EL RETO DE LA RECARGA PARA LOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
El Gobierno creó un grupo de trabajo que por ahora no ha atendido la demanda del sector de instaurar un Perte específico para construir 598 millones con una inversión estimada de 1.643 millones de euros.
Las constructoras elevan la necesidad de puntos de recarga en las carreteras a 1.585 electrolineras
l desarrollo de una red de infraestructura de recarga pública para los vehículos eléctricos es uno de los desafíos que enfrenta España
la actualidad para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El Gobierno constituyó hace casi un año el grupo de trabajo Infraestructuras de recarga de vehículo eléctrico, con una primera reunión celebrada el 15 de junio que estuvo presidida por el líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y por la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. Sus objetivos consisten en la elaboración de recomendaciones y debate sobre tecnología para concretar medidas y cuantificar inversiones.
Seopan envió en julio un plan a Transición Ecológica, pero por ahora no ha habido ningún avance en la línea trasladada por la patronal de las grandes constructoras. La organización diseñó una propuesta para la construcción de 598 electrolineras con 5.272 puntos de recarga públicos de 350 kilovatios (KW) para vehículos eléctricos, para una potencia total instalada de 1.845 megavatios (MW). La inversión requerida asciende a 1.643 millones de euros.
Seopan promulga el desarrollo de un Proyecto sectorial Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) para la anticipación de la infraestructura de recarga del vehículo eléctrico en la red viaria interurbana, tanto de gran capacidad como convencional, titularidad del Estado.
A juicio de Seopan, el impulso de este Perte “cumpliría todos los criterios”, si bien esta fórmula limita el ámbito de actuación –quedaría fuera la red autonómica–, considerando la construcción y enganche de infraestructura de recarga en 9.024 kilómetros de autovías libres de peaje –excluye a las autopistas de peaje y a 1.042 kilómetros de 11 concesiones del Estado– y en 11.869 kilómetros de convencionales.
Para la ejecución del Perte, la patronal plantea una estructura de financiación públicoprivada similar a la de otras iniciativas como la del Perte de Digitalización del ciclo del agua que contempla una financiación pública proveniente del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del entorno del 60%, equivalente en este caso a la consignación de 986 millones de subvenciones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, anticipando el sector privado el 40% restante