FRACASO DE LA DGT: MÁS FALLECIDOS EN JULIO Y LA JUSTICIA TUMBA EL ‘SISTEMA CAPA’
El director de la DGT, Pere Navarro, desde que tomó posesión de su cargo, en julio de 2018, solo se ha ocupado de aumentar la recaudación por tasas y multas, generando excedentes de tesorería, que ha transferido al Gobierno. Si hubiera invertido dicho dinero, más de 150 millones de euros cada año, en seguridad vial, tal vez habría solucionado dos de los mayores problemas que tiene la DGT: reducir las víctimas de accidentes, que crecieron un 12% en julio, y garantizar el derecho de los ciudadanos a realizar un examen para obtener la licencia de conducción.
Hasta el 31 de julio han fallecido en vías interurbanas 607 personas. Esto supone un 10% más que en el año 2019, último comparable, y casi un 20% más que en el año 2020. Solamente en este último mes de julio los fallecidos a 24 horas en vías interurbanas han sido 137, un 12% más que en 2019 y un 32% más que en 2020.
Cifras alarmantes
Las cifras son alarmantes, ya que la tendencia al alza de los fallecidos en vías interurbanas, ya apuntada en nuestro anterior artículo del 19 de mayo, no se ha reducido a pesar de las mismas medidas de siempre, anunciadas por el ministro Marlaska: control de velocidad, lo que supone también más fallecidos.
El segundo objetivo se sigue sin cumplir. La plantilla de examinadores es insuficiente desde hace años, y esta situación ha desembocado en que a finales del 2021 cerca de un millón de personas estén pendientes de examen.
Si se tienen en cuenta las cifras de aprobados en la prueba de circulación y conducción del permiso de la clase B, correspondientes al 2021, y se lo aplicamos a los 962.829 no aptos a finales de 2021, el número de pruebas de circulación y conducción a realizar en el año 2022 sería de unos dos millones aproximadamente. Si además tenemos en cuenta los no aptos en la prueba teórica del permiso de la clase B (303.875), en el año 2021, con el mismo calculo las pruebas a realizar serían unas 650.000.
Si tenemos en cuenta además la oferta de empleo público que el Gobierno ha presentado en este 2022, unas 25.000 plazas, que se presenten una media de 30 aspirantes por plaza, y que la mitad de los mismos no dispongan de permiso de conducción de la clase B que se exige para muchos de estos puestos, tendríamos otras 375.000 personas demandantes de su carné. Y con el mismo cálculo indicado las pruebas a realizar serían 700.000 aproximadamente.
El total de las pruebas de conducción a realizar estarían comprendidas entre un mínimo de 2.000.000 y un máximo de 3.350.000. Teniendo en cuenta que los examinadores hacen un máximo de 12 pruebas durante su jornada laboral, el número total de horas necesarias de examinador, para regularizar la situación, estaría comprendida entre 1 y 2,3 millones de horas.
La plantilla de examinadores trabaja una media de 1.568 horas al año, por lo que se necesitarían entre 850 y 1.425 examinadores trabajando un año completo para regularizar la situación. Además, harían falta examinadores complementarios que realizaran el resto de pruebas para licencias de conducción de vehículos ligeros (teórico), pesados, motos, etc.
El número máximo de examinadores efectivos, que puede realizar las pruebas es de 746 a día de hoy, descontados los examinadores que realizan funciones de Coordinador, los que prestan su labor en otros servicios y los que están dados de baja por distintos motivos. La plantilla mínima debería ser de 1.075 examinadores (975 efectivos descontados los que realizan otras labores). Además, deberían cubrirse las bajas por jubilación según se vayan produciendo.
Sistema CAPA
La DGT ha implantado en todas las Jefaturas Provinciales de Tráfico el sistema CAPA (que filtra a la baja las personas que pueden acceder a la prueba de circulación y conducción, una vez superada la prueba teórica) y no ha habido restricciones económicas para su puesta en marcha. La DGT, en vez de aumentar la plantilla de examinadores, se ha inventado una diabólica solución: adaptar la inmensa demanda de exámenes a la escasa oferta de examinadores mediante la implantación del sistema CAPA.
El sistema CAPA (Capacidad para las Pruebas de Aptitud), según declaraciones efectuadas por la subdirectora de Formación de la DGT, María José Aparicio, “es un algoritmo que permite ajustar y repartir la capacidad de examen de cada Jefatura Provincial de Tráfico”, mediante el cual se asigna un cupo de alumnos que puede presentar a examen cada autoescuela adaptado a la capacidad que tiene para examinar cada Jefatura. Todo ello en función de la bolsa total de alumnos, de cada autoescuela, que hayan superado la prueba teórica, y de la tasa de éxito de la propia autoescuela.
Autoescuelas canarias
La Federación de Autoescuelas Canarias (Feaca), la Asociación Canaria de Centros de Formación, la Asociación Provincial de Autoescuelas de las Palmas de Gran Canaria y el Instituto de Tráfico y Transporte SL interpusieron los recursos 171/2021 y 200/2021, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal de Justicia de Madrid. El objetivo era ejercitar pretensión declarativa de nulidad de la Instrucción 2020/C-136, del Director General de Tráfico, de 29 de enero de 2.020, sobre el sistema CAPA.
Dicha Sala, en sentencia 361/2022, de 20 de julio de 2022, estimó el recurso presentado relativo a la Instrucción 2020/C-136 y, en su virtud, declaró su nulidad, con todos los efectos inherentes, condenando a la demandada Dirección General de Tráfico a pasar por ello, con imposición de costas a la demandada.
Aumentar plantilla
Suprimido el CAPA, el director de la DGT debería de aumentar la plantilla de examinadores, cosa poco probable vista su actitud de los últimos años. Por ello, el Gobierno debería implementar fórmulas mixtas de participación público-privada para la realización de las distintas pruebas para obtención de todos los tipos de licencias. Y así adaptar la oferta de exámenes a la demanda y regularizar la situación.
Sorprende también que el recurso haya sido interpuesto por asociaciones regionales de autoescuelas, y no por la mayor patronal del sector, la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE). El presidente de CNAE explicaba el 9 de febrero de 2021: “CNAE nunca estará a favor de un sistema que limite la actividad de las autoescuelas. No obstante, si suprimiéramos el CAPA, el problema seguiría existiendo, y quizá, en mayor medida. Con o sin CAPA, si no hay examinadores suficientes los alumnos y las autoescuelas seguiremos teniendo el mismo problema”.
Pese a estas declaraciones, la CNAE no ha logrado en este tiempo obtener por parte de la Administración un aumento de la plantilla de examinadores que permitiera a sus afiliados realizar su labor de forma eficiente, y el sistema CAPA sigue vigente hasta ahora.
Pere Navarro debe preocuparse menos de recaudar y mandar el dinero recaudado al Gobierno para que se lo gaste, en Dios sabe qué, y preocuparse más de gastar el dinero en seguridad vial, en aumentar la plantilla de examinadores y, sobre todo, preocúpese de disminuir la cifra de víctimas en carretera por accidentes de tráfico. Esa es su responsabilidad y no la de ser recaudador del Gobierno.
Entre enero y julio han fallecido en vías interurbanas 607 personas, un 10% más frente a 2019