EL SECTOR APUNTA A LOS 120.000 MILLONES DE LA UE
España dispone de más de 120.000 millones de euros de fondos europeos por asignar y el sector de las infraestructuras confía en que su peso en el reparto crezca respecto a la primera tanda de los Next Generation
sector de la construcción aguarda con expectación las decisiones del Gobierno en relación con los más de 120.000 millones de euros de fondos europeos, a través de ayudas directas o préstamos, que aún tiene que instrumentar. Esta cantidad se divide, por un lado, en los 84.000 millones de euros en créditos ligados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y en los 36.682 millones del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), del Fondo Social Europeo Plus (FSE+), del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA) y del Fondo de Transición Justa (FTJ).
El sector de la construcción, a través de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de infraestructuras (Seopan), ha alertado del retraso y la baja ejecución de los Pertes (Proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica) y la ayuda europea adicional (Adenda) al Plan de Recuperación que alcanzan en total más de 106.000 millones de euros, con lo que, según ha advertido, “será necesario prorrogar los plazos de ejecución de los fondos Next Generation UE”.
La patronal de las grandes constructoras y concesionarias estima que las necesidades de inversión en España en infraestructuras, de toda índole, alcanzan los 253.000 millones de euros hasta 2030. “Nuestro sector afronta un enorme y doble desafío; por un lado debemos resolver un déficit inversor nominal acumulado durante la anterior década de 130.000 millones en inversiones de transporte y agua como consecuencia de las restricciones presupuestarias posteriores a la crisis financiera de 2008, y por otro, hacer frente a la ingentes inversiones públicas que nuestro país debe afrontar para garantizar el cumplimiento de la Agenda 2030 y de otros importantes programas de inversión europeos. Y ambos desafíos representan la necesidad de invertir un mínimo de 253.000 millones de euros en infraestructuras hasta 2030”, subrayó Núñez recientemente durante la clausura del I Foro Infraestructuras: Los desafíos del sector de la construcción, organizado por elEconomista.es.
La organización, que engloba a firmas como ACS, Ferrovial, Acciona, Abertis, FCC, Sacyr, Globalvia, OHLA o Roadis, urge a modernizar y actualizar la regulación y práctica de la contratación pública en España para ejecutar hasta 2027 un total de 212.807 millones de euros de ayudas financieras europeas. Este volumen de fondos se divide de la siguiente manera: 173.525 millones de euros corresponden a los fondos Next Generation, 2.600 millones a REPowerEU y 36.682 millones al Acuerdo de Asociación de España 2021-2027. Dentro de los NextGen, 161.089 millones se circunscriben al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y 12.436 millones a los fondos REACT.
Hasta la fecha, el Gobierno únicamente ha comprometido para la creación de infraestructuras públicas el 6,7% de los fondos Next Generation, con un total de 11.619 millones. Una cifra que el sector de la construcción considera muy limitada, máxime si se tiene en cuenta “su efecto multiplicador en la actividad económica y el empleo”. Además, este importe se sitúa muy por debajo del dispuesto por otros países comparables como Italia.
En diciembre pasado, la Comisión para la Recuperación, Transformación y resiliencia, en su quinta reunión, presidida por Pedro Sánchez, aprobó el proyecto de adenda al Plan de Recuperación para su envío a la Comisión Europea. La adenda incluye inversiones y reformas adicionales para la movilización del total de las transferencias y préstamos asignados a España de los fondos Next Generation EU para el periodo 2020-2026, destinadas a impulsar inversiones públicas y privadas. En su conjunto, el Plan de Recuperación movilizará más de 160.000 millones de euros, más de un 12% del Producto Interior Bruto (PIB) de España.
La adenda añadirá 7.700 millones en transferencias no reembolsables, de manera que la cifra total asciende a 77.234 millones, y hasta 84.000 millones de euros en préstamos. Para ello, recoge un conjunto adicional de inversiones y reformas dirigidas a profundizar y ampliar el impacto económico estructural del Plan de Recuperación en la economía española, adaptado a las necesidades del entorno económico y geopolítico actual. Con este objetivo, los proyectos seleccionados permitirán impulsar la industrialización estratégica de España en los ámbitos energético, agroalimentario, industrial, tecnológico y digital.
La mayor parte de los 7.700 millones de euros de transferencias adicionales se destinarán a reforzar los 11 Perte ya en marcha y al lanzamiento de un nuevo proyecto estratégico. En total, España reforzará los proyectos estratégicos destinándoles más de 26.300 millones de recursos públicos adicionales, provenientes de las transferencias y de los préstamos asociados a la adenda. Ahora bien, el impacto en el sector de las infraestructuras de los Perte es prácticamente inexistente.
Para que España pueda acceder a la cuantía extra de transferencias y a la línea de préstamos tiene que redactar un nuevo documento con las reformas e inversiones a las que se destinarán dichos fondos extra y remitirlo a la Comisión Europea. Al Ejecutivo comunitario le corresponde evaluar la propuesta como hizo con el Plan de Transformación y posteriormente tendrá que ser ratificada por el Consejo Europeo.
Movilizar todos los créditos
España dispone de 84.000 millones en préstamos del Plan de Recuperación de la Unión Europea
Aunque el Gobierno español todavía no ha trasladado a Bruselas el detalle de los proyectos a financiar a través de créditos, prevé movilizar el total de préstamos a los que puede acceder, hasta 84.000 millones de euros, que se canalizarán a través de préstamos mediante 12 fondos, destinados al tejido productivo y proyectos regionales. Los préstamos permitirán reforzar los fondos ya existentes de
apoyo empresarial y crear nuevos instrumentos financieros para sostener el esfuerzo de inversión pública y privada y mantener el impacto contracíclico y de apoyo a la estabilidad macroeconómica, financiera y fiscal.
Los préstamos procedentes de la Comisión Europea dan acceso a una financiación sostenida a un menor tipo de interés que la obtenida por el Tesoro Público y con plazos largos de amortización y permitirán seguir cumpliendo los objetivos de estabilidad financiera y fiscal a medio y largo plazo. Estos fondos se recibirán a medida que se ejecuten los hitos y objetivos asociados. No obstante, la demora en la solicitud de los préstamos por parte del Gobierno de España y la subida de los tipos de interés oficiales por parte del Banco Central Europeo (BCE) propicia que el costes financiero para las empresas en España será sustancialmente mayor que el que han podido obtener las compañías de otras economías cuyos gobiernos anticiparon las peticiones, caso de Italia o Portugal, entre otros.
Entre los fondos de nueva creación destaca, por su relevancia y movilización de recursos, el Fondo para Comunidades Autónomas, con una dotación de hasta 20.000 millones de euros, a través del cual las regiones dispondrán de financiación en condiciones preferentes para a su vez otorgar financiación reembolsable al sector privado y financiar inversiones públicas en ámbitos elegibles, de carácter sostenible. En este apartado el sector de la construcción sí espera que haya una parte significativa para la creación de infraestructura pública, aunque por el momento se desconocen proyectos concretos que vayan a ser financiados a través de esta línea.
Adicionalmente, las empresas y los autónomos podrán contar con hasta 15.000 millones
Los fondos del Acuerdo de Asociación de España 2021-2027 suman 36.682 millones
de euros en préstamos, canalizados a tra- vés del Instituto de Crédito Oficial (ICO), para facilitar las inversiones en energías reno- vables, eficiencia energética y economía circular, lo que permitirá también consolidar el desarrollo de las finanzas sostenibles en España. De esta forma, se apoyará a las empresas en su adaptación al nuevo marco de sostenibilidad de la economía, y en el refuerzo de su competitividad y acceso a nuevos mercados.
Además, con el acuerdo alcanzado en el Consejo Europeo entre los estados miembros y el Parlamento Europeo sobre el plan RePowerEU, y la asignación a España de casi 2.600 millones de euros, permitirá acelerar las inversiones en el ámbito de la transición energética. Se destinarán a acelerar los avances en el despliegue de energías renovables, el almacenamiento y el desarrollo pleno del hidrógeno verde, así como en eficiencia energética. En este punto, está por ver si podrá tener impacto, en términos de contratación, para el sector de la construcción.
En paralelo, España cuenta con potencia de fuego adicional derivada de las inversiones previstas en el Marco Financiero Plurianual 2021-2027. Son casi 36.700 millones de euros de Fondos Estructurales. La Comisión Europea aprobó a finales del año pasado este documento de carácter estratégico que recoge las grandes líneas de actuación y prioridades de inversión del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), del Fondo Social Europeo Plus (FSE+), del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA) y del Fondo de Transición Justa (FTJ).
España alcanza una asignación financiera de ayuda UE, sumando el conjunto de los instrumentos, de 36.682 millones de euros. De
El sector mira con esperanza la dotación de 20.000 millones en créditos a las autonomías
este importe, 35.562 millones corresponden a los fondos de la política de cohesión de la UE, donde España es el tercer mayor beneficiario en el periodo 2021-2027, solo por detrás de Polonia e Italia. Esta asignación se reparte en 23.397 millones de euros del FEDER, 11.296 millones del FSE+ y 869 millones del FTJ. A estas cantidades se suman 1.120 millones de euros asignados a España para el FEMPA.
En conjunto, el Acuerdo de Asociación supone una inversión total de 59.722 millones. La suma de los fondos incluidos en el Acuerdo supone un incremento del 15% respecto a los obtenidos en el periodo 2014-2020. Esta inversión se organiza en torno a cinco grandes áreas políticas, en las que cobran especial relevancia el apoyo a la investigación, la digitalización, el apoyo a las pymes, la eficiencia energética, la transición verde y la inversión de carácter social. Dentro de los cinco objetivos políticos, el sector de la construcción aguarda con especial interés las decisiones en torno al dirigido a la mejora de la eficiencia energética, el despliegue de energías renovables, actuaciones de adaptación al cambio climático, la implantación de un modelo de economía circular y atención a la biodiversidad, dotado con más de 9.900 millones; el objetivo que se concentra en el desarrollo de corredores ferroviarios, en garantizar la accesibilidad ferroviaria a los puertos de interés general y en el apoyo al uso de vehículos limpios y mejora del servicio de transporte público, con una capacidad de inversión de 1.200 millones; y el objetivo que contempla la financiación europea para actuaciones de desarrollo urbano y no urbano a través del diseño de programas de inversión integrada, con más de 2.100 millones.