LA NACIÓN EN ESTADO

Este Gobierno solo está hecho para la dilapidación del dinero público y no para las reformas

Se cumple en estos días el primer aniversario de la última remodelación del gobierno de coalición socialcomunista. Un gobierno que Pedro Sánchez definió como el de “la recuperación” y que ahora, un año después, se presenta al debate sobre el Estado de la Nación débil, dividido y marcado por unas políticas erráticas y desnortadas que nos han situado a las puertas de una recesión económica de consecuencias aún más graves y traumáticas que las del período 2009-2012.

Los números, que como dicen del algodón no engañan, muestran que hace un año la inflación en España estaba en el 2,9% mientras que hoy supera los dos dígitos alcanzando el 10,2%. Que nuestro producto interior bruto (PIB) crecía al 4,9% mientras que hoy solo lo hace un 0,2% lo que supone en la práctica un estancamiento. Y que solo en los tres primeros meses del ejercicio en curso España ha superado ya el objetivo de deuda previsto para todo el año, alcanzando un máximo histórico de 1,453 billones de euros, el 117% del PIB.

Eso y que nuestro país sigue encabezando el paro de la Unión Europea, que España lidera el Índice de Miseria OKUN que mide el deterioro económico y de la calidad de vida de las clases medias y bajas de la sociedad. Que los españoles estamos sufriendo la mayor pérdida de poder adquisitivo de los últimos

45 años, al tiempo que el Gobierno hace su agosto con la alta inflación al recaudar entre enero y mayo casi 100.000 millones de euros en impuestos, cifra que supone 15.500 millones más que en los mismos meses de 2021 y que supera el aumento de la recaudación previsto para todo el ejercicio.

Un gobierno este, que iba a ser el de la recuperación, que mientras desde el Banco de España, la Comisión Europea, la OCDE, la AIReF, Funcas y agencias de rating como Moody’s encienden todas las alarmas por los altísimos niveles de paro y deuda pública de nuestra economía, insistiendo en que el pasivo será insostenible si no se acomete un drástico plan de ajuste del gasto público, se empecina en una orgía de gasto que, en 2022, sube un 20,2%, y supera en 77.000 millones su nivel de 2018. Gasto que entre otras cosas sirve para mantener el Ejecutivo con más ministerios de la UE, algunos de ellos inútiles y con ministros incapaces y para pagar a esos más de 800 asesores enchufados a dedo, más del doble de los que tenía el último gobierno de Mariano Rajoy.

Claro que pedir medidas antiinflacionistas y de control de gasto a un gobierno que genéticamente no está preparado para las austeridad y las reformas, sino que está hecho para la dilapidación del dinero público, la subvención y las limosnas para comprar votos cautivos es, como dice el refranero, pedir peras al olmo.

Un gobierno cuyas caras nuevas siguen siendo perfectas desconocidas y vacías de actuación, condicionado por prejuicios ideológicos adolescentes, que, si estuviera capacitado para la gestión y no para la propaganda y la supervivencia, habría empezado por abordar la gravísima situación económica desde el origen, la energía. Y en lugar de soluciones que se han demostrado fallidas como el tope del gas o la subvención de 20 céntimos para los carburantes, habría copiado las soluciones de nuestros socios europeos, como Alemania con el partido verde en el Gobierno, que ha renunciado a sus objetivos de descarbonización en 2030 y ha vuelto a abrir sus fábricas. O como Francia que reactiva su apuesta por la energía nuclear con la construcción de seis nuevos reactores. Una energía nuclear que, junto al gas, ya son verdes para la UE y se podrán beneficiar de los incentivos a las renovables, por ser limpia, segura y barata.

Un gobierno, al fin, y unas circunstancias que más que debatir sobre el Estado de la Nación deberían obligar al Parlamento a debatir sobre la Nación en Estado. Pero en estado de alarma. Y más después del maridaje de Sánchez con los herederos de los terroristas de ETA y de escuchar sus innobles y vergonzosas palabras durante el homenaje a Miguel Ángel Blanco, hablando de España y Euskadi como países libres.