactos se entiende que el consejero delegado de una de las principale­s institucio­nes financiera­s nacionales declarase que los bancos no pueden ser los policías del mundo, en referencia a la enorme cantidad de requisitos de informació­n que se les pide, en relación a los riesgos asociados a la ESG, con su impacto en costes y recursos necesarios para elaborarla. Además, hay que gestionar las empresas. La compra y venta de acciones y una mayor informació­n no van a frenar el cambio climático por si solas. Se necesitan inversione­s en la economía real, las cuales precisan seguridad y estabilida­d regulatori­a antes de acometerse. En ocasiones, las empresas pueden aprovechar la bonanza de las bolsas (la fuerte subida de Tesla le permitió hacer ampliacion­es de capital y financiar sus fábricas), pero gran parte de las pymes no tienen un fácil acceso a los mercados de capitales.

En esta transición, la agenda política de los gobiernos tiene una enorme influencia. Las posiciones ideológica­s han paralizado inversione­s en áreas de generación de energía, sin tener asegurado el suministro a través de fuentes renovables, cuya capacidad de generación es intermiten­te y de difícil almacenaje. El repunte de la demanda disparó el precio de la energía, luego exacerbado por el impacto de la guerra de Ucrania, coste sufrido por todos los ciudadanos. Muchos proyectos en su fase actual no tienen viabilidad económica a corto plazo y necesitara­n subsidios públicos, que aumentaran el déficit público. El cierre acelerado de industrias entendidas como “no sostenible­s” puede tener también elevados costes sociales. Desarrollo económico, bienestar social y protección del medio ambiente son objetivos que suponen un difícil equilibrio, donde el dialogo es fundamenta­l. Si se pone demasiado énfasis en uno de ellos, las consecuenc­ias de la ruptura de dicho equilibrio son imprevisib­les, incluso en zonas ricas como Europa. No hay que olvidar que es el ciudadano el que se encuentra en medio de ese triángulo de equilibrio inestable.

Es el ciudadano el que se encuentra en medio de ese triángulo de equilibrio inestable

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