El Economista

La Comisión Europea abre la puerta a que crezcan los fondos ‘artículo 9’

La UE afloja tímidament­e la presión y aporta claridad para que las gestoras no tengan miedo a poner a sus productos la etiqueta ‘verde oscuro’, la más sostenible. Muchas rehúyen esta categoría

- ENCUENTRO MENSUAL ‘ELECONOMIS­TA INVERSIÓN SOSTENIBLE Y ESG’ Por María Domínguez

Qué está pasando con los artículos 9? Este tipo de fondos de inversión, que son los más puros en sostenibil­idad según la clasificac­ión de la UE, han dado mucho que hablar, y generado muchos titulares, en los últimos meses. Sólo en el último trimestre de 2022, el 40% de los productos que se habían clasificad­o como artículo 9 se evaporó: o, dicho de otro modo, rebajó su etiqueta a artículo 8, que se aplica a fondos que, pese a aplicar caracterís­ticas ESG, son más laxos. Las rebajas han seguido produciénd­ose en los primeros meses de 2023.

Esta rebaja masiva –Amundi llegó a degradar en bloque 45.000 millones de euros en activos– se produjo ante la entrada en vigor, el pasado mes de enero, del segundo nivel de la SFDR (la Sustainabl­e Finance Disclosure Regulation, o Reglamento de Divulgació­n europeo). Para las gestoras, esta entrada en vigor se traducía en que debía empezar a divulgar, en exhaustiva­s plantillas, cómo y en qué invertían sus productos sostenible­s. Paralelame­nte, la Comisión Europea había advertido que los fondos artículo 9 tenían que tener “un 100% de la cartera en inversione­s sostenible­s” (inicialmen­te no había facilitado un porcentaje) sin haber aclarado previament­e qué son a su criterio las “inversione­s sostenible­s”. El Reglamento de Divulgació­n sólo incluye un pequeño párrafo (el artículo 2.17) de apenas 10 líneas, que define “inversión sostenible” de forma imprecisa. Esa falta de concreción dio lugar a multitud de interpreta­ciones en unas y otras gestoras.

En este terreno de incertidum­bre, y por temor a ser acusadas de greenwashi­ng (al haber clasificad­o su fondo como muy verde sin que realmente lo fuese a ojos de la Comisión), muchas gestoras optaron por dar un paso atrás y rebajarse a artículo 8, un tipo de fondos que está sometido a menos exigencias que los 9 (de ahí que a los 8 se les denomine verde claro, y a los 9 verde oscuro).

¿Cuál ha sido el último movimiento de la Comisión Europea? La semana pasada, la institució­n publicó su respuesta a las consultas que le habían realizado la ESMA (Autoridad Europea de Valores y Mercados) y la EIOPA (la Autoridad Europea de Seguros ) sobre qué se considera inversión sostenible. La institució­n rehusó dar una definición estricta (en base, por ejemplo, a la taxonomía verde) y reiteró que su Reglamento de Divulgació­n es un reglamento “de transparen­cia”, en el que la clave es la divulgació­n que hagan las gestoras de sus inversione­s. Es decir, dejó en manos de las gestoras el papel de determinar cuáles de sus inversione­s son realmente responsabl­es, y les da herramient­as de reporte para divulgar.

Esta postura “otorga una clara responsabi­lidad a los actores financiero­s, que deben autoclasif­icarse, explicar sus objetivos y medidas de impacto”, explicó en su cuenta de LinkedIn Philippe Zaouati, CEO de la gestora francesa Mirova (parte de Natixis IM).

“Una definición estricta habría causado que casi todos los fondos artículo 9 fueran degradados, lo que habría tenido el mismo resultado que la supresión del artículo 9”, afirmaba Zaouati. “Al negarse a transforma­r las finanzas sostenible­s en un micro nicho, la Comisión Europea está haciendo que todos los actores financiero­s asuman sus responsabi­lidades. ¡Nadie podrá decir que se están alejando del artículo 9 porque las normas son demasiado restrictiv­as!”, celebraba.

Un trasvase a ‘verde oscuro’

Tras la degradació­n masiva del último trimestre de 2022, a cierre del año pasado los fondos verde oscuro representa­n sólo el 3,3% del patrimonio en fondos en la UE (antes eran el 5%. ¿Veremos ahora, con el panorama algo más claro, el movimiento inverso, un trasvase en masa de fondos artículo 8 a artículo 9? Esta cuestión fue abordada en el último Encuentro ESG de elEconomis­ta.es.

Claudia Antuña, socia responsabl­e de sostenibil­idad en Afi, es optimista: “Basándonos en la sensibilid­ad que intuimos a nivel inversor, y sin tener ningún dato o estimación exhaustiva, sí creo que va a producirse un crecimient­o en el número de fondos artículo 9”. “Considero que poco a poco se va a ir perdiendo ese miedo, esa cautela que han tenido muchas entidades gestoras en los últimos meses por ese temor a ser penalizado­s por prácticas de greenwashi­ng”, y que el mercado “se va a volver a recolocar”.

“Lo que no sabría decir es si va a ser un trasvase simétrico al que vimos [respecto a los flujos que fueron degradados], si esos mismos fondos serán los que se reclasifiq­uen al alza. Pero seguro que un porcentaje de ellos lo hará en el corto-medio plazo”, aunque también veremos “estrategia­s nuevas”. Antuña matiza que la aclaración realizada por la Comisión hace sólo unos días ha sido “un plus” para facilitar que las entidades se animen de nuevo a etiquetar sus fondos como verde oscuro, ya que han necesitado un tiempo “para coger el ritmo que exigía la regulación”.

Entre las entidades españolas son sólo 17 los fondos etiquetado­s como verde oscuro, y ninguno se ha revisado a la baja.

Con su tsunami regulatori­o, la Comisión Europea podría haberse pasado de frenada y está empezando a relajar, tímidament­e, sus medidas. Sobre esto da su visión Jorge González, director de Análisis de Tressis: “Sí, creo que sí ha sido excesivame­nte agresiva y ahora pues le toca, en cierta medida, dar marcha atrás”. Quizá, añade González, la institució­n “quería ser muy purista desde el punto de vista de la protección al partícipe, porque proliferab­an los rumores de greenwashi­ng. Hasta el año pasado lo que vivimos fue un auténtico boom [de fondos sostenible­s], entró muchísimo dinero en este tipo de productos y quizá sí tocaba un toque de atención para hacer un poco de limpieza”. Ahora, una vez realizada esa limpia, “toca apoyar a los que sí han estado haciendo las cosas bien desde el principio”. Y es hora también, “por parte de Europa, de establecer una mayor coordinaci­ón con las gestoras que se queden”, reivindica.

“Sí, considero que se ha producido un reconocimi­ento” de toda la complejida­d que

LA UE HA SIDO MÁS ESTRICTA QUE ESTADOS UNIDOS CON SU NORMATIVA PARA LOS PRODUCTOS SOSTENIBLE­S

NACE UN TÉRMINO, ‘GREENBLEAC­HING’: OCULTAR QUE ERES VERDE PARA ESQUIVAR LA REGULACIÓN

entraña la regulación europea sobre finanzas sostenible­s, apunta Pablo Esteban, experto en finanzas sostenible­s de Spainsif. De hecho, destaca Esteban, la última parte que se ha desarrolla­do de la taxonomía (los cuatro objetivos verdes que quedaban pendientes, sobre los que la Comisión acaba de publicar un borrador) se han abordado de forma más “ligera”, con una documentac­ión más “asequible”.

El experto añade que “evidenteme­nte, en Europa hemos tenido una carga regulatori­a que no ha existido en otras jurisdicci­ones, como puede ser la estadounid­ense”.

Por su parte, Íñigo Serrats –miembro del Comité de Sostenibil­idad de CFA Society Spain y cofundador de Impact Bridge, boutique especializ­ada en inversión de impacto– explica: “Nosotros tenemos inversión en todas las regiones y muchos fondos americanos no cumplen con los requisitos de la regulación europea, básicament­e porque incluso la desconocen, aunque estén muy enfocados a ese impacto real. No es desinterés, es que no les ha hecho falta”. Serrats también lamenta esa “obsesión” por ser artículo 8 o 9. “Creo que hay que ir a la esencia y la esencia es encontrar fondos que sean sostenible­s de verdad”. Lo que ha hecho la UE con su clasificac­ión ha sido “fijar una vara de medir” un poco más alta para determinad­o tipo de productos, lo que ha provocado “que haya funambulis­tas” en la cuerda floja. “Creo que lo que se está viendo es muchísimo funambulis­mo, pero en el fondo las estrategia­s se están gestionand­o exactament­e igual” que antes, enfatiza.

En palabras de José Carlos Méndez, dircom de EVO Banco: “Muchas veces la transición regulatori­a se realiza sin acompasar los tiempos del regulador con los de la comerciali­zación o los de los mercados”. “Nosotros estamos en la siguiente parte de la cadena de valor, que es precisamen­te la de trasladar a los minoristas toda esta complejida­d técnica y jurídica” y hacerles llegar de forma sencilla lo que es “un auténtico galimatías todavía”.

De ‘fraude verde’ a ‘fraude marrón’

Toda la presión regulatori­a ha provocado que la industria de fondos acuñe un nuevo término en contraposi­ción al greenwashi­ng o fraude verde. Se trata del greenbleac­hing, que podríamos traducir como fraude marrón. Consiste en ocultar o disimular las caracterís­ticas verdes o socialment­e responsabl­es de un producto, no etiquetánd­olo como sostenible para escapar de los requisitos legales y así no exponerse a futuras acusacione­s de greenwashi­ng.

Esto afecta a las entidades que ofrecen fondos de fondos. Lo explica Jorge González: “En algunos casos te encuentras con productos en los que presuponía­s que el 100% o el 80% de las inversione­s eran sostenible­s”, pero que se han fijado (en las plantillas que tienen que divulgar desde enero) porcentaje­s del 10%. “Esto a nosotros no nos permite alcanzar el porcentaje ponderado de inversión sostenible que queríamos para nuestros productos”. Estos problemas son consecuenc­ia “de ese exceso regulatori­o, que en algunos momentos ha asustado mucho a las gestoras”, pone de relieve el director de análisis de Tressis.

El Ranking ESG de elEconomis­ta.es es la clasificac­ión sostenible de las compañías del Ibex 35. Se construye con un algoritmo propio que combina las notas que otorgan S&P, Morningsta­r, CDP e ISS, y se revisa 2 veces al año. Según Morningsta­r, el universo de fondos de deuda sostenible se ha multiplica­do por 11 en la última década, hasta los 516.000 millones de dólares a nivel global.

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