El gran alza de las pensiones es el culpable del techo de gasto récord
El techo de gasto se ha anunciado esta semana como el pistoletazo de salida de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del próximo 2023, los últimos de la actual legislatura. En sí, este límite del gasto no financiero marca récord por tercer año consecutivo y roza los 200.000 millones impulsado por la revalorización de las pensiones, que se moverá entre los 15.000 y los 17.000 millones extra según las actuales previsiones. De esta forma, el Ejecutivo español pierde una oportunidad de lanzar a Europa un mensaje contundente de consolidación de las cuentas públicas con una revalorización alternativa.
Si bien, la Comisión Europea mantiene suspendidas las reglas de deuda y la vuelta a la normalidad fiscal no se verá al menos hasta después del próximo año, las arcas públicas han de asumir de forma indirecta parte del incremento de pensiones que, por ahora, cifran en 20.000 millones de euros. Eso sí, los economistas consultados advierten que esta cifra puede ser mayor porque el ritmo de las cotizaciones se deberá incrementar ante un crecimiento de las pensiones que se espera entre el 8% y el 10%.
Desde el Ministerio de Escrivá transmiten que esta revalorización de las pensiones públicas se apoya en un incremento interanual del 8,5% de los ingresos por cotizaciones sociales que alimentan las rentas de los jubilados y llenan las arcas del sistema de pensiones. El propio ministro Escrivá apunta a mejorar incluso una décima el 0,5% de déficit que tiene marcado como objetivo para este año. Los economistas consultados, Diego Martínez y Miguel Ángel García, ambos investigadores asociados a Fedea, ponen en duda el cumplimiento de estos objetivos.
Así, Miguel Ángel García, apunta a una brecha entre el incremento del gasto en pensiones, que está previsto en algo más de un 8%, y este alza de las cotizaciones sociales de los trabajadores. El doctor en Economía Aplicada también apunta a que “las cotizaciones deberían crecer a un ritmo del 10% para evitar que el Gobierno recurra a los gastos impropios” para cubrir parte del déficit de la Seguridad Social, y también alerta sobre la “complejidad” que supone reducir el déficit del sistema revalorizando las pensiones precisamente este año, con la mayor inflación en casi cuatro décadas, que provocaría un gasto extraordinario que se mueve en la horquilla de los 15.000 y 17.000 millones de euros que deberá afrontar la Seguridad Social en 2023.
En el actual incremento de los ingresos por cotizaciones tiene gran peso la subida de los salarios para cubrir la pérdida de poder adquisitivo, el alza del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y, especialmente, la mejora del mercado laboral en su conjunto.
Las propias previsiones del cuadro macroeconómico de Calviño apuntan a un menor ritmo de crecimiento de los ingresos por cuotas a la Seguridad Social, pues revisó a la baja las previsiones en la reducción de la tasa de desempleo de cara a 2023, dejándola en un 12%, tres décimas más que el 11,7% previsto anteriormente, lo que implicaría menos ingresos para las arcas de Escrivá.
Este límite de gasto no financiero anunciado sirve como “elemento negociador” de las próximas cuentas públicas. El debate entre economistas se concentra en cómo pueden hacer frente las cuentas públicas españolas al gasto extraordinario en pensiones que se cifra en al menos 15.000 millones de euros, según calcula la AIReF, o a unas transferencias récord a las comunidades autónomas que Montero cifra en 136.000 millones, un 24% más que el presente 2022.
El techo de gasto apenas sube 2.000 millones, si bien tiene varios frentes abiertos. Principalmente, la explicación del incremento del gasto en pensiones a causa de la revalorización, que queda fuera de techo de gasto, y que en lo relativo a este aspecto recoge transferencias por valor cercano a 20.000 millones para cubrir déficit de la Seguridad Social, contributivo y no contributivo. Eso sí, la Seguridad Social tiene su propio presupuesto diferenciado e incluido dentro de los PGE.
Prevén un aumento del déficit
Con un incremento del gasto en pensiones ya en 2023, el déficit podría incluso aumentar, tal y como explican los economistas. Por tanto, el alza del techo de gasto implica traspasar 20.000 millones que servirán para cubrir una parte de gastos impropios, que el propio servicio de estudios económicos Fedea cifra en unos 15.200 millones, y habría que sumar otros 6.000 millones extra correspondientes al medio punto sobre el PIB de déficit con el que espera finalizar el año la cartera de Seguridad Social por el pago de pensiones.
El límite de gasto no financiero incluye, por tanto, las partidas del Estado, dejando fuera las transferencias a las comunidades autónomas y las Corporaciones Locales que deben establecer sus propios techos de gasto. Sin embargo, es un mero “elemento de tope del gasto para evitar que la negociación presupuestaria no mire al alza” y que descarrile el objetivo del gasto, explica Diego Martínez. No reflejan si serán unos Presupuestos expansivos o contractivos, explica. Por tanto, es un tope de gasto público a cumplir en los Presupuestos que en condiciones normales “muere” el 31 de diciembre, fecha en la que deben estar aprobados los Presupuestos.
Pero las CCAA no pueden fijar su techo de gasto si desconocen cuánto van a recibir del Estado. Una paradoja que sorprende al economista Diego Martínez, que apunta que la Junta de Andalucía ha tenido que aprobar su techo de gasto sin poner una cifra. Los expertos de Fedea limitan, pues, por todo estos hándicaps la edificación del techo de gasto aprobado esta semana por Montero.
Seguridad Social tiene un Presupuesto diferenciado dentro de los PGE Una transferencia récord a las CCAA de 134.000 millones queda excluida