Las VTC se aferran al TJUE para operar en Cataluña
La Generalitat aprueba un nuevo decreto muy restrictivo para los próximos dos años
El sector de las VTC tendrá prácticamente imposible operar en Cataluña a partir del 1 de octubre. La autonomía acaba de aprobar el nuevo decreto ley que restringirá su actividad todavía más de lo que ya estaba y deja la industria prácticamente en manos del taxi. Las empresas afectadas remitieron una carta de denuncia a la Comisión Europa, pero saben que sus posibilidades de éxito pasan realmente por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Los dos patronales del sector, Unauto y Feneval, enviaron este miércoles una carta a la Comisión Europea solicitando la apertura de un procedimiento de infracción contra España al considerar que tanto el Gobierno como algunos Ejecutivos autonómicos segan el principio de libertad de establecimiento de su actividad.
La nota llega el mismo día en el que Cataluña aprobó su propio decreto ley, que sustituirá el decreto Ábalos de 2019. La medida es incluso más restrictiva: mantiene los 15 minutos de reserva previa –en Barcelona es una hora–, pero obliga a que los vehículos tengan más de 4,9 metros de longitud, lo que deja fuera a la gran mayoría de turismos.
La industria vuelve a levantar la voz como ya hiciera en 2019, con otra carta a la Comisión Europea que no sirvió de nada. “Las autoridades europeas se han comprometido a mirar con detenimiento el tema para analizar si va en contra del libre mercado y la libre competencia que tanto defienden desde Bruselas”, decía Unauto hace tres años.
Lo cierto es que la vía con más probabilidades de éxito que les queda es la judicial. El Tribunal Supremo elevó en mayo una cuestión prejudicial al TJUE para saber si las restricciones impuestas de una licencia VTC por cada 30 taxis casaban con los principios de libertad de establecimiento europeos.
El caso alcanzó a la justicia continental tras un pleito comenzado por la empresa Maxi Mobility Spain contra la Comunidad de Madrid –que ya comenzó a revertir sus políticas– al haber rechazado 1.000 autorizaciones VTC. Al procedimiento se le sumó otro similar procedente de Cataluña.