‘Foment’ lleva a la Audiencia su lucha contra el Impuesto de Patrimonio
La patronal plantea un recurso de inconstitucionalidad contra el tributo
Foment del Treball eleva el tono contra el Impuesto de Patrimonio. La patronal catalana ha presentado este martes un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional para pedir que se lleve al Tribunal Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad sobre el tributo. La entidad hace ya años que hace campaña contra la norma y ahora busca una nueva vía para lograr de eliminarlo.
La organización presidida por Josep Sánchez Llibre presentó este martes el recurso contencioso administrativo después de que su junta aprobase el movimiento el lunes. La Audiencia deberá ahora decidir si admite a trámite la medida y ver si eleva la cuestión de inconstitucionalidad al Constitucional. La impugnación se hará contra la orden ministerial que aprobó el tributo.
Para la ofensiva, Foment se ha rodeado de los abogados del Estado Manuel J. Silva (Roca Junyent) y Jordi de Juan (Crowe). Los letrados consideran que, de cumplirse los plazos esperados, el asunto podría llegar al Tribunal Constitucional
en cinco meses, aunque factores como la saturación de la justicia y las huelgas de funcionarios en el sector retrasen el avance. A partir de aquí, la cuestión puede estar años hasta recibir un veredicto.
La patronal busca así una nueva vía para que el Constitucional tumbe el impuesto, uno de los que el Estado tiene cedidos a la Generalitat, en el caso catalán. Ya lo intentó en 2021, cuando preparó otro dictamen de inconstitucionalidad que presentó a los diferentes grupos parlamentarios del Congreso y fue la base del recurso que terminó presentando el Partido Popular y que todavía no se ha resuelto.
En 2022 lo abordó por el camino autonómico e hizo un segundo dictamen sobre el impuesto a grandes fortunas que presentó a partidos y autonomías para que presentasen sus propios recursos.
“Es es una herramienta más. Hemos visualizado a través de informes elaborados por despachos que es una vía para plantear el recurso de inconstitucionalidad”, avisó Sánchez Llibre. Y añadió: “Se trata de un tributo confiscatorio que lastra las empresas y dificulta la instalación de altos directivos en España”.