Difícil aplicación del plan energético
El encarecimiento de la energía constituye un desafío a escala europea, pero España lo afronta de un modo sustancialmente distinto a sus principales socios comunitarios. La primera diferencia radica en la premura, o incluso franca precipitación, con la que el Ejecutivo del presidente Pedro Sánchez ha actuado. No en vano sus medidas se encuentran desde ayer en vigor. Mientras, Francia o Italia todavía se hallan en la fase de consultas o se han limitado hasta el momento a establecer recomendaciones, pese a que Bruselas les marca unos objetivos de reducción de consumo más ambiciosos que a España (15% frente al 7% de la excepcionalidad ibérica). Muy posiblemente, esa cautela evitará que se produzca una respuesta en contra tan unánime como la que han protagonizado empresarios y Gobiernos regionales en el caso español. Lo que ya puede asegurarse es que el plan de restricciones de nuestro país destaca por la gran duración que el Ejecutivo le otorga, hasta noviembre del año que viene, cuando en otros países optan por ceñirse al plazo establecido por la UE, que termina el 31 de marzo del ejercicio 2023. No obstante, la gran diferencia respecto al estándar europeo estriba en el extraordinariamente severo régimen sancionador del plan español con respecto a sus comparables europeos. No hay parangón para las multas de hasta 100 millones de euros, en el caso de las infracciones más graves, que el decreto-ley español ya contempla y que Gobiernos regionales como el madrileño consideran flagrantemente inconstitucionales. Las autonomías se ven así obligadas a mantener una difícil vigilancia, sobre miles de negocios de todo tipo, para aplicar unas sanciones que, en muchos casos, consideran indefendibles.
La larga vigencia de esta iniciativa y la inusitada dureza de sus sanciones plantea dificultades a las autonomías