FERROVIAL Y LA LIBERTAD DE EMPRESA
Resulta cuando menos sospechoso que justo veinticuatro horas antes de que la Junta de Accionistas de Ferrovial decida sobre el traslado de la sede a Países Bajos, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía, Nadia Calviño, anunciara la creación de un observatorio para poner bajo control los márgenes de todas las empresas españolas.
La misma vicepresidenta del mismo gobierno, con su presidente al frente, que haciendo gala de un hostigamiento antidemocrático propio de los regímenes totalitarios se dedican a denostar y amenazar con la Agencia Tributaria a Ferrovial, sus accionistas y su presidente, Rafael del Pino, por una decisión de traslado que obedece a motivos estrictamente empresariales y de crecimiento, mejora del negocio y para tener mayor operatividad en el mercado norteamericano, aderezado con una pérdida de confianza en la gestión de quienes hoy dirigen un país que solo en 2022 vio cerrar a 26.000 empresas. Consideraciones todas que nada tienen que ver con la intención de no pagar impuestos, o pagar menos, como aducen arbitrariamente desde el Ejecutivo.
De hecho, el propio Rafael del Pino y los principales responsables de la multinacional española han reiterado en numerosas ocasiones que seguirán manteniendo el negocio y los empleos en España y que, por supuesto, seguirán tributando en nuestro país por los beneficios obtenidos. Aparte de que, como demuestra un reciente estudio del Banco de Sabadell, el ahorro fiscal para Ferrovial por el traslado de la sede sería de apenas unos 49 millones de euros, dado que la compañía ya desempeña la mayor parte de su actividad fuera de nuestras fronteras.
Amenazas e improperios por parte de un Gobierno, que permaneció mudo y sin moverse cuando sus amigos de Mediaset se trasladaron también a Países Bajos, y al que no le importa pisotear la libertad de empresa y de mercado que consagran nuestra Constitución y los principios de la Unión Europea que prohíbe tajantemente todas las restricciones a los movimientos de personas y de capitales entre los Estados miembros y entre esos Estados miembros y terceros países.
Amenazas y vulneración de derechos y libertades que se alejan mucho de la reacción que debería demostrar un gobierno responsable y tolerante para aproximarse a las dictaduras bananeras del centro y sur de América. Un gobierno que, en lugar de plantearse las razones por las cuales una compañía emblemática de la marca España se deslocaliza y de esforzarse en garantizar la seguridad jurídica de las empresas y de los inversores para evitar nuevas fugas y paralización de decisiones de inversión, se dedica a demonizar a los empresarios, insultar públicamente con nombres y apellidos y a atacar los intereses de nuestras empresas que, recordemos, son los auténticos creadores de empleo y de riqueza, aquí y fuera de nuestras fronteras.
Una reacción tan extemporánea como improcedente que se produce, además, en vísperas de que España asuma la presidencia de turno de la Unión Europea. Y que se lleva a cabo no por defender los intereses nacionales, sino única y exclusivamente por el perjuicio que la marcha de Ferrovial pueda tener sobre la imagen interna y externa de su presidente. Todo ello sin reparar en los daños que ello pueda tener, y de hecho está teniendo, sobre la imagen internacional de nuestro país, la falta de seguridad jurídica en España y sobre las deslocalizaciones o la paralización de las inversiones extranjeras. Pero eso, para ellos, son daños colaterales que ni consideran ni les importan salvo cuando afectan directamente a sus intereses electorales o patrimoniales.
El hostigamiento del Gobierno a Ferrovial es un atentado a la libertad de empresa y de mercado