Un fondo declara el ‘default’ técnico de España por los arbitrajes de renovables
Reclaman la ejecución de cuatro emisiones de deuda por primera vez desde 1936
El fondo Blasket Renewable Investment está poniendo contra las cuerdas al Gobierno español por los arbitrajes de las renovables. La entidad ha notificado en tres cartas por escrito al Gobierno la activación de la llamada cláusula de default de cuatro emisiones de bonos. Esto implica que dicho título debe ser reembolsado inmediatamente a los acreedores por su importe principal, junto con los intereses devengados. Por su parte, la Abogacía del Estado ha respondido al fondo que la medida adoptada afecta a la imagen del Reino de España en los mercados internacionales y la subdirección general de gestión de deuda ha indicado que no se da por aludida sobre esta petición.
En la semana del 17 de abril, el alcance de estos escenarios técnicos asciende ya a 910 millones de euros que podrían fácilmente paralizarse en caso de que el Gobierno español aceptara pagar la deuda.
Según fuentes conocedoras del proceso consultadas por elEconomista.es, los afectados han comunicado en todo momento sus planes al Gobierno, para intentar evitar este desenlace. En su misiva destacan que España es el segundo país con un mayor número de incumplimiento de laudos internacionales, solo por detrás de Venezuela.
Hasta el momento no se recoge ningún episodio de este tipo en la historia financiera de nuestro país desde 1936, año en el que estalló la Guerra Civil. De hecho, en la Unión Europea no existe evidencia de episodios similares desde hace décadas, con la salvedad del impago en el que incurrió Grecia durante el verano de 2015, al incumplir su obligación de devolver ciertos fondos al FMI.
Para subsanar este escenario de incumplimiento, España debe pagar los laudos arbitrales que tiene pendientes. En caso de no hacerlo, este “default” puede causar estragos en las operaciones de endeudamiento soberano del Tesoro, bloqueando el acceso a siete instrumentos de financiación e incluso desatando procesos cruzados de nuevos “defaults” por parte de otros tenedores de deuda.
Por el momento, los impagos de los arbitrajes internacionales han provocado ya el embargo de la indemnización por la catástrofe del hundimiento del barco Prestige (valorada en cerca de 1.000 millones de euros). También ha motivado la congelación de la cuenta bancaria del Instituto Cervantes en Londres y la confiscación de su sede en Londrés.
Si España hace frente al pago del laudo el proceso podría paralizarse rápidamente