Trabajo torpedea el “pacto por la recualificación” de Calviño

Retiene miles de millones de las cuotas de formación de empleados

Junto a la vivienda, una de las grandes bazas electorales es la de la formación profesional. No solo de los estudiantes, sino también la de los trabajadores y desempleados en un entorno cada vez más afectado por la digitalización. Pero mientras la vicepresidenta, Nadia Calviño, habla de un “pacto por la recualificación”, las empresas que prestan la formación bonificada se han puesto en pie de guerra ante lo que consideran un “ataque” por parte del Ministerio de Trabajo.

El fondo del problema responde al modelo que regula la FP para el empleo en España, y sobre todo su financiación, a través de las cotizaciones que pagan trabajadores y empresas. Cada nómina de un trabajador por cuenta ajena –o de un autónomo– incluye una cuota de formación del 0,1%, mientras que las empresas abonan un 0,6% adicional por empleado. En total, un 0,7% de cuota por la que, anualmente, se recaudan unos 2.100 millones de euros, según AformaE.

La cuestión, según denuncia esta organización de empresas que se dedican a la formación bonificada, es que esta cuantía no se destina a la formación, sino que el Gobierno la retiene. El propio Ejecutivo reconoció que el remanente a finales de 2021 rondaba los 2.700 millones de euros, aunque cálculos del sector prácticamente duplican la cifra acumulada desde entonces.

Patronales y empresas de la formación siempre han sospechado que se destina a formación de desempleados u otras partidas de políticas de empleo. Pero esto se ha confirmado con la redacción del artículo 65 de la Ley de Empleo.

Dicho artículo establece que, si el remanente supera los 2.000 millones durante dos ejercicios consecutivos, podrá utilizarse en el siguiente “para financiar programas o servicios de políticas activas de empleo siempre que incluya la mejora de las competencias profesionales”. Es decir, deja de ser finalista y ya no se destina exclusivamente al fin para el que se recauda.