Latinoamérica atrae el capital de las constructoras españolas
Los países de la región apuestan por la concesión y potencian la seguridad jurídica
Contamos con un marco jurídico para las inversiones extranjeras que ofrece incentivos”
Giancarlo Mori Campos
Funcionario del área económicocomercial de la Embajada del Perú
Necesitamos unos 49.000 millones anuales en el sector de infraestructuras”
Leandro Zenni
Ministro-consejero de la Embajada de Brasil en España
Latinoamérica apuesta por potenciar la colaboración público privada y por crear marcos de que ofrezcan seguridad jurídica con el objetivo de atraer la inversión de las grandes constructoras españolas. Así lo han expresado los representantes de los principales países latinoamericanos durante la jornada Latinoamérica, un mercado clave para las constructoras españolas, dentro del Ciclo Descarbonizar la Economía que organiza elEconomista.es junto a Acciona.
En los últimos años Latinoamérica se ha posicionado como un mercado clave para el negocio de las principales constructoras de nuestro país. Además del potencial de crecimiento en todo tipo de infraestructuras en la región, la clave radica en la apuesta que han realizado estos países para ofrecer un entorno de seguridad jurídica a la inversión extranjera. Esto ha llevado a que grandes empresas como Acciona concentren una gran parte de su negocio de construcción en la región. “Dentro de nuestro negocio de construcción Latinoamérica es el segundo mercado por ingresos. Esta cifra marca la relevancia y el compromiso que tiene la compañía por desarrollar grandes proyectos en estos países”, apunta Antonio Roig, director de Desarrollo de Negocio del área de Construcción de Acciona, que destaca que la compañía está presente en una docena de países de América Latina, que el pasado ejercicio supusieron unos ingresos de 1.300 millones de euros, con una plantilla de 11.500 trabajadores.
Para llegar a este punto, los principales países han trabajado en las últimas décadas en crear marcos atractivos para potenciar la inversión extranjera, apostando por un entorno de seguridad jurídica y facilitando los Contratos de Asociación Público-Privada (APP) mediante concesiones de obras públicas. En el caso concreto de Ecuador se ha creado una “Secretaría de Inversiones Público Privadas para articular todos los proyectos de iniciativa privada y concursos públicos financiados por organismos multilaterales”, explica Borys Mejía, consejero comercial - jefe de la Oficina Comercial de ProEcuador en Madrid.
En cuanto a la seguridad jurídica para el desarrollo de estos proyectos, Mejía apunta que en el país existe una “ley muy clara que está enfocada especialmente a la atracción de inversión extranjera que permite tener unas estructuras muy sólidas pese a la existencia de los vaivenes políticos”. Así, detalla que existe un “contrato de inversión que obliga a mantener una serie de beneficios fiscales y tributarios que se le otorgan a las empresas extranjeras, aunque haya cambios en el gobierno y por el momento se han firmado contratos por valor de 3.000 millones de dólares, lo que indica que estamos por el buen camino”.
En Perú, donde se acaba de aprobar un Plan Nacional de Infraestructuras sostenibles que se extiende hasta 2025 y donde se priorizan 72 proyectos por volumen de 35.000 millones de euros, “existe un marco institucional y jurídico para las inversiones extrajeras que ofrece una serie de incentivos”. Así lo explica Giancarlo Mori Campos, funcionario del área económico-comercial de la Embajada del Perú, que destaca que “esto ha llevado a que nuestro país esté altamente valorado por organismos como el Banco Mundial, que nos sitúa entre los mejores países de América Latina para invertir o el índice Infrascopio, que mide la capacidad del país para movilizar la inversión privada, y nos califica entre los cinco primeros por nuestro marco regulatorio para los contratos de APP”.
Acciona, que está presente en Latinoamérica desde 1970, valora de forma muy positiva los marcos regulatorios de los países de la región, así como los contratos de APP, que están presentes desde hace bastantes años. “Colombia y México empezaron con APP en los años 90 y tenemos también el caso de Chile, que está relicitando concesiones que están caducando. Nosotros de hecho estamos actualmente interesados en algunas de esas relicitaciones”, apunta Roig.
“Perú y Brasil empezaron un poco después, pero igualmente tienen marcos regulatorios de APP con los que estamos plenamente satisfechos”, destaca el directivo, que señala que “sin ir más lejos, muy recientemente hemos firmado en Perú
un contrato para dos líneas de transmisión, para diseñar, construir y también para operar y mantener por cerca de 30 años estas dos líneas que van a dar servicio a cerca de 370.000 personas y es una muestra de que confiamos plenamente en el mercado de inversión en Perú”. Además, el directivo de Acciona destaca “en el caso de Brasil la concesión de la línea 6 de Sao Paulo, donde hemos invertido alrededor de 500 millones de dólares, siendo en su momento el proyecto de infraestructura más grande de Acciona recientemente, solo superado por otro en Australia”.
Leandro Zenni, ministro-consejero de la embajada de Brasil en España, destaca también que “las reglas para hacer negocios en el país están muy bien definidas y marcadas”. Concretamente, “en los últimos años y pese a los cambios políticos las inversiones extranjeras se han movido entre los 60.00080.000 millones de euros al año”.
Zenni resalta que el país tiene “unos lazos históricos con España, que es el segundo mayor inversor en Brasil después de EEUU, con 63.000 millones de stock de inversiones promedias, el triple que las alemanas y cuatro veces más que los chinos. Todas las grandes empresas del Ibex 35 están en Brasil”.
“Nuestro país tiene enormes desafíos en infraestructuras, tenemos 17 veces el tamaño de España y de una punta a otra hay 4.400 kilómetros de distancia. Este mes de mayo el nuevo gobierno va a lanzar un nuevo programa, pero como anticipo el grupo de infraestructuras del G-20 ha definido la necesidad de invertir unos 49.000 millones anuales en este sector”, apunta Zenni.
En el caso de Chile, cuentan con la agencia InvestChile, que “se encarga de recibir al inversor extranjero y facilitarle la vida”. Esto, sumado a “una política muy transparente, hace que invertir en Chile sea muy seguro”, explica Gabriel Guggisberg, agregado comercial de la Embajada de Chile en España.
Guggisberg apunta que Chile ha tomado el “desafío de ir en la punta de la lanza en innovación en la cartera de inversión. En 2022 el país superó en un 30% la inversión extranjera siendo capaces de concretar proyectos por 15.000 millones”.
“Hoy en día el foco en obras públicas está puesto en el desarrollo vial y de la vivienda social. Tenemos una deuda un millón de viviendas sociales en el país y la capacidad histórica de producción no supera las 60.000 anuales. Por eso nos estamos fijando en España para implantar procesos de construcción industrializados que nos llevan a acelerar esas tasas”, resalta Guggisberg.
Una de las prioridades de Chile es la “descarbonizar el país y en esa línea hay una serie de políticas públicas para agilizar el debate sobre este asunto. Contamos ya con casos de éxito como el transporte público, en el que tenemos 1.500 autobuses eléctricos en Santiago de Chile y esperamos llevar esto al resto del país, pero las realidades son muy diferentes entre las capitales más desarrolladas y las localidades que lo están menos”.
Acciona está presente en 12 países de América Latina, siendo el segundo mercado por ingresos
El Banco Mundial nos sitúa entre los mejores países de América Latina para invertir” Gabriel Guggisberg Agregado comercial de la Embajada de Chile en España
En la línea de la descarbonización y la sostenibilidad, el director de Desarrollo de Negocio del área de Construcción de Acciona, destaca que su “compromiso con Latinoamérica es histórico y seguirá siendo el mismo”, pero asegura que irá en aumento “en tanto en cuanto estos países muestren más necesidad de proyectos de sostenibilidad y sobre todo más sensibilidad hacia los criterios internacionales de sostenibilidad”. Roig considera que “las entidades contratantes tienen que tener en cuenta en sus procesos de licitación criterios de sostenibilidad” y pone como ejemplo el caso de Escandinavia donde “es habitual que el sector privado calcule la huella de carbono de sus proyectos. Incluso existen presupuestos de emisiones de referencia y se puede pedir a los licitantes que se comprometan a cierta reducción o que propongan alternativas para mejorar todos los criterios de sostenibilidad del proyecto”.
Asimismo, el directivo de Acciona explica que también se está implementando el “uso de energía renovable en la obra, incluso se apuesta por comprar energía renovable 100% limpia en los proyectos”. Si bien, destaca que “para poder ofrecer esto en las licitaciones, los concursos tienen que estar estructurados para que se permitan esas optimizaciones y que cuando se compare entre licitantes se haga siempre en base a los mismos criterios”.
Financiación
Respecto a la posibilidad de que el contexto actual de incertidumbre global pueda afectar a la financiación de proyectos de infraestructuras, Roig reconoce que “a raíz de la guerra de Ucrania y las tensiones inflacionistas posteriores, que han llevado a una subida de tipos generalizada”, el sector se mueve en “un contexto algo más complejo de lo que venía siendo habitual”.
Sin embargo, el directivo de Acciona asegura que tradicionalmente “ha existido un exceso de liquidez en los fondos de inversión de infraestructuras”. La realidad es que “hay más demanda de proyectos que proyectos disponibles en los que invertir. Como veníamos de ese contexto, aunque el escenario se complique, de alguna forma sigue siendo perfectamente posible cerrar financiaciones en los distintos proyectos”, apunta Roig.
Por otro lado, el director de Desarrollo de Negocio del área de Construcción de Acciona ha puesto sobre la mesa la necesidad de flexibilizar y buscar nuevas fórmulas para adaptar los contratos a la nueva realidad. “Latinoamérica es una región en la que muchos bancos, no solo españoles, están dispuestos a invertir en proyectos de deuda, pero lo que ocurre es que a veces cambian los escenarios de los costes de la deuda que la banca pide o de los retornos al capital que piden tanto los fondos de inversión como los propios industriales que invertimos capital”.
Así, el directivo explica que cuando salen a licitación proyectos con presupuestos pre-Covid, el sector privado realiza estudios del modelo de negocio para ver si les encajan los números, y “nos encontramos muchas veces que no encajan porque donde el coste estimado del capex del proyecto era X ahora es un 30% superior y por lo tanto la tasa de retorno prevista para la inversión ha pasado de ser de mercado a ser prácticamente cero y eso hace inviable la inversión”. Por eso, Roig cree que “es fundamental que todas las entidades contratantes sean sensibles y flexibles para reaccionar rápido y buscar otros mecanismos de reformulación de capex o de compensación vías fórmulas de indexación o de escalación de precios”. Cree que esto es especialmente relevante en “APP y proyectos a largo plazo, ya que es imposible para el sector privado formular hipótesis de cómo va a evolucionar la inflación a 25 años. Entendemos que son más eficientes estas fórmulas que evitan que el sector privado haga hipótesis muy conservadoras y con contingencias que con una fórmula de indexación no serían necesarias”, concluye Roig.
Las entidades contratantes deben tener en cuenta la sostenibilidad en en las licitaciones”
Antonio Roig
Director de Desarrollo de Negocio del área de Construcción de Acciona
Tenemos una ley que permite unas estructuras muy sólidas pese a los vaivenes políticos” Borys Mejía Consejero comercial - jefe de la Oficina Comercial de ProEcuador en Madrid
Es necesario buscar nuevas fórmulas para adaptar con facilidad los contratos a la nueva realidad