Calviño presume de “deberes hechos” en Bruselas
La vicepresidenta evitó hablar de la falta de concordancia con la UE
La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, alardeó ayer de tener los “deberes hechos”, tras la propuesta presentada ayer por el Ejecutivo comunitario para armonizar las penas por los delitos de corrupción y que eleva a cinco años la condena por delito de malversación, frente a la reforma del Código Penal realizada por el Gobierno a finales del pasado ejercicio.
En una visita a la capital belga en el marco del Brussels Economic Forum, la vicepresidenta primera indicó que España tiene “los deberes hechos por cuanto la reforma de 2022 ya separó el delito de malversación en el caso de que haya o no un lucro” y, por tanto, “esa malversación tenga un impacto financiero desde el punto de vista de la persona que pueda cometer ese delito”.
A lo que se refiere la titular de Asuntos Económicos es la reforma realizada en diciembre por el Ejecutivo español que, en el marco del procés, redujo las condenas por malversación en caso de que no haya existido ánimo de lucro o si el patrimonio público se utilizó para un fin para el que no había sido concebido. Penas que, con la reforma se vieron reducidas a tres y cuatro años, respectivamente, pese a que lo que plantea Bruselas es un mínimo de cinco años.
Elevar las penas
En este contexto, la vicepresidenta primera defendió que “en cierto sentido España se ha adelantado a este proyecto de directiva” aunque, de llegar a aprobarse tal y como está –tras ser debatida en el Consejo de la UE y la Eurocámara– podría obligar a España a elevar las penas por malversación.
Preguntada, precisamente, por la falta de concordancia entre los años y las penas de la legislación española y la propuesta de la Comisión para una armonización comunitaria, la ministra evitó pronunciarse y defendió que “hay una enorme heterogeneidad de las penas a nivel europeo”.