Crece la inseguridad jurídica del empleo por los errores normativos del Ejecutivo
Laboralistas censuran la ‘deficiente técnica’ legislativa que abusa del decreto-ley
La avalancha regulatoria en materia laboral desatada con el estallido de la pandemia en 2020 no ha hecho sino acelerarse en la recta final de la Legislatura. Y no solo desde los departamentos competentes en la materia. Mientras los ministros compiten entre ellos para sacar adelante sus proyectos estrella, el volumen de textos legales que afectan al ámbito del empleo se incrementa. Pero con ello, también los errores y contradicciones que disparan la inseguridad jurídica de empresas y trabajadores.
El pasado 28 de febrero, el Boletín Oficial del Estado publicó dos normas recién aprobadas por las Cortes: la nueva Ley de Empleo, impulsada por el Ministerio de Trabajo, y la conocida como Ley Trans, elaborada por Igualdad. Ambas modificaban el mismo apartado c del artículo 16 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social para perseguir la discriminación en procesos de selección.
La versión del departamento que dirige Yolanda Díaz planteaba una reforma profunda del apartado. Pero la del Ministerio de Irene Montero recuperaba la redacción anterior (de 2015, aprobada con el PP) y solo añadía las exclusiones de candidatos por “identidad sexual, expresión de género y características sexuales” como causa sancionable.
‘Bombardeo’ regulatorio
El problema es que, al publicarse ambas redacciones en el BOE a la vez, la versión a aplicar queda en un limbo ante el que ni las empresas ni la propia Inspección de Trabajo tienen claro a qué atenerse.
El Gobierno corregirá este problema en una enmienda a otra norma que entrará en vigor en breve, según Trabajo, que califica de error técnico esta sorprendente falta de coordinación en la tramitación y negociación parlamentaria de ambas normas. En cualquier caso, un ejemplo más de lo que la asociada sénior del área de laboral de Gómez-Acebo & Pombo, Laura Castillo, censura como una “deficiente técnica legislativa”. A casos como este se añade la “corrección de erratas” de la orden de cotización de la Seguridad Social para 2023 que sorprendió a las empresas a puertas de la Semana Santa.
Estos fallos recuerdan a los problemas generados por otras normas laborales, como las vinculadas a la “prohibición” de despedir. El Tribunal Supremo ya ha dejado claro que este veto no es tal, porque el Gobierno no lo hizo explícito. Aun así, Trabajo rechaza cambiar la redacción de una propuesta cuya eficacia sigue defendiendo. Pero también se dirime en los tribunales el alcance de la disposición de la Ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación, de nuevo impulsada por Montero, que establece la nulidad (esta vez sí correctamente expresada) de un despido durante la baja de incapacidad temporal por ser discriminatorio.
“La implementación de las normas se hace con las empresas navegando en un escenario de incertidumbre y zonas grises, ante un escenario de creciente judicialización”, resume Castillo.
La directora de laboral de Andersen en España, Raquel de la Viña, explica que solo en 2022 la producción normativa fue un 22% superior al año anterior, además con 20 reales decretos-ley, “cuando estos deben reservarse para casos extraordinarios y de urgente necesidad”.
De la Viña denuncia que estas prácticas atentan claramente “contra el principio de seguridad jurídica”. “No tiene sentido ninguno y no aporta al mercado laboral ni a la sociedad que se regule sin ton ni son”, advierte. A su juicio, esta incertidumbre está “lastrando la productividad” y frena la contratación.
La descoordinación de los ministerios amenaza con disparar la judicialización