España pagará 14.900 millones más en intereses de su deuda en 2026
El alza de tipos impactará gradualmente, ya que el Estado renueva el 13% su pasivo cada año El Tesoro amortigua el golpe planificando una cartera con edad media de vencimiento de 8 años
El endurecimiento de la política monetaria y la decisión que tomó el Banco Central Europeo (BCE) de dejar de comprar deuda a los países miembros de la eurozona dibuja un nuevo escenario en el que los países asumirán mayores cargas en intereses por su deuda. En el caso español, el Gobierno envió a Bruselas el Plan de Estabilidad, un documento que recoge las principales proyecciones macroeconómicas. En ese informe, la factura que espera pagar en 2026 es del 2,9% del Producto Interior Bruto (PIB) nominal. Aplicando las subidas previstas de este indicador macroeconómico, el coste total subirá en 14.900 millones, hasta alcanzar los 46.500 millones. Una subida moderada y asumible, recalca el Gobierno.
Estos datos también los corrobora la Fundación de Cajas de Ahorro (Funcas) y BBVA Research. Ambos think tanks consideran que este aumento del gasto financiero asociado a los intereses a pagar por la deuda pública en el nuevo entorno es factible. En 2022, España ya pagó unos 5.000 millones más, dedicando unos 31.000 millones a este concepto.
Tal y como explica la economista sénior de Funcas, María Jesús Fernández, esta factura de los intereses crecerá una vez venza la deuda emitida a tipos bajos en los ejercicios previos. La previsión de Funcas, de hecho, es prácticamente similar a la del Gobierno. Miguel Cardoso, economista jefe para España de BBVA Research, explica que la situación fue mucho más favorable en la etapa entre 2015 y 2021, cuando la deuda se emitió a tipos con tendencia al 0%, cuando en el medio plazo se prevé que ronde el 2%.
“Es de esperar que los tipos de interés sean superiores a lo observado durante los últimos años. Aunque no se espera que se regrese a costes similares a los anteriores a 2008, los tipos de interés que pagan las administraciones públicas podrían estabilizarse alrededor del 2% en promedio, más que alrededor del 0% que se observó entre 2015 y 2021”, explica Cardoso, que cita a los datos del Tesoro.
La deuda que vaya renovando el Tesoro mirará, cada vez, a tipos más elevados. Sin embargo, detrás hay una planificación del Tesoro, que ha aprovechado la etapa de tipos bajos para amortiguar este golpe y alargar los plazos, suavizando así el efecto del nuevo ciclo. “Que la edad media de vencimiento de la deuda sea de ocho años quiere decir que solo hay que renovar un 13% de la deuda cada año. Esto retrasa mucho el impacto sobre el pago por intereses”, señala Cardoso. Considera que este incremento del coste por los intereses será “limitado” y será gradual sobre el conjunto de la deuda.
Asumible para el Gobierno
A corto plazo, el Gobierno traslada a la Comisión Europea que esta partida crezca un 7% en 2023, aunque la mejora de la actividad mantendría esta partida en el 2,4% del PIB. “El impacto de la fuerte subida de tipos de interés del Banco Central Europeo se traslada lentamente al gasto en intereses debido a la elevada vida media de la cartera de deuda gestionada por el Tesoro. De esta manera, a partir de 2024 se espera un aumento moderado y asumible”, explica el departamento de la vicepresidenta y titular económica, Nadia Calviño.
Ruta fiscal
Será medio punto del PIB más el que se destine, por tanto, a pagar los intereses de una deuda muy elevada. En su hoja de ruta fiscal, el Gobierno sí prevé una reducción paulatina de la ratio de deuda sobre el PIB, hasta el 106,8% en 2026, siendo todavía una de las grandes economías señaladas por
El equipo de Calviño considera que el aumento del gasto es “moderado” y “asumible”
Los economistas descartan que esta partida presione en niveles previos a la crisis financiera
su alto endeudamiento. Y, a la vez, lejos del nivel previo a la pandemia, que se situaba por debajo del 100% del PIB.
Aun así, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) reclamó en su aval al cuadro macroeconómico más información sobre la senda de gastos e ingresos, así como de las medidas fiscales que se plantea incorporar el Gobierno en el horizonte de medio plazo para justificar este escenario fiscal. Esta tarea viene siendo una reclamación recurrente de la auditora pública, que pide un plan de consolidación fiscal de las cuentas españolas a medio y largo plazo.