MÁS IMPUESTOS CON MENOS PODER DE COMPRA

Según el informe sobre la fiscalidad de los salarios en la OCDE publicado el 25 de abril, la inflación ha provocado que los españoles suframos un desmoronamiento de los sueldos reales del 5,4%. Sin embargo, todos los contribuyentes nos enfrentamos a la declaración de la renta con la obligación de pagar tipos impositivos más altos, al aumentar los salarios en términos nominales. A pesar de que la inflación subyacente se enquista en torno al 6,6%, que se acumula una subida de precios del 14,2% desde que comenzó el gobierno de Sánchez, que los alimentos en el mes de marzo cuestan un 16,5% más que el mismo mes del año anterior y que la recaudación por IRPF bate récords, el gobierno se ha negado a deflactar la tarifa. La pérdida de poder adquisitivo de las familias no ha sido considerada.

Esta actitud no debe extrañarnos, porque el gobierno cree que en España se pagan pocos impuestos y, por eso, procede el incremento de la presión fiscal. De hecho, siguiendo a Eurostat, ha subido en España hasta el 38,7% del PIB del año 2022, lo que representa un incremento desde el año 2017, último ejercicio sin los actuales responsables de política económica en el gobierno, del 4,2% sobre PIB, el segundo mayor ascenso de la Unión Europea. Más aún, en la actualización del programa de estabilidad 2023-2026, el gobierno aspiraría a una presión fiscal del 40,6%, convirtiéndonos en el único de los grandes países de la UE que pretende subir la presión fiscal en el período mencionado.

Si esta manera de proceder configura un entorno fiscal desolador, merece especial mención lo que supone para el empleo en un país que tiene el doble de paro que la media de los países de la UE, más allá de manipulaciones estadísticas o nominales y de que el sector público sea el primer agente empleador. Siguiendo a Eurostat, el porcentaje de recaudación tributaria que procede de las empresas alcanza el 32,5%, mientras que la media de la eurozona, se quede 8,6 puntos por debajo. En el mismo sentido, el último informe de tendencias fiscales de la Comisión Europea, los empleadores de nuestro país son los cuartos de la Unión Europea que pagan más por contratar en relación con el PIB y, si tomamos como referencia el informe arriba citado de la OCDE, las empresas españolas soportan el doble de la presión fiscal, medida en términos de cotizaciones sociales, que la media del conjunto de los países que forman parte de esta organización.

Como señalaba, estamos ante una cuestión doctrinaria en la que el dogma sería: “subir impuestos para sostener un nivel de gasto cada vez mayor, porque el dinero está mejor en manos del gobierno que en las de los ciudadanos”. En este sentido, desde 2017, último año sin gobierno de Sánchez, hasta 2022, el gasto público ha subido un 6,2%, hasta el 47,8% del PIB: el doble del incremento medio en la Unión de acuerdo con los datos de Eurostat.

Esta política es insostenible no ya porque la Unión Europea restablezca las reglas fiscales en la zona euro, sino porque la financiación de nuestra deuda sin la garantía de que la compre el Banco Central la hace inviable. El Fondo Monetario Internacional ha advertido que el déficit público estará, al menos hasta 2028, por encima del 4,5% del PIB y que la deuda seguirá subiendo a partir de 2026, sin que los valores históricos que alcanza la recaudación sirva para enjuagar el nivel de compromisos de gasto asumido. España es el país de la UE-28 que más ha aumentado su deuda en los últimos años, pasando de representar el 98% del PIB en 2019 al 113,2% en 2022, creciendo hasta 1,52 billones de euros. En otros términos, el incremento es de más de 300.000 millones de euros con los gobiernos de Sánchez, una subida del 24,8%, que sigue aumentando, porque no se elimina el déficit.

Distintas instituciones públicas y privadas, desde el Banco de España a la AIReF, desde Fedea al BBVA, vienen señalando desde hace años la necesidad de llevar a cabo un plan creíble de consolidación fiscal que nos prepare para evitar shocks futuros y garantizar un crecimiento sostenible, mientras el gobierno hace oídos sordos. Pero el tiempo se ha terminado y la Comisión ya ha hecho pública su primera propuesta para terminar con “la barra libre” que permitió a los Estados miembros a raíz de la crisis del Covid. Si no hay cambios, habrá que proceder a un ajuste mínimo del 0,5% del PIB en los países que, como España, superen el 3% de PIB del déficit. El gobierno piensa que podremos estar por debajo de ese límite en el año 2024, pero lo cierto es que las cuentas están como se viene señalando a lo largo de estas líneas, y el déficit estructural se aproxima al 5% del PIB por una política de ingresos y gastos tan ideologizada como inútil para garantizar un crecimiento sostenible sobre el que asentar el bienestar de los españoles.

Si hiciéramos un resumen. Primero, con menos poder adquisitivo, los asalariados pagamos más impuestos. Segundo, con el doble de paro que la media de los países de la UE, las empresas pagan las cotizaciones sociales más altas. Tercero, con recaudaciones de impuestos récords, no se elimina el déficit y se incrementa la deuda. Y cuarto, afrontamos la obligación de consolidar nuestras cuentas con más deuda y déficit estructural que nunca.

Las empresas españolas soportan el doble de la presión fiscal que la media de la OCDE