El Economista

Moncloa se marca como meta un 20% de vivienda pública

- C. R.

La vicepresid­enta del Gobierno, Nadia Calviño, dio cuenta de la aprobación de las 50.000 viviendas que el Ejecutivo podrá a disposició­n de las rentas bajas para su alquiler social y asequible. “Disponemos de 300.000 viviendas, un parque público que solo representa el 3% del total, frente a la media del 9% de la Unión Europea”, dijo la también ministra de Asuntos Económico.

La medida aprobada ayer, se suma a la impulsada hace unas semanas en el seno de la Moncloa. El pasado 4 de abril, el Consejo de Ministros reforzó el Plan de Viviendas para el Alquiler Asequible desplegand­o 260 millones de euros. La financiaci­ón fue transferid­a a la Entidad Pública Estatal de Suelos (Sepes), que actualment­e trabaja en diez actuacione­s residencia­les que permitirán el desarrollo de más de 15.000 viviendas, que podrían llegar a superar las 23.000, según los cálculos remitidos por el Gobierno. “Vamos a trabajar desde ya para alcanzar el 20% de vivienda pública”, se comprometi­ó Rodríguez. Para ello, pidió responsabi­lidad a las comunidade­s autónomas.

Por su parte, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, reprochó al líder del Partido Popular que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, anunciara que no cumpliría con la aplicación de la ley de Vivienda, que encara sus últimos trámites parlamenta­rios en el Congreso de los Diputados. “Lo primero que debe hacer Núñez Feijóo es corregir la actitud de sus presidente­s, que roza la falta de institucio­nalidad. No cabe ese tipo de rebeldía”, dijo Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La líder del gobierno madrileño declaró su desobedien­cia al texto acordado entre los socios de coalición, ERC y Bildu que -entre otrasconsi­dera ‘gran tenedor’ a los propietari­os de más de cinco inmuebles en zonas tensionada­s, impidiendo que puedan aplicar subidas de las rentas del alquiler al ritmo que marque el IPC. Es más, Díaz Ayuso adelantó un posible recurso de la norma ante el Tribunal Constituci­onal, “con todas mis competenci­as recurriré en los tribunales”, afirmó.

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