El Gobierno cerrará todos los pozos de Doñana en 2025
Teresa Ribera responde a la ley de regadíos que Andalucía pretende aprobar pasadas las elecciones autonómicas
La vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, entró ayer en la batalla que la Junta de Andalucía y el Gobierno mantienen abierta a cuenta de la ley anunciada por PP y Vox que pretende ampliar la superficie de regadíos en las proximidades de Doñana. La también ministra de Transición Ecológica reveló en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el Ejecutivo cerrará todos los pozos ilegales que rodean al Parque Nacional, Patrimonio de la Humanidad, antes de 2025. Para ello, Moncloa desplegará 356 millones de euros dentro del plan que sustituirá las extracciones de acuíferos por aguas de superficie.
La medida busca segar las intenciones del presidente andaluz, Juanma Moreno, que recibió con asombro el rechazo de la Comisión Europea al texto que pretende aprobar pasadas las elecciones del próximo 28 de mayo. Bruselas advirtió que la norma andaluza podría deteriorar aún más el parque natural. “Siguen tonteando con algo que nos puede costar a los españoles mucho dinero a cambio de nada”, dijo Ribera, que se negó a negociar una solución con la Junta de Andalucía hasta que Moreno no retire el proyecto de ley. “Tan pronto tengamos un marco legal y compatible con el derecho europeo, podemos hablar de lo que se quiera, pero no vamos a negociar ilegalidades. El presidente Moreno Bonilla conocía perfectamente la ilegalidad de esta situación”, añadió la vicepresidenta, que recordó -además- que Moreno “no hizo ninguna alegación al plan hidrológico del Guadalquivir, que es donde se establecen los volúmenes de agua de superficie para satisfacer esa necesidad de reducir la presión de los regadíos y los consumos legales”.
El Tribunal de Justicia de la UE condenó en 2021 a España por no haber tenido en cuenta las extracciones subterráneas de agua ilegales ubicadas en la comarca que acoge el parque de Doñana.