La Ley de Vivienda traerá subidas inmediatas del alquiler y retirada de casas
El sector advierte de que la nueva normativa genera mucha inseguridad jurídica y empeorará el estado de las viviendas
Se avecinan subidas inmediatas en el precio del alquiler. La incertidumbre generada por la nueva ley de vivienda, todavía pendiente de aprobación, llevará a los propietarios de pisos a forzar un encarecimiento de las rentas. Así lo han advertido los expertos consultados por elEconomista.es, que aseguran que el ruido generado en torno a la nueva normativa, que plantea topes al alquiler en las zonas tensionadas y un nuevo índice de referencia para todo el mercado a partir de 2025, generará también una fuga de pisos hacia el mercado de la compraventa.
“Las viviendas que están ahora en fase de alquiler van a subir sus precios”, explica Luis Corral, CEO de Foro Consultores, que apunta que “probablemente en una gran parte de los contratos que estén ya sin prórrogas forzosas se acelere el proceso de resolución del contrato para poder alquilar a un precio más elevado”. “De esta forma se intentará compensar las futuras limitaciones de precios que contempla la nueva ley”, explica el experto.
Por otro lado, Corral destaca que muchos propietarios “van a paralizar el alquiler de sus viviendas por las inseguridades jurídicas que trae consigo la nueva ley que potencia el freno a los deshaucios, y puede que finalmente decidan trasladarlas al mercado de la compraventa para invertir en otros sectores ese dinero”. Esto es algo que el sector lleva detectando ya desde hace meses al calor las negociaciones de la nueva normativa.
El encarecimiento que se va a producir en el mercado de forma inmediata podría rondar el 3%. “Los propietarios querrán aspirar a más, pero creo que será este el incremento que pueda soportar el inquilino, ya que los precios del alquiler esttán tensionados tras varios años al alza”.
Sin ir más lejos, el precio del alquiler cerró marzo alcanzando un nuevo récord con una subida interanual del 9,7%, situándose en nueve comunidades en máximos históricos, según los últimos datos publicados por Fotocasa.
Mikel Echavarren, CEO de Colliers, advierte de que la ley de vivienda conseguirá “justamente el efecto contrario del que se declara, con fines electorales, disminuirá radicalmente la oferta y, por tanto, se incrementará la renta de mercado”.
Así, el directivo cree que “la congelación e intervención de la renta creará guetos de inmuebles donde no sea rentable acometer rehabilitaciones destinadas a incrementar su sostenibilidad, ya que dichas inversiones no se reflejarán en incrementos de rentas bajo esta ley”.
Echavarren destaca que esta normativa también “atenta significativamente contra la propiedad privada” al reservar un porcentaje de la edificabilidad existente en suelos urbanos consolidados a vivienda protegida. “Dicha experiencia ya se ha intentado en Barcelona con nefastos resultados”, advierte.
Mercado negro
Otro de los miedos del sector es el resugir del mercado negro al que se verán forzados a acudir los inquilinos. A ello hay que sumar un aumento de la economía sumergida y huida de inversores. “Nos preocupa que el alquiler vuelva a convertirse en la última opción para acceder a una vivienda digna en España”, sostiene Antonio Carroza, presidente de Alquiler Seguro.
En la misma línea se pronuncia el consultor inmobiliario Eduardo Molet, que cree que lo que hay detrás de la nueva ley de vivienda es una visión cortoplacista sobre cómo abordar un problema que va más de allá de regular precios.
“Es una medida electoral que deja en manos de las comunidades autónomas la aplicación final de la ley. Habrá mucha desigualdad entre regiones dependiendo del signo político de cada comunidad, y eso, como siempre, lo acabarán pagando propietarios e inquilinos”, dice.
La Asociación Madrileña de Empresas Inmobiliarias (Amadei) también se ha pronunciado rotundamente en contra de la norma que, a su entender, presenta evidentes lagunas como, por ejemplo, cuál sería el índice de actualización de las rentas a partir de 2025; qué pasará con aquellas comunidades autónomas que rehúsen aplicar la medida, además del posible conflicto que puede crearse entre ayuntamientos y comunidades a la hora de delimitar las zonas tensionadas, todo lo cual está por ver si funciona o no.
“Los efectos paralelos son tan adversos, que el bienestar social neto sale muy perjudicado, ya que las medidas solo benefician a un sector reducido de la población”.
Respecto al hecho de que los gastos de gestión inmobiliaria y los de formalización del contrato serán siempre a cargo del arrendador, desde la asociación dejan claro que muchas personas que buscan piso también encomiendan a las agencias que les gestionen dicha búsqueda.