Es difícil de controlar que las entidades no trasladen el nuevo impuesto a los clientes
Han ganado mucho dinero los bancos? ¿Sobre esos beneficios han pagado muchos impuestos? A estas dos preguntas, que son fundamentales en un debate serio sobre un nuevo impuesto a la Banca, es conveniente contestar con datos. Así, según las cuentas anuales consolidadas del impuesto de sociedades de 2019, publicadas hace unos días por la Agencia Tributaria, y que son las últimas disponibles, los 36 grupos consolidados de entidades de crédito tuvieron 20.334 millones de euros de beneficios. En términos netos, es decir, descontando las pérdidas, su resultado contable consolidado fue de 18.469 millones de euros. Sin embargo, la base imponible del impuesto de sociedades sólo fue de 2.031 millones de euros. Sobre este importe, 25 grupos consolidados ingresaron 424 millones de euros.
Las ratios de tributación efectiva no pueden ser más dispares. Por una parte, la ratio sobre base imponible asciende al 23,02%, ya que recordemos que para los bancos el tipo nominal del impuesto de sociedades es del 30%. Sin embargo, sobre el resultado contable, el tipo efectivo asciende únicamente al 2,09%. La razón de esta disparidad es que la base imponible es muy inferior a los beneficios.
Esto tiene dos causas, por una parte, la deducibilidad de los activos fiscales diferidos.
Estos activos computan como capital, están garantizados por el Estado, y se pueden deducir de la base imponible, con ciertos límites. El origen de los activos fiscales diferidos está en las brutales pérdidas que tuvo que reconocer la Banca en 2012 tras el estallido de la crisis inmobiliaria. Un activo fiscal diferido es una anotación contable por la que se reconoce un derecho a pagar menos impuestos en el futuro. El sistema más habitual, como explico en mi libro ¿Hacienda somos todos? es reducir una pérdida en un 30% porque en el futuro el Banco podrá pagar menos impuesto de sociedades, aunque para que eso ocurra hay que ganar dinero y generar bases imponibles positivas.
En 2019, la Banca tenía en sus balances activos fiscales diferidos por 60.314 millones de euros. Esto supone que los bancos deberían tener bases positivas de unos 200.000 millones de euros para podérselos compensar en su integridad. De estos activos fiscales diferidos, aproximadamente la mitad están garantizados por el Estado, lo que significa que, si una entidad tiene pérdidas contables significativas, o se tiene que liquidar, entonces sus activos fiscales diferidos garantizados se convierten en devoluciones tributarias. Obviamente, cuando se reconoce una devolución de unas cuantías que no se han ingresado en Hacienda, el resultado es déficit público. Esto no es teoría y ya pasó con las pérdidas del Banco Popular, que en mi opinión deberían computarse como una parte del coste del rescate a la Banca, que fue, fundamentalmente, un rescate a los depositantes en las antiguas cajas de ahorro.
Además del régimen de activos fiscales diferidos, que es una peculiaridad de la Banca, pero que corresponde a pérdidas reales, el otro gran factor que hace que la base imponible sea muy inferior a los beneficios, es simplemente que estos beneficios se obtienen en el extranjero. En 2019, los grupos consolidados de entidades de crédito, la gran Banca, tuvieron dividendos y plusvalías exentos por doble imposición por importe de 19.864 millones de euros. Esto significa que casi todo su beneficio provenía del exterior, y correlativamente, que en España no ganaron demasiado dinero.
Esto está empezando a cambiar con la subida de los tipos de interés, que aumenta los márgenes bancarios, devolviéndolos a la normalidad. Pensemos que, a finales del pasado año, el euribor estaba al -0,5%. Por lo tanto, en una hipoteca con un diferencial de un punto, una entidad financiera cobraba un 0,5%. Lo habitual es que la entidad se financiase con depósitos sin remuneración, pero a los que tampoco podía exigir un interés, ya que el depositante tenía la opción del dinero en efectivo, por el que no hay que pagar.
Ahora, con el euribor al 1%, el banco podría cobrar un 2%, y se sigue financiando con depósitos al 0%. Esto supone pasar de un margen del 0,5% al 2%. Sin embargo, si los tipos de interés siguen subiendo, los depósitos pasarán a retribuirse, con lo que el margen no va a seguir creciendo. Por otra parte, si los créditos pasan a ser mucho más onerosos, esto acabará reflejándose en la mora de las entidades, lo que repercutirá, negativamente, en sus beneficios.
Las entidades de crédito sólo podrían obtener beneficios extraordinarios si hubiese falta de competencia que les permitiese incrementar los márgenes. Esto podría haberse dado ya en España. En un artículo del Boletín Económico del Banco de España del año pasado se señalaba que mientras en 2014 un español soportaba de media un tipo del 6,5% al solicitar un préstamo personal, un francés pagaba el 4,3%, un italiano el 5,6%, un portugués el 7,4% y un alemán solo el 3,9%. El Banco de España achacaba este diferencial a las características del mercado de trabajo en España. En mi opinión, no debería descartarse que una de las causas fuese un problema de competencia, especialmente tras la desaparición de entidades y los procesos de concentración bancaria.
En cualquier caso, el principal problema de la concentración bancaria es que los bancos resultantes acaban siendo demasiados grandes para caer con todo lo que supone de riesgo. Recordemos que en Irlanda la quiebra de sus dos principales bancos llevó al país al rescate.
En términos generales, este es el panorama del sector de entidades de crédito, según los últimos datos disponibles de la Agencia Tributaria, cuando el Gobierno estudia un nuevo impuesto extraordinario sobre algunas entidades. Sobre esta cuestión, un par de apuntes. En primer término, que, si el impuesto no se traslada a los clientes, lo que no es fácil de controlar, los bancos ganarán menos dinero con el que dotar provisiones y reservas, con lo que serán menos solventes, salvo que reduzcan los dividendos. Por supuesto, si el impuesto se repercute, afectará al flujo de crédito a la economía. En segundo lugar, si se plantean impuestos extraordinarios a varios sectores, entonces, más que problemas sectoriales, lo que tenemos es un problema con el diseño del impuesto de sociedades, pero de eso hablaremos en otra ocasión.